Los autoritarismos vuelven a marcar el paso en Centroamérica

Nayib Bukele apareció sonriente frente a centenares de sus simpatizantes en un enorme escenario levantado junto al mar en la playa Mizata, localizada en las costas del Pacífico de El Salvador. Su entrada en escena fue espectacular, con la proyección de luces láser y videos que lo mostraban como un personaje de la realidad virtual. Cuando se marcó en una gigantesca pantalla la palabra “El presidente”, Bukele salió a escena vestido de blanco para hablar ante un auditorio embobado sobre el que es su nuevo gran proyecto: la construcción de una Ciudad del Bitcoin, primera en el mundo, que, según su Gobierno convertirá a ese pequeño y atrasado país centroamericano en la Singapur de América Latina. “Invierta aquí y haga todo el dinero que quiera”, profetizó el mandatario.

La comparación con Singapur es un guiño cuidadosamente elegido, que habla mucho de cómo el presidente y su equipo de tecnócratas ven la gobernanza de un país. Bukele aspira a impulsar el desarrollo económico de El Salvador en detrimento del Estado de derecho, la democracia y las libertades civiles. Tal y como ha pasado con el tigre asiático, una economía con garra regida por un régimen autoritario.

Debido a las medidas que ha tomado contra la liberta de expresión, los medios de comunicación, programas contra la corrupción, voces críticas y oenegés, la comunidad internacional ha criticado duramente a Bukele, hasta el punto de que Washington ha decidido “pausar” las relaciones con San Salvador. El lunes, cuando la encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, anunciaba que dejará el país centroamericano esta semana debido a las que Washington considera decisiones antidemocráticas de Bukele, la fiscalía controlada por el mandatario allanaba las sedes de seis oenegés, varias de ellas relacionadas con el movimiento feminista.

El presidente salvadoreño se mofa abiertamente de las críticas sobre su deriva autoritaria y en Twitter —su red social preferida— hasta ha dicho con sorna que es “el dictador más cool del mundo”. Una controvertida broma en una región llena de heridas por su pasado sangriento, donde la democracia vive sus horas más bajas y con varios gobernantes —Daniel Ortega, en Nicaragua; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Alejandro Giammattei, en Guatemala y el mismo Bukele— que toman medidas que recuerdan a las viejas dictaduras que gobernaron la región. “El retroceso democrático en Centroamérica es es de enorme gravedad. Lo que estamos viendo en cada uno de los países es muy preocupante. Cada país, con excepción de Costa Rica, tiene una historia propia de deterioro democrático, en la que no quiere que nadie se meta”, explica Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica y secretario general de IDEA —un organismo que promueve la democracia con el asesoramiento de líderes de varias partes del mundo. Los autoritarismos vuelven a marcar el paso en Centroamérica.

Guatemala: La justicia perseguida

Juan Francisco Sandoval ha sufrido en carne propia la persecución de la justicia bajo el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Sandoval fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Él afirma que se trata de un despido ilegal, hecho para proteger a “amigos” del poder potencialmente afectados por las investigaciones que él encabezaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. “Van a tratar de destruirme moralmente, aunque ya estoy muy afectado. La cuestión es casi darle la muerte civil a uno, desprestigiarlo, criminalizarlo. No ha sido suficiente la expulsión sino que quieren mi detención”, dijo Sandoval en una entrevista con EL PAÍS desde Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.

La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción, un mal endémico dentro del sistema político de Guatemala. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, ha explicado que, con la salida de Sandoval, su país ha “perdido la confianza en la fiscal general [María Consuelo Porras] y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el Gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Porter recordó las recientes visitas a Guatemala de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris, como iniciativas para estrechar las relaciones entre ambos países. Durante su visita a Guatemala a inicios de junio, Harris, afirmó que la postura de la Administración Biden es clara sobre la corrupción: “Hay que erradicar la corrupción de raíz” para que los recursos no se desvíen de las personas que lo necesitan. Su Gobierno ha vinculado los esfuerzos para tratar de frenar la migración irregular de centroamericanos, uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar el Gobierno de Biden hasta ahora, a la lucha anticorrupción. Esa relación sobre la corrupción es la baza que juega la Administración Giammattei para mantener contenta a la potencia norteamericana, dado que su Gobierno ha creado una política de contención de la migración que beneficia a Washington.

“Guatemala ha intentado presentarse como el socio más confiable de Estados Unidos y hasta ahora ha logrado mantenerse en bajo perfil, a pesar de las medidas que ha tomado contra la prensa y la obstaculización de las investigaciones contra la corrupción”, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, un organismo centrado en la resolución de conflictos. Breda hace referencia a la decisión de la fiscalía de Guatemala de investigar a El Periódico, uno de los referentes del periodismo de investigación en el país, a su director, José Rubén Zamora, y al periodista independiente Juan Luis Font. “Son hechos que han perjudicado al Estado de derecho y la separación de poderes en Guatemala, pero mientras el Gobierno guatemalteco responde a los intereses de Estados Unidos, principalmente en el tema migratorio, igual Washington no hará mucha presión”, agrega Breda.

