El sector privado eleva su inversión en Centroamérica para frenar la migración a EE UU
La vicepresidenta Kamala Harris anunciará compromisos por 1.900 millones de dólares de 10 compañías, que serán destinados a los países del Triángulo Norte
Washington cambia de velocidad en una cumbre lastrada por las ausencias. El país anfitrión desvelará este martes nuevas inversiones por 1.900 millones de dólares de empresas estadounidenses en el Triángulo Norte de Centroamérica. El monto se suma a otros compromisos adelantados hace algunos meses por la vicepresidenta Kamala Harris como forma de mostrar el compromiso del Gobierno demócrata de combatir los problemas de raíz de la migración. Desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, Estados Unidos ha logrado inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador por 3.900 millones de dólares. Ninguno de los mandatarios de estos países, vitales para el paso migratorio rumbo a Norteamérica, estará esta semana en Los Ángeles.
La vicepresidenta anunciará este martes diez nuevas empresas que se comprometen a hacer inversiones en los tres países en los próximos años. Las compañías representan diferentes industrias: el agroalimentario, las telecomunicaciones, el sector textil, el financiero, energético y automotriz. Cada una de ellas ha prometido ampliar el número de empleados y de inversiones en los próximos años.
Este lunes, un alto cargo de la Administración ha afirmado que el objetivo de estas inversiones va más allá de la creación de puestos de trabajo. “El apoyo a los individuos se dará en distintas facetas. No solo en tener trabajo, sino en la conectividad, el acceso a servicios financieros y el empoderamiento de las mujeres”, ha señalado un asesor de la vicepresidenta.
Visa invertirá 270 millones de dólares a lo largo del próximo lustro para expandir los servicios financieros en la región. El objetivo es sumar al sector formal de la economía a unos 6,5 millones de personas y un millón de pequeños negocios con su incorporación a la red digital de pagos. A este mismo objetivo se sumará también la empresa de telecomunicaciones Millicom. Con sede en Luxemburgo, la empresa invertirá en los próximos dos años 700 millones para aumentar el acceso a la banda ancha en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Gap, que ya tiene 8.200 personas empleadas en sus fábricas de ropa en la región, se ha comprometido a crear otros 5.000 puestos de trabajo, incrementando su inversión a un ritmo de 50 millones de dólares anuales hasta 2025. SanMar, otro gigante de la manufactura textil con más de 60.000 clientes, elevará las compras a la región a 500 millones de dólares. Esto producirá, siempre de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, unos 4.000 empleos en su principal fábrica, en el departamento hondureño de Cortés.
La vicepresidenta Harris ha sido la responsable de atender la crisis de inmigración ilegal que le estalló al Gobierno de Biden tras tommar posesión. La gestión comenzó con un traspié. En su primera gira internacional, precisamente a Centroamérica, en junio de 2021, la veterana política lanzó a los migrantes que preparaban el viaje al norte un claro mensaje: “No vengan”. Las palabras provocaron escozor en los sectores más progresistas del partido y la Administración.
A pesar de la polémica que generó la frase, Harris ya llevaba un mes tocando a las puertas de las grandes empresas estadounidenses, sumando apoyos (y recursos) para ralentizar el éxodo de los habitantes de la región, afectados por la miseria, la violencia, el cambio climático y los gobiernos corruptos. Empresas como Microsoft o MasterCard estuvieron entre las primeras en responder al llamamiento. Después siguieron otras en diciembre: el gigante del agro, Cargill; PepsiCo; Peet’s Coffee y la textil Parkdale, entre otras. En total suman 40 que han dado su respaldo a la convocatoria de la Casa Blanca.
El esfuerzo de la vicepresidenta ha puesto el acento en el desarrollo de las mujeres. Harris presentará por la tarde el programa En sus manos, con el que se pretende capacitar a 1,4 millones de latinoamericanas para ocupar puestos de trabajo en los sectores de la agroindustria, la programación informática y el desarrollo de micros y pequeños negocios. “Cuando las mujeres tienen éxito, toda la sociedad avanza”, ha afirmado un integrante del Gobierno. El Gobierno también prepara el lanzamiento de un programa de becas, con recursos por 50 millones de dólares, para jóvenes de los tres países de la zona.
Falta de liderazgos
El Gobierno ha minimizado la ausencia de los jefes de Estado de los países que supuestamente se beneficiarán de estas inversiones. “Todos estos países han enviado delegaciones, así que consideramos que participarán en la cumbre. Su ausencia no mina el acercamiento con la región”, ha señalado un funcionario de la Casa Blanca. El asesor de Harris asegura que la vicepresidenta sigue manteniendo una “muy buena relación” con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ambas sostuvieron una llamada telefónica a finales de mayo en la que hablaron de “expandir las oportunidades económicas de la región”. La mandataria hondureña, en el cargo desde enero pasado, aseguró que no asistiría a Los Ángeles si no se invitaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
No todas las ausencias responden a la falta de invitación de los gobiernos más polémicos de la región. Otros, como el caso de Guatemala, han preferido evitar la cumbre por otros motivos. “No debemos avergonzarnos de nuestros principios de lucha contra la corrupción. Esa es la razón por la que algunos no vienen”, ha dicho un funcionario cercano a Harris, en referencia a la cancelación de Alejandro Giammattei.
En mayo, el secretario de Estado, Antony Blinken, informó de la imposición de sanciones sobre la fiscal guatemalteca, María Porras, por su “involucramiento en actos de corrupción significativos”. El castigo impuesto por Washington impide la entrada de la abogada del Estado en territorio estadounidense. Poco después del anuncio, el Gobierno centroamericano extendió el mandato de Porras para un nuevo periodo de cuatro años. Porras ha sido señalada por haber obstaculizado una serie de investigaciones que inició la oficina contra la impunidad sobre el presidente Giammattei y su círculo cercano de empresarios.
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