Scholz se enfrenta a un doble reto: afrontar la crisis sanitaria y modernizar Alemania

En cuestión de días, Alemania tendrá un nuevo Gobierno, un tripartito inédito entre socialdemócratas, verdes y liberales que dará el relevo, ahora sí, a 16 años de dominio conservador encarnado en la figura de Angela Merkel. Olaf Scholz, el nuevo canciller, toma las riendas de un país próspero, con una economía sólida y un sistema de protección social envidiable que destaca como la excepción en una Europa cada vez más asediada por el auge de los populismos antinmigración. Pero el tripartito tiene mucho que hacer si quiere liderar los retos de futuro del continente. La transformación energética, la digitalización, la modernización de las infraestructuras y de la administración son tareas pendientes que no se acometieron durante la estable y predecible era Merkel.

El próximo canciller y sus nuevos ministros se enfrentan, sin embargo, a un desafío mucho más apremiante. Dentro de unos días se pondrán al frente de un país en alerta sanitaria máxima, que está sufriendo un récord de contagios de coronavirus en la peor ola, la cuarta, de la pandemia.

“Alemania solo podrá estar en vanguardia si modernizamos el Estado”, proclama el acuerdo de coalición que esta semana han firmado las tres formaciones. Hasta 67 veces alude a la expresión modernizar, como verbo o como adjetivo. La amenaza de que el país se quede anticuado confiando casi exclusivamente en su potente industria exportadora planea por todo el documento. La coalición es consciente de que urge avanzar en la agenda tecnológica, muy lastrada por la deficiente infraestructura digital del país, que tiene una de las peores coberturas de fibra óptica de la UE. Reducir la célebre burocracia alemana —que afecta a todas las esferas: la creación de empresas, la administración tributaria, el acceso a la sanidad— es otro de los objetivos prioritarios de Scholz.

La falta de personal sanitario, especialmente enfermeras, ha contribuido a que la habitualmente ejemplar y bien dotada sanidad alemana se vea desbordada. Esta semana el Gobierno ha tenido que recurrir al ejército para llevar a cabo una operación masiva de traslados de pacientes críticos de zonas muy afectadas, como Baviera y Sajonia, a hospitales de Estados en los que aún quedan camas libres. La semana pasada ocurrió algo inaudito: al menos dos pacientes alemanes tuvieron que ser trasladados a otro país (norte de Italia) porque en su región no había una sola cama de UCI libre.

Han cambiado las tornas. Alemania, que fue puesta como ejemplo al inicio de la pandemia, sufrió un invierno terrible, con 1.000 muertos diarios, y ahora, un año después, pese a las vacunas y a los reiterados avisos de los expertos, vuelve a encontrarse entre los países de Europa occidental que peor gestiona la crisis sanitaria. No ha conseguido convencer de la necesidad de la vacunación (la tasa es del 68%; hay 14,6 millones de adultos que se niegan a inmunizarse o que aún se lo están pensando) ni alertar de la gravedad del incremento de casos. La mortalidad es tres veces menor que hace un año, gracias a las vacunas, pero los hospitales han vuelto a saturarse y a dejar de atender otras patologías. Las restricciones han llegado tarde por culpa del vacío de poder de estos meses de campaña, elecciones y periodo de transición. Nadie descarta un nuevo confinamiento que volvería a hundir la economía.

Con la crisis sanitaria en marcha, los esfuerzos del nuevo Ejecutivo se centrarán en tratar de reducir los contagios, acelerar la vacunación –está sobre la mesa incluso hacerla obligatoria- y reforzar el sistema sanitario, aunque este es competencia de los Estados federados. Pero a la vez, los nuevos ministros empezarán a diseñar las primeras reformas legislativas. La emergencia climática tampoco puede esperar. La transición energética alemana está condicionada por el fin de la energía nuclear –en 2022 cierran los últimos reactores- y la controvertida dependencia del gas ruso y de la quema de carbón nacional. La industria y los hogares todavía dependen en exceso de los combustibles fósiles pese a la expansión en los últimos años de las energías renovables.

Descarbonizar la economía es un desafío mayúsculo. Al reto puramente tecnológico hay que sumar las milmillonarias inversiones que se van a necesitar en los próximos años. La oposición le afea al tripartito la falta de concreción sobre cómo se va a pagar semejante transformación. El abandono del carbón se ha adelantado, de 2038 a 2030, por la presión de los verdes, que también han exigido el compromiso de que para entonces el 80% de la electricidad provenga de renovables. Tanto ellos como los socialdemócratas habrían querido más inversión pública, pero la presencia de los liberales en la llamada coalición semáforo —por los colores con los que se asocia a los partidos: rojo de los socialdemócratas, verde de los ecologistas y amarillo de los liberales— ha forzado la vuelta al freno de deuda (ahora suspendido por la pandemia) y el compromiso de no subir los impuestos.

El tripartito de Scholz también tiene por delante la tarea de corregir las desigualdades que han ido aflorando estos años. El mercado de trabajo es cada vez más precario: han aumentado los trabajadores pobres y el empleo a tiempo parcial no deseado. Siete millones de personas viven de minijobs que no cotizan. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de las más altas de Europa: un 18%. Persiste la desigualdad de rentas entre el este y el oeste, aunque ha ido disminuyendo con los años. Es previsible que Scholz trate de impulsar lo antes posible la traslación a la ley de su promesa estrella en la campaña, la subida del salario mínimo a 12 euros por hora, que afectará a 10 millones de personas.

Con el precio de la vivienda en una escalada continua —según el Deutsche Bank en las siete mayores ciudades las casas de segunda mano subieron de media un 124% entre 2009 y 2019—, los socialdemócratas saben que su electorado espera algún tipo de intervención en el mercado inmobiliario. Por ahora el compromiso de la coalición es construir 400.000 viviendas al año, 100.000 de ellas públicas para atajar al menos uno de los problemas, el de la escasez. Del tope nacional a los precios del alquiler que reclaman colectivos como el que quiere expropiar a los grandes propietarios en Berlín de momento no hay rastro, aunque el acuerdo de coalición señala que se creará una “alianza por la vivienda asequible” con los actores del sector.

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