Campesinos bloquean carreteras y paralizan la actividad económica en Guatemala en rechazo a la corrupción

Un movimiento popular de grandes dimensiones, coordinado por El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otras organizaciones de los pueblos de origen maya, ha bloqueado desde las 06:00 horas de este lunes los puntos neurálgicos de la red vial y, con ello, aislado a Guatemala del resto del mundo en una movilización que obedece, en palabras de sus dirigentes, al rechazo “a la corrupción, la impunidad y a la cooptación del Estado”.

De acuerdo a los organizadores, unas 200.000 personas acuerpan el movimiento a lo largo de 21 de los 22 departamentos en los que se divide administrativamente el país, a las que se suman grupos que organizan cierre de calles y carreteras en pueblos y ciudades, lo que complica conocer la verdadera magnitud la protesta. El cierre de carreteras es un fuerte golpe al sector privado, que calcula que les puede provocar pérdidas de, en promedio, 50 millones de dólares por día.

El objetivo de la protesta, según los organizadores de la protesta, es ‘castigar a los titiriteros del gobernante de turno’. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, y de la jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, “por haber traicionado al pueblo de Guatemala y apañar la impunidad y la corrupción”, según se lee en un comunicado de Codeca publicado la noche del sábado. También demandan la suspensión de los festejos del bicentenario de la independencia de Centroamérica de España, el 15 de septiembre de 1821, “que lo único que dejó a los pueblos indígenas es pobreza, exclusión, desnutrición y pérdida de nuestro territorio”. El comunicado concluye con un llamado a todos los guatemaltecos a construir la unidad y a mantener esta lucha hasta conseguir la democracia, la paz social y el desarrollo.

A estas peticiones se suma la formación de un Gobierno transitorio y la convocatoria a una ‘Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional’ para redactar una nueva Carta Magna que recoja “la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país”. Estas peticiones son, al menos en el corto plazo, imposibles de cumplir pero sí constituyen un impacto muy fuerte en la ya deteriorada imagen de Guatemala tanto a nivel interno como internacional. “La imagen de Guatemala en el exterior es que el gigante dormido –los pueblos indígenas– ha despertado y participa de un debate nacional con propuestas muy concretas cuando el Estado atraviesa una de sus crisis más profundas”, comenta el ex ministro de Exteriores Edgar Gutiérrez. Así las cosas, el futuro se visualiza poco estable.

“Giammattei se metió en su propio laberinto y no podrá salir. La clase política tampoco tiene la madurez para proponer salidas institucionales. Así, el reto de encontrar una salida de transición corresponde a la sociedad”.

Para la ONG Transparencia Internacional, la imagen de Guatemala es la de un Estado gobernado por mafias que han generado un descontento social muy elevado y permanente, en palabras de uno de sus directores, Manfredo Marroquín. “Esto afecta la imagen del país para atraer la inversión o el turismo, pero la causa última son los gobiernos corruptos que mantienen secuestrado el Estado. Mientras eso no se corrija, el descontento no cederá”.

Pero ni Marroquín ni Gutiérrez creen que, por el momento, se vea en el país centroamericano una represión violenta a los manifestantes por parte del Estado como se ha visto en otras protestas recientes en América Latina. “El Gobierno tiene control de todo pero, al no tener legitimidad, tampoco tiene la fuerza física ni moral para reprimir a los manifestantes. Una represión terminaría por provocar un levantamiento social de consecuencias imprevisibles, porque el descontento sobrepasa al Gobierno. Es contra el sistema”, señala Marroquín. “Recurrir a la fuerza solo aceleraría la propia crisis”, apunta Gutiérrez.

Con lo que Giammattei jamás contó es con la reacción adversa de los pueblos indígenas, en la que destaca la participación de las mujeres, que han despertado del letargo de 500 años al que han sido sometidos por las clases dominantes. Tienen plena conciencia de que el peso de la economía de Guatemala recae sobre sus hombros y que pueden ahorcar de hambre a la capital guatemalteca, el feudo de los poderes tradicionales.

Amén de la claridad de metas que se ha fijado –recuperar su dignidad de naciones aborígenes y el respeto a sus culturas ancestrales–, tienen todo que ganar y nada que perder. El tiempo juega a su favor: “Necesitamos un país que nos ofrezca las condiciones que todos merecemos”, dijo por la vía telefónica Martín Toc, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización más importante del campesinado de origen maya. “Sabemos que esta lucha es un proceso largo, como demanda la transformación del país. Entendemos que, a partir de ahora, debemos asumir nuestra responsabilidad para lograr la transformación a través de las urnas, llevar al poder a las personas adecuadas cuidando de no caer en el populismo. Creemos en un país de libertad. Es nuestra hora”, cierra con énfasis.

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