Bruselas sopesa activar una vía de emergencia para ofrecer protección a refugiados afganos

La Unión Europea descarta a corto plazo un flujo masivo de refugiados procedentes de Afganistán, pero cree que a lo largo de los próximos meses puede producirse un incremento de las llegadas si la situación política y económica en el país sigue deteriorándose bajo el nuevo régimen talibán. El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha señalado este jueves ante el Parlamento Europeo que en caso de una llegada masiva podría invocarse una directiva de 2001 —adoptada a rebufo del éxodo provocado por las guerras de los Balcanes— que permite ofrecer por vía de emergencia una protección temporal a las personas que se ven obligadas a abandonar su país o región de origen o que son evacuadas para garantizar su seguridad.

Esa norma excepcional no se ha utilizado nunca. Pero en el Parlamento Europeo ya hay voces a favor de invocarla y fuentes comunitarias señalan que, llegado el caso, podría ser una medida necesaria para dar cobertura a la población afgana en peligro, con especial énfasis en mujeres y niñas.

Bruselas reconoce que una vez que se haya puesto a salvo al personal afgano de la UE y a sus familiares habrá que ofrecer ayuda a los miembros de la sociedad civil que pueden estar en el punto de mira de los talibanes porque a lo largo de los últimos años han colaborado con la presencia internacional o han militado en organizaciones no gubernamentales claramente a favor de una transformación del país. Las cifras de ese contingente son imposibles de concretar por ahora, pero fuentes comunitarias reconocen que podría tratarse de miles de personas.

La directiva de 2001 apuntada por Borrell permite que el Consejo de la UE (donde se sientan los 27 Estados miembros) conceda una “protección temporal e inmediata” en todo el territorio comunitario a determinados grupos de personas, sobre todo, cuando los sistemas nacionales de tramitación de asilo se vean desbordados. La protección, que en principio duraría un año, puede aprobarse por mayoría cualificada, lo que permitiría sortear el previsible voto en contra de países como Hungría o Polonia.

La norma excepcional se aprobó en agosto de 2001, curiosamente solo unos meses antes de que comenzase la invasión occidental de Afganistán como represalia por los atentados del 11 de septiembre. Pero el origen de la directiva no tenía nada que ver con ese país de Asia central, sino que respondía a las dramáticas consecuencias de la desintegración de Yugoslavia.

“Los casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen han aumentado considerablemente estos últimos años en Europa”, señala la directiva en sus considerandos en alusión a los éxodos provocados por las guerras de los Balcanes, de donde surgieron hasta siete países, dos de ellos ya dentro de la UE (Eslovenia y Croacia) y otros cinco aspirando a ingresar.

La directiva, sin embargo, nunca ha llegado a activarse, ni siquiera en 2015 y 2016, cuando llegaron hasta la UE centenares de miles de personas huidas de la guerra de Siria. La Comisión propuso entonces un sistema de acogida y reparto entre los Estados, pero nunca llegó a aplicarse de manera efectiva, entre otras cosas, por la vehemente resistencia de Hungría y Polonia.

La falta de acuerdo puso en peligro la supervivencia de la zona Schengen, con la reaparición de controles fronterizos entre los socios. La crisis se solventó con un acuerdo cuestionado con Turquía, por el que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan se comprometió a impedir el paso de los refugiados hacia Europa a cambio de varias concesiones, entre ellas, una financiación de 3.000 millones de euros para atender las necesidades de más de cuatro millones de personas.

Ante la posibilidad de una nueva llegada masiva, esta vez de afganos, Borrell sí ha esgrimido la posibilidad de la directiva de 2001, que también prevé un reparto de la carga entre los Estados. “Doy la bienvenida a la referencia de Borrell a la directiva de 2001 sobre protección temporal”, ha celebrado el eurodiputado Barry Andrews, del grupo liberal Renew, durante el debate de la comisión parlamentaria de Exteriores. “Creo que debemos identificar vías legales [para la llegada de refugiados]”, ha añadido Andrews.

El gabinete de estudios Centre for European Reform (CER) considera muy improbable que Afganistán se convierta en una fuente importante de migración, como ya ocurrió tras la invasión del país por la Unión Soviética (1979) o tras la primera llegada al poder de los talibanes (1996).

“La repetición de una crisis migratoria como la de 2015-2016 [por la guerra en Siria] quizá no se repita porque es probable que los países próximos a Afganistán blinden sus fronteras”, señalan Ian Bond y Luigi Scazzieri en un análisis del CER publicado este jueves. Aun así, los analistas consideran imprescindible que la UE y el Reino Unido sean generosos y ofrezcan “rutas directas de reasentamiento en Europa” a las personas que se sientan amenazadas por los talibanes.

Borrell se ha mostrado partidario de gestionar el posible éxodo no como una amenaza para la seguridad del continente, sino como una obligación moral de acoger a personas amenazadas. “No son emigrantes, son exiliados que buscan refugio”, ha insistido el alto representante.

El jefe de la diplomacia europea, no obstante, ha insistido ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo en que la prioridad absoluta en estos momentos es “evacuar” al personal ligado a la UE. Bruselas ha iniciado en la madrugada del miércoles al jueves la evacuación del personal local de las instituciones comunitarias en Afganistán, así como de sus familiares.

Se estima que en total serán unas 400 personas, de las que, según Borrell, ya han salido 106. Bruselas reconoce que una vez que todo ese contingente se haya puesto a salvo habrá que ofrecer ayuda a los miembros de la sociedad civil afgana que pueden estar en el punto de mira de los talibanes por su colaboración con la alianza internacional que ha estado presente en el país durante 20 años o las ONG que reclaman reformas. Fuentes comunitarias reconocen que podría tratarse de miles de personas.

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