Honduras: El presidente y el ‘narco’

Los hondureños asisten a las urnas este domingo para elegir a un nuevo presidente, tras el mandato del controvertido Juan Orlando Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país. Sobre Hernández pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso publican una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.

El juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan, dictó a finales de marzo una sentencia de cadena perpetua más otros treinta años de cárcel contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente. En octubre de 2019, un jurado popular de Nueva York halló culpable a Tony Hernández de cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Desde que fue declarado culpable su hermano, el presidente ha sido fuertemente cuestionado en Honduras y a nivel internacional y las acusaciones presentadas por los fiscales en Nueva York aumentan las dudas del compromiso del mandatario con la lucha contra el crimen organizado.

Uno de los principales críticos de Hernández es el presidente Bukele, quien abiertamente ha hablado sobre las acusaciones de vínculos con el narco del hondureño. Hernández ha buscado apoyo al sur de la frontera, con el régimen de Daniel Ortega, con quien se reunió sorpresivamente a finales de octubre para firmar decretos para delimitar las fronteras de ambos países en el Mar Caribe y Golfo de Fonseca. Esa nueva alianza ha generado resquemores en la región y hay analistas que la ven como una posible salida de Hernández a Nicaragua en caso de que un nuevo Gobierno en Honduras inicie una investigación en su contra. “Hernández busca mantener varios escenarios abiertos, incluso antes de las elecciones, y por lo tanto esta alianza de facto con Nicaragua alimenta tensiones en el Golfo de Fonseca con El Salvador. Podría ser parte de un juego para crear incertidumbre y dejar la puerta abierta para una especie de de crisis que podría desviar la atención. Aunque El Salvador no ha caído en esta trampa”, explica Breda.

El Salvador: Bukele, “el CEO de El Salvador”

En su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele se ha autonombrado como el CEO de El Salvador, lo que da una idea de cómo el mandatario espera priorizar la economía en detrimento de la democracia. De hecho, Bukele ya demostró su desprecio a las instituciones a inicios de febrero de 2020, a solo unos meses de haber asumido la presidencia, cuando irrumpió, arropado por oficiales de la policía y militares, en la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de una sesión, amparado, dijo, por un derecho divino. Tras hacer una oración dejó la cámara para saludar a centenares de sus seguidores. El mandatario llamó a una insurrección popular, mientras la oposición exigió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que han considerado un “autogolpe de Estado”. Tras esa maniobra que creó una crisis institucional, Bukele ha aprovechado el poder que los salvadoreños le han dado para golpear al sistema de justicia, con la destitución de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte y su sustitución por jueces leales. Además, ha intentado callar a las voces críticas con la persecución contra medios independientes, principalmente la revista El Faro, a la que la fiscalía le ha abierto varias investigaciones. La misma fiscalía recientemente ha ordenado el allanamiento de las sedes de seis oenegés, lo que ha generado preocupación entre los socios extranjeros de El Salvador, principalmente Estados Unidos.

“Todos conocemos que hay una especie de manual del nuevo autócrata que se ha aplicado en todas las regiones del mundo. Se ha aplicado en Turquía, en Hungría y se está aplicando en este momento en El Salvador y ese manual empieza por la persecución contra los jueces independientes, contra la prensa independiente, por el intento de sofocar toda forma de oposición a la voluntad presidencial”, explica Kevin Casas. “Me llama la atención que el presidente Bukele parece tener una opinión de sí mismo como un tipo muy ingenioso e innovador, pero no tiene nada de ingenioso ni de innovador, porque está siguiendo un manual aplicado en muchísimos países. La deriva autoritaria del presidente es enteramente predecible”, agrega Casas.

Nicaragua: El comandante lo controla todo

El país de Centroamérica donde la democracia ha sufrido su peor deterioro es Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega, tras imponerse en unas elecciones seriamente cuestionadas, ha lanzado una dura represión contra las voces críticas. Tras apresar a decenas de opositores, incluyendo siete candidatos a la presidencia por la oposición, Ortega ha decidido sacar al país de la OEA, que en una resolución histórica desconoció con una mayoría de votos de 25 países los resultados electorales. De esta manera Ortega aísla a su país y demuestra que no está dispuesto a una negociación que termine en un proceso electoral justo. El mandatario regirá el país centroamericano por cinco años más con mano de hierro y un poder compartido con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y sus hijos como asesores más cercanos. Se trata de un sistema muy parecido a la dinastía somocista que Ortega ayudó a derrocar en 1979.

“Lo que estamos viendo en Centroamérica es un retroceso trágico”, argumenta Casas. “El proceso de consolidación democrática en la región ha sido muy frágil. La región ha avanzado bastante bien en el aspecto electoral y se ha mostrado capaz de convertir a las elecciones en la única vía legítima para acceder al poder, pero no ha avanzado en otros aspectos claves de la democracia como la construcción del Estado de derecho y la capacidad de tener instituciones capaces de resolverle problemas a la gente. Entonces, en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento, la disposición de la población es más abierta a escuchar los cantos de sirena de la autoritarismo”, concluye el analista.

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