Un tribunal ruso condena a nueve años de cárcel al opositor Navalni
La justicia acusa al activista de fraude a gran escala por enriquecerse con donaciones a su Plataforma contra la Corrupción. El diario ‘Nóvaya Gazeta’ donará su Nobel de la Paz a los refugiados ucranios
El opositor ruso Alexéi Navalni pasará más años en la cárcel. Un tribunal de Moscú lo ha condenado este martes a nueve años de prisión y a pagar una multa de 1,2 millones de rublos (casi 10.500 euros al devaluado cambio actual) al considerarlo culpable de fraude a gran escala y de falta de respeto a la justicia. La Fiscalía había solicitado hasta 13 años de prisión para el activista. “Navalni cometió un fraude al robar bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza”, ha asegurado la jueza Margarita Kotova en el veredicto, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax.
El opositor cumplía actualmente otra condena de dos años y ocho meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por el caso Yves Rocher, cuyo juicio fue considerado “parcial y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, cuatro denunciantes lo habían acusado de enriquecerse con los fondos de su Plataforma contra la Corrupción, una fundación declarada extremista por las autoridades rusas, a lo que se sumó otro cargo por calumnias contra una jueza durante un proceso anterior.
En un primer momento, la Fiscalía acusó al opositor, a su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y al exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, de haber desviado para “fines personales” unos 356 millones de rublos (3,1 millones de euros), provenientes de la recaudación de su campaña electoral de 2018 y de otras acciones.
Sin embargo, el juicio se limitó finalmente al desvío de 2,7 millones de rublos (23.000 euros) entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes. En su defensa, Navalni señaló que parecía tratarse de una trampa, por las grandes sumas de dinero aportadas por un mecánico y dos empresarios sometidos a procesos penales.
El equipo de Navalni difundió tras la emisión del juicio una entrevista a uno de los testigos que rechazó participar en el proceso, Fiódor Gorozhanko, en la que este aseguraba haber recibido presiones del Comité de Investigación para testificar contra Navalni. Además, la fundación incluyó unas grabaciones donde supuestamente recibía instrucciones de aquel organismo para declarar en el juicio.
“Deberás presentarte en el juicio el 15 de febrero. El 14 nos reuniremos, querido. Te mostraré la pieza de la acusación, donde está tu testimonio”, le decía uno de los miembros de la agencia antes de encomiarle a aprenderse sus declaraciones. “Lo lees, lo recuerdas, especialmente aquellos testimonios breves. Te preguntaré una lista de 20. Tal cual, un resumen. Lo repites en el juicio y no se te pedirá más”, le dijeron a Gorozhanko, quien abandonó el país en febrero y piensa que pudo haber sido elegido por los investigadores por haberse enfrentado antes al equipo de Navalni.
A estas acusaciones de fraude se sumaron otras dos más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021. Navalni fue detenido el 17 de enero de ese año por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional por el caso Yves Rocher, debido a que había estado en coma en una clínica en Berlín, a donde fue trasladado tras haber sido envenenado con el agente nervioso novichok en agosto de 2000.
Una de las supuestas injurias pronunciadas por Navalni en aquel juicio fue “¡Dios mío!”. Al preguntarle el opositor a la fiscalía qué había de ofensivo en ello, esta respondió que no era la frase en sí, sino la entonación del opositor.
El equipo de Navalni intentó traer a primera plana la importancia del juicio. “Mientras la atención del mundo está puesta en Ucrania, otro monstruoso crimen es cometido dentro de Rusia”, dijo en Twitter su secretaria de prensa, Kira Yarmish. “Sin protección pública, Alexéi se enfrentará cara a cara con aquellos que ya intentaron matarle”, agregó antes de advertir de que “no se trata solo su libertad, sino de su vida”.
El uso de esta sustancia contra el activista fue confirmado por la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. Para su desarrollo se necesitan laboratorios muy avanzados, y un análisis de Bellingcat, The Insider y varios medios más denunció que Navalni había sido seguido en varias ocasiones por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), una de ellas durante el viaje en el que cayó en coma. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su seguimiento meses después aduciendo que trabajaba para intereses extranjeros.
“Nunca se reunió un tribunal en una cárcel”
Este nuevo juicio contra Navalni ha tenido lugar en la cárcel de Pokrov, situada en la región de Vladímir y a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Los jueces se trasladaron hasta este recinto, donde el activista permanece encarcelado desde que fue detenido, algo que resaltó Navalni durante su defensa. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, dijo en una sesión anterior Navalni.
En esta ocasión, el activista finalizó su intervención ante los jueces con un discurso contra la guerra. “Quiero aprovechar mis últimas palabras para decir a aquel que considera que el Fondo contra la Corrupción parará o cerrará, que se empequeñecerá o algo le pasará ya que llevo mucho tiempo aislado... No. Simplemente se hará global, estableceremos una organización internacional que, por supuesto, se enfocará en los ladrones del Kremlin. Haremos mas vídeos, más investigaciones, expondremos a la gente que interfiere en la vida de nuestro país”, comenzó Navalni antes de denunciar la invasión de Ucrania.
