El opositor ruso Navalni afronta otros 10 años de cárcel por una nueva acusación de fraude
“No temo a las armas químicas ni a Putin. No tengo miedo”, desafía el activista, visiblemente deteriorado, que cumple ya una pena de casi tres años de prisión
El opositor ruso Alexéi Navalni, de 45 años, condenado a dos años y ocho meses de prisión, podría pasar hasta 10 años y medio más en la cárcel por una nueva acusación de fraude. “Seguiré luchando contra el poder. No temo ni al FSB, ni a las armas químicas, ni a Putin. No tengo miedo”, exclamó ante el tribunal que lo juzgaba en una prisión de alta seguridad a un centenar de kilómetros de Moscú. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, afirmó el activista, cuya situación ha vuelto a ser noticia en Rusia tras haber quedado relegado a un discreto segundo plano en los últimos meses por la escalada militar en la frontera con Ucrania y el vertiginoso encarecimiento de los bienes básicos.
Con un deterioro físico visible, pero enérgico al arremeter contra sus acusadores, el opositor pudo abrazar por primera vez en mucho tiempo a su mujer, Yulia Naválnaya, quien le acompañó durante toda la sesión.
El opositor, su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y el exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, fueron acusados por el Comité de Investigación ruso de haber desviado 356 millones de rublos (4,14 millones de euros) “para fines personales” del dinero recaudado para la campaña electoral de 2018 y otras de sus iniciativas. Sin embargo, en este juicio se acotó la demanda a apenas 2,7 millones de rublos entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes, quienes han causado unas sospechas enormes en la defensa: según el informe de la acusación, tres de ellos transfirieron entre 665.583 y 1,2 millones de rublos cada uno, cifras muy elevadas teniendo en cuenta que según el equipo de Navalni uno de ellos era un mecánico y otros dos empresarios que tenían pendientes procesos penales.
“No recibimos dinero público y estoy muy orgulloso de ello. Existimos porque tenemos apoyo”, dijo Navalni en otro momento de su intervención, que ha sido publicada en las redes sociales. “Hemos visto cómo se han divulgado por primera vez todos los gastos de un político durante cinco años. En total gasté ocho millones, lo que supone una media de 130.000 rublos al mes (algo más de 1.500 euros), menos que mis ingresos oficiales”, explicó Navalni.
Además de los dos cargos por el supuesto fraude, al activista se le imputan otras dos acusaciones más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021.
Un día antes del juicio, Yulia Naválnaya escribió una publicación en Instagram en homenaje a su marido. “La gente del Kremlin le teme tanto que él es la primera persona en Rusia a la que juzgan directamente desde la cárcel”, decía en un texto acompañado por la foto de su último encuentro juntos en prisión. Naválnaya lamentó que hubieran fijado la sesión justo un día antes de una de las cuatro jornadas al año a las que tienen derecho los reclusos para tener encuentros largos con familiares, “el día más importante del año para la persona encarcelada”, como recalcó en su mensaje. “Le quieren alejar de toda la gente, de los ayudantes, de los periodistas”, denunció su mujer en la red social, donde afirmó que este proceso “es tan terrible que el tribunal no tiene valor a hacerlo en Moscú” porque “Alexéi se mostrará orgulloso ante la acusación y se reirá de todo”.
La abogada de Navalni Olga Mijaílova denunció a través de un comunicado que su defendido es víctima “de una persecución penal arbitraria, irrazonable e ilegal” dirigida “a su desprestigio y su alejamiento de la actividad política”, lo que viola el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Navalni se encuentra en prisión desde hace más de un año. El activista fue arrestado el 17 de enero de 2021 nada más aterrizar en Moscú por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional, impuesta en 2014 por el caso Yves Rocher, cuya condena fue declarada “injusta y arbitraria” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 al considerar que ni él ni su hermano recibieron un juicio justo. Sin embargo, en vez de acatar esta decisión, la justicia rusa decidió sustituir la pena por la libertad condicional.
El opositor fue detenido cuando regresaba de su convalecencia en un hospital de Berlín tras ser envenenado con Novichok, según confirmó la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Una pesquisa del proyecto de periodismo de investigación Bellingcat y varios medios digitales como The Insider reveló antes de su regreso que el opositor había sido seguido por un grupo del Servicio Federal de Seguridad (FSB) hasta el día que entró en coma, algo que reconoció el propio presidente ruso, Vladímir Putin, el 17 de diciembre de 2020.
Desde que fue condenado a prisión en febrero de 2021, todas las organizaciones de Navalni han sido liquidadas una tras otra bajo la etiqueta de “organizaciones extremistas”, y muchos de sus aliados se han visto obligados a abandonar el país por temor a ingresar en la cárcel.
Uno de ellos, Leonid Volkov, quiso destacar en Twitter el lado “simbólico” de este proceso. “En el tribunal no está la ‘jaula’ habitual para prisioneros porque toda la corte es una jaula. El juez está en una jaula. El fiscal está en una jaula. Solo Alexéi Navalni es un hombre libre”.
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