La dimisión del ministro principal de Irlanda del Norte tensiona las negociaciones de Londres y Bruselas por el Brexit

El Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) lleva meses mirando de reojo y con pavor las encuestas. Anuncian que perderá su posición de primer partido en Irlanda del Norte en las próximas elecciones autonómicas de mayo, en favor de los republicanos del Sinn Féin (antiguo brazo político del IRA, y partidarios de la reunificación de la isla). Y hace tiempo también que el DUP ha señalado al chivo expiatorio que culpa de todos sus males: el Protocolo de Irlanda, que firmaron Londres y Bruselas para cerrar definitivamente un acuerdo sobre el Brexit. En una acción concertada para dar un golpe al avispero, el ministro principal del Gobierno autónomo (cargo equivalente a primer ministro), Paul Givan, ha anunciado este jueves su dimisión. Y el consejero de Agricultura, Edwin Poots, ha decidido unilateralmente suspender los controles sanitarios de productos ganaderos y agrícolas procedentes de Gran Bretaña, algo de obligatorio cumplimiento según lo acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Ambos políticos son unionistas del DUP. Ambos pertenecen a la línea dura del partido, que quiere deshacerse del Protocolo de Irlanda antes de que lleguen las elecciones de mayo. Frente a ellos se sitúa el presidente de la formación, Jeffrey Donaldson, quien quisiera dar una última oportunidad a las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas. Después de la dimisión a mediados de diciembre de David Frost como negociador británico con la UE se abrió un cierto margen de esperanza. Tomó las riendas de ese negociado Liz Truss, la ministra británica de Exteriores. Y aunque mantuvo en sus declaraciones el tono de dureza de su predecesor, su voluntad de regresar con otra actitud a la mesa de negociación relajó una relación que a punto había estado de derivar en una guerra comercial entre las dos orillas del canal de la Mancha.

Un portavoz del Gobierno de Johnson ha asegurado este jueves que Downing Street desconocía la intención del Ejecutivo norirlandés de suspender los controles sanitarios, y que el primer ministro desearía una solución lo más pronto posible frente a este nuevo inconveniente.

Truss y su contraparte negociadora, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, han retomado este jueves sus conversaciones bajo la sombra de la sorprendente decisión del Gobierno autónomo irlandés. “Vemos la orden del consejero norirlandés de Agricultura de que cesen los controles sanitarios y fitosanitarios entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte como algo de poca ayuda. Crea incertidumbre y falta de previsión para los ciudadanos y las empresas norirlandesas”, ha dicho Sefcovic al término de una reunión que buscaba resolver de un modo práctico los problemas creados por el protocolo.

Poots se ha cobijado en un supuesto asesoramiento legal que le permitiría suspender los controles sanitarios ante los problemas que provocan, pero el resto de partidos norirlandeses le han acusado de estar violando las obligaciones de un tratado internacional con fuerza legal. Y a última hora del jueves ni siquiera estaba claro que su orden se hubiera cumplido en los distintos puertos norirlandeses, porque los altos funcionarios encargados de trasladar la directiva habían expresado dudas sobre su legalidad.

La UE no entra en las maniobras políticas internas del Gobierno norirlandés, pero sí responde ante una decisión que choca legalmente con un tratado internacional como es el Protocolo de Irlanda. Firmado como anexo del Acuerdo de Retirada de la UE, el protocolo fue una solución compleja y largamente negociada para solucionar el atasco del Brexit. El abandono del Reino Unido suponía que Irlanda fuera la única frontera terrestre de la UE con ese país. Bruselas quería proteger a toda costa su preciado Mercado Interior, pero no al precio de volver a partir en dos la isla de Irlanda y poner en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Aquel pacto estableció la conveniente ficción de que Irlanda era una única isla, y su frontera interna se volvió invisible. Cualquier nueva señal de control entre las partes, aunque fuera aduanero, podía resucitar la violencia sectaria. La solución, firmada por Boris Johnson, fue mantener a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero de la UE y trasladar la barrera aduanera al mar de Irlanda.

Desde entonces, todo han sido problemas. La burocracia y aumento de costes y controles aduaneros y sanitarios para el envío de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte desató las protestas de empresas y ciudadanos. Fue la llamada “guerra de las salchichas”, cuando desapareció este producto de las estanterías de supermercados británicos con establecimientos en la región. A pesar de la voluntad de Bruselas de buscar soluciones prácticas —redujo hasta un 80% el número de obligaciones aduaneras—, Londres y Belfast se alinearon en una posición extrema. El Gobierno de Johnson ha mantenido en todo momento sobre la mesa la amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, que permite la suspensión unilateral de sus disposiciones “ante graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”. El aumento de la violencia vandálica en las calles de Belfast y Londonderry de los últimos meses, sobre todo por parte de bandas juveniles unionistas, ha sido la justificación esgrimida por el Gobierno de Johnson para replantear un tratado que, sobre todo, irritaba al ala euroescéptica del Partido Conservador y dejaba a los pies de los caballos a los unionistas del DUP, porque su electorado veía el protocolo como una traición que los alejaba aún más del resto del Reino Unido.

La dimisión de Givan

Unionistas y republicanos están obligados a compartir el poder en las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, pero el puesto de ministro principal queda reservado para el partido más votado. Hasta ahora ha sido el DUP. El anuncio de dimisión de Paul Givan implica automáticamente el cese de la viceministra principal, Michelle O’Neill, del Sinn Féin. En el plazo de una semana, los dos partidos deberán ponerse de acuerdo para un nuevo reparto de puestos, o el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, estará autorizado a adelantar los comicios autonómicos, previstos para mayo. El movimiento sorpresa del DUP, en teoría, no tendría por qué acelerar el plazo para convocar las urnas, pero su dirección llevaba meses advirtiendo que reventaría la estabilidad de las instituciones políticas autonómicas —al abandonarlas— si no desaparecía el Protocolo de Irlanda. La voluntad negociadora expresada por Londres y Bruselas amenazaba con mantener vivo el problema para cuando mayo llegara, y obligar al DUP a competir con ese lastre. “Nuestras instituciones vuelven a estar sometidas a prueba (...) y su delicado equilibrio ha resultado afectado por el acuerdo entre el Reino Unido y la UE que puso en marcha el Protocolo de Irlanda”, ha dicho Givan en una comparecencia en un hotel de Belfast, al borde de las lágrimas.

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones, “ante la ausencia de un Ejecutivo en funcionamiento. Debe quedar claro que las maniobras del DUP tienen sus consecuencias”, ha dicho.

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