“La guerra acelera todo, todo lo exige. Todo fue dispuesto para esto”. “Los muertos, los que están muriendo. Los medios de información masiva que quisieron cerrar estos años los han cerrado y al infierno con las madres”, continuó el activista antes de acusar al Kremlin de enriquecerse y desviar la atención con el conflicto.
“Teníamos todo para vivir y nada se ha logrado. Todos cada vez más pobres mientras estas mil familias de Putin se quedan con nuestro futuro, con nuestro dinero, con nuestro presente. Ellos responderán por esta guerra (emprendida) para que nadie les prestara atención”, dijo Navalni, que acusó al círculo del Gobierno de “desviar millones a cuentas suizas y comprar yates” mientras “callaban las bocas de quienes hablaban de esto y tapaban los oídos de quienes se preguntan para qué es necesaria esta guerra”.
En vísperas del juicio, el equipo de Navalni atribuía “un misterioso superyate de 700 millones dólares (636 millones de euros)” a Vladímir Putin, que según sus pesquisas lo habría registrado en el paraíso fiscal de las islas Marshall a través de sus servicios secretos. Poco antes de su detención en enero de 2021, el Fondo contra la Corrupción también publicó otra investigación que atribuía al presidente ruso un palacio de 1.200 millones de euros en las orillas del Mar Negro. El mandatario lo negó.
“Su patriotismo, su patriotismo superior basado en la guerra, no esta motivado por su ideología, está claro, y es una amenaza para todos. La obligacion de cada uno es luchar contra esta guerra”, culminó Navalni antes de ser interrumpido por el personal de la cárcel. Con la nueva ley del Kremlim “contra la desinformación y la desacreditación del ejército”, un llamamiento así podría ser castigado con hasta 15 años de prisión.
Los abogados de Navalni, Vadim Kobzev y Olga Mijailova, fueron detenidos por la policía tras el juicio. Ambos respondían a la prensa en la calle cuando fueron llevados a un furgón “por interferir en la circulación de vehículos especiales”, según los agentes. El equipo del activista denuncia que fueron transportados posteriormente a otro lugar, aunque ya han sido puestos en libertad.
Liquidación de una ONG histórica
En otro juicio paralelo celebrado esta jornada, la Corte Suprema rusa ha rechazado la apelación contra la liquidación de la fundación Memorial Internacional. La justicia rusa ordenó la liquidación de esta histórica ONG en diciembre por considerar que había incumplido “sistemáticamente” su etiquetado como agente extranjero.
Memorial surgió como una iniciativa ciudadana en el ocaso de la URSS para investigar los crímenes soviéticos y honrar la memoria histórica de sus víctimas. Su cristalización como ONG dio lugar posteriormente a otra filial encargada de la defensa de los derechos humanos en la Rusia actual. La fundación, que gozaba de gran prestigio en el país, fue liquidada al mismo tiempo que otras organizaciones opositoras eran declaradas “extremistas” pocos meses antes de que el Kremlin iniciase la guerra contra Ucrania.
La defensa de Memorial Internacional consideró arbitraria su liquidación por no etiquetar todas y cada una de sus páginas en redes sociales y trabajos, algo que alegó haber corregido cada vez que le era notificado, además de subrayar de que avisaba de su condición de agente extranjero en todos sus portales.
‘Nóvaya Gazeta’ donará su Nobel de la Paz
El diario ruso Nóvaya Gazeta donará su Premio Nobel de la Paz para ayudar a los refugiados ucranios. Dmitri Muratov, director del diario, galardonado el pasado año por su defensa de la libertad de expresión, ha anunciado en ruso y en ucranio que entregará la medalla a un fondo de ayuda a las víctimas de la guerra y ha instado a sus compatriotas a echar una mano. “Ya hay más de 10 millones de refugiados. Les pido que acudan a las instituciones que subastarán este premio de fama mundial”, escribió Muratov en su periódico.
El periodista, que ha evadido la censura hasta ahora borrando la palabra “guerra” de sus editoriales y de sus noticias sobre Marina Ovsianikova, la redactora que mostró un cartel contra la invasión en pleno directo de televisión, ha instado a “parar el fuego; intercambiar los prisioneros; ofrecer ayuda y corredores humanitarios a los civiles; garantizar su seguridad y devolver los cuerpos de los muertos”.
El gesto del diario ruso cobra especial importancia si se tiene en cuenta que la Fiscalía advirtió a los pocos días de comenzar la guerra que “brindar asistencia financiera o de otro tipo en actividades dirigidas contra la seguridad de la Federación de Rusia presenta indicios de delito bajo el artículo 275 del Código Penal”. Es decir, traición a la patria, cuyo castigo alcanza los 20 años de prisión. La norma contra la libertad de expresión ha afectado ya a algunos periodistas. La misma Ovsianikova se enfrenta a penas de prisión por mostrar un cartel en el que se leía “No a la guerra” en un informativo de máxima audiencia. Un tribunal la ha condenado ya a pagar 250 euros de multa por llamar a la protesta en un vídeo grabado previamente.
“Aquello que es preciado para ti también tiene valor para los demás”, ha subrayado el director al apelar a los rusos a que compartan lo que puedan con “los refugiados, con los niños heridos y enfermos”. Además de Dmitri Muratov, también fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2021 la periodista filipina Maria Ressa, reconocida entonces por su defensa de la prensa en el país asiático.
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