La justicia rusa atenaza a Navalni con un proceso penal por fraude a gran escala

Las causas judiciales se le multiplican a Alexéi Navalni. La justicia rusa ha abierto una causa penal contra el destacado opositor por fraude a gran escala. El comité de investigación ruso investiga al disidente y varios de sus colaboradores por las actividades de sus organizaciones anticorrupción. La investigación asegura que Navalni gastó en asuntos personales más de 356 millones de rublos (unos 3,9 millones de euros) recaudados a través de donaciones para sus organizaciones, según la nota hecha pública este martes por la noche.

El opositor, que todavía se recupera en Alemania del envenenamiento sufrido este verano en Siberia, ha afirmado que el nuevo proceso en su contra, que habla de “robo de fondos recaudados a ciudadanos” es una represalia por sus actividades. “Parece que [Vladímir] Putin está histérico”, ha dicho en las redes sociales. El caso se suma a otros procesos pendientes del abogado y activista anticorrupción y se abre solo unos días después de que una investigación periodística señale a varios agentes de la inteligencia rusa como sospechosos del ataque con una neurotoxina que casi le cuesta la vida. El destacado opositor, una de las voces más conocidas contra el líder ruso en Occidente, cree que el Kremlin trata de evitar por todos los medios su vuelta a Rusia. “Van a intentar meterme en la cárcel porque no morí”, ha ironizado. “Putin está personalmente detrás de todo. Es un ladrón dispuesto a matar a los que se niegan a guardar silencio sobre su robo”, ha dicho en su cuenta de Instagram.

Navalni se enfrenta a otra amenaza más de la Administración rusa. El servicio penitenciario federal ruso (SPF) dio al opositor Alexéi Navalni el lunes por la noche apenas unas horas para presentarse en sus oficinas de Moscú para una revisión de la sentencia que Rusia le impuso en 2014 y que dictaminaba una condena condicional de más de tres años de prisión, en un controvertido caso considerado “arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El disidente no pudo cumplir el ultimátum y no ha acudido a la cita este martes. Las autoridades determinarán ahora si cumplen su amenaza e imponen la pena de cárcel al opositor, algo que le podría mantener fuera del país euroasiático, donde ha recalcado que quiere volver en cuanto se recupere del todo.

Las autoridades rusas enviaron una nota al abogado de Navalni en el que se recalcaba que el opositor ya puede acudir a la revisión penal en la capital rusa porque ya está recuperado. El SPF cita un informe publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet en el que los médicos que le trataron en Alemania describen que fue envenenado con una neurotoxina de uso militar de la familia Novichok y cuál fue su tratamiento.

Navalni ha ironizado con que, al hacer referencia al informe médico, la Administración rusa reconoce en cierta forma su envenenamiento, del que responsabiliza directamente al líder ruso. “El SPF, basándose en el artículo de The Lancet, exige que me encarcelen. Pero, disculpen, el artículo trata de que yo fui envenenado con Novichok. Eso significa que a nivel oficial el Estado reconoce el envenenamiento. ¿Dónde está el caso penal?”, ha escrito el opositor en las redes sociales.

La Unión Europea ha impuesto sanciones a varios altos funcionarios del círculo de Putin por el envenenamiento de Navalni, señalando que el ataque no pudo llevarse a cabo sin conocimiento del Kremlin, pero Rusia no ha abierto una investigación oficial para determinar qué sucedió al opositor.

La amenaza del servicio penitenciario llega solo unos días después de que una investigación periodística identificase a los supuestos agentes de la inteligencia rusa que llevaron a cabo el envenenamiento en agosto en la ciudad siberiana de Tomsk. El Kremlin ha negado cualquier relación y asegura que lo ocurrido con el opositor es un caso fabricado por EE UU.

Esta, no obstante, no es la primera vez que el SPF trata de transformar la sentencia condicional de Navani en una real. El opositor fue condenado en 2014 a tres años y medio de cárcel por malversación de fondos de la empresa Yves Rocher, que se transformaron en libertad condicional. El opositor recurrió la condena y acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a Rusia a indemnizar a Navalni con casi 20.000 euros y consideró que la pena por fraude contra el opositor y también contra su hermano Oleg fue “arbitraria y manifiestamente injusta”.

Esta y otras condenas y procesos judiciales, que el opositor ha definido como una persecución política, impidieron a Navalni concurrir a las elecciones. El opositor fue inhabilitado y no pudo presentarse a las presidenciales de marzo de 2018, que Putin ganó por una abrumadora mayoría.