Procesado el expresidente argentino Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal

El expresidente argentino Mauricio Macri ha sido procesado este miércoles en una investigación por presunto espionaje ilegal orquestado desde el Estado. El juez Martín Brava consideró, en un escrito de 170 páginas, que tiene elementos suficientes para considerar a Macri culpable de haber ordenado el seguimiento de las familias de los 44 marinos muertos el 15 de noviembre de 2017 en el hundimiento del submarino ARA San Juan, un accidente que en su momento produjo una gran conmoción política en Argentina. El juez, además, embargó a Macri por 100 millones de pesos (unos 950.000 dólares al cambio oficial) y le prohibió salir del país. Este es el primer procesamiento judicial contra Macri desde que dejara el poder en diciembre de 2019. Y lo encuentra fuera del país, en Chile, adonde viajó para visitar al presidente y amigo Sebastián Piñera y dar su apoyo al candidato a La Moneda de la ultraderecha, José Antonio Kast.

El procesamiento es el paso previo al juicio oral. Macri, sin embargo, puede solicitar nuevas pruebas y dilatar esa instancia definitiva durante meses. El impacto ha sido inmediato. El expresidente siempre se consideró víctima de una persecución política. Así se lo hizo saber al juez hace un mes, cuando presentó un escrito en el que consideraba decidida su sentencia. Macri trató de “incompetente y parcial” al juez y lo acusó de apurar su interrogatorio para procesarlo antes del 14 de noviembre, cuando Argentina celebraba unas cruciales elecciones legislativas de medio término. “Usted forzó mi llamado a indagatoria en pleno proceso electoral con fines repudiablemente políticos”, le dijo Macri al juez federal Martín Bava. La fecha anticipada por el expresidente no se cumplió, pero la declaración de Macri formó parte de la campaña electoral de la oposición, que finalmente ganó aquellas elecciones. El magistrado emitió ahora un fallo de una dureza poco habitual.

“Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución, nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”, dijo, en referencia a la dictadura. Y acusó a Macri y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de “restaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales que se creían erradicadas, muy similares a las de aquella época”. Para el juez, se dio por probada la participación del expresidente en tareas de “espionaje prohibidas por ley” para “obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”. “¿En qué momento esta comunidad de hombres y mujeres, reconocidos socialmente como el ideal de la abnegación, se convirtieron en una disfunción del sistema, una amenaza al orden social?”, se preguntó Bava en su fallo.

En noviembre de 2017, incluso cuando aún había alguna esperanza de encontrar con vida a los marinos, los agentes de inteligencia se colaban en las manifestaciones organizadas para exigir el esclarecimiento del accidente. Mezclados entre la gente, sacaban fotos y realizaban fichas de esposas, padres, hermanos e hijos de los muertos. Luego informaban de sus hallazgos a la seguridad presidencial. En una ocasión, según consta en el expediente, adelantaron a la Casa Rosada el contenido de las demandas que los familiares presentarían a Macri durante una reunión programada. Los archivos del espionaje salieron a la luz en 2020, tras la intervención de la AFI ordenada por el entonces recién investido presidente, Alberto Fernández.

Macri no negó las tareas de inteligencia, que quedaron registradas en decenas de documentos, pero dijo que no fueron realizadas por orden suya. Las atribuyó a una práctica habitual de los servicios de inteligencia que deben velar por la seguridad del presidente. El espionaje formó parte, dijo, de lo que se conoce como “avanzada presidencial”, el trabajo que se hace previo a la visita del jefe de Estado a algún sitio en particular. Las reuniones de Macri con los familiares de los marinos se realizaban en el interior de la base naval de Mar del Plata, una zona de acceso restringido que era el destino final del submarino tras su partida desde Ushuaia, en el extremo sur argentino. Un año llevó a los equipos de rescate ubicar el casco del ARA San Juan, que aún yace en el fondo del mar, a 500 kilómetros de las costas patagónicas y a más de 900 metros de profundidad.

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