Guatemala sacude la lucha contra la corrupción con la destitución del fiscal especial contra la impunidad

La noticia del cese del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ha hecho saltar todas las alarmas sobre el compromiso de las autoridades del país centroamericano en el combate a la corrupción y el respeto a las instituciones. La salida de Sandoval ha desatado una ola de protestas y el rechazo de la comunidad internacional, que apunta a la gestión de la fiscal, Consuelo Porras, como la artífice de la destitución.

“Hoy por hoy”, comenta el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, “la Fiscal General no es una funcionaria independiente. Está sujeta a presiones de políticos y del sector más ultraconservador del sector económico, afectados por las investigaciones que ha hecho la FECI”.

Rodas recuerda que el cese de Sandoval es solo “la guinda del pastel”, toda vez que en las últimas semanas ha habido cambios de funcionarios a conveniencia de los sectores poderosos que han establecido una suerte de justicia a la carta. “Esto ya no es justicia, por lo que pedí tanto a la fiscal como al mismo mandatario [Alejandro Giammattei] que presentaran su renuncia irrevocable al cargo”, añade Rodas.

El ombudsman califica esta medida como “un escándalo internacional” el hecho de que un fiscal de primera categoría, reconocido internacionalmente, lejos de fortalecerlo, sea víctima de boicot, extremo que aleja la posibilidad de la inversión extranjera de la que está urgido el país. “La luz al final de este túnel radica en el ejercicio de la ciudadanía, donde organizaciones de base como los 48 Cantones de Totonicapán hagan valer sus derechos ciudadanos para terminar con esta ‘institucionalidad de cartón’ que en nada favorece a la población”, cierra Rodas.

En círculos diplomáticos y políticos el cese se atribuye directamente a que las investigaciones de la Fiscalía dirigida por Sandoval expusieron a los sectores intocables, conocidos como ‘El pacto de corruptos’, en cuyos pasillos se habría decidido salir de las dos piedras en el zapato que, tras cooptar a los poderes Legislativo y Judicial y a instituciones teóricamente destinadas a garantizar la independencia de poderes, como el Constitucional, les eran particularmente incómodas. Solo les quedaban Sandoval. Rodas es el siguiente en la lista.

La decisión estaba tomada y era tan evidente que en su visita a Guatemala el 6 de junio, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris anunció la creación de un Grupo de Trabajo para apoyar la labor de la FECI, mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, advirtió su preocupación a Giammattei por “cualquier esfuerzo para abolir las oficinas anticorrupción”.

Sandoval salió de Guatemala vía El Salvador en la madrugada del sábado, justo después de su cese, para proteger su vida. Pero antes quiso dejar un testimonio que echa más luz sobre la forma en que han sido cooptadas todas las instituciones del país, con acusaciones muy puntuales. Sobre la fiscal Consuelo Porras de quién señaló de echar tierra sobre las investigaciones que alcanzaron al círculo de confianza de Giammattei. “No me dijo explícitamente que no investigara al presidente, pero dejaba de lado el expediente”, dijo Sandoval en una kilométrica rueda de prensa.

También ocultó un caso que involucra a la telefónica TIGO y narró que en los años 2014 y 2015, la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, sobornó a un grupo muy importante de diputados para aprobar la llamada Ley Tigo, con pagos bimensuales de 50.000 quetzales (unos 6.400 dólares) para ampliar su red en todo el país.

Pero el caso más reciente y que pudo ser el detonante de su destitución fue el decomiso de 122 millones de quetzales (unos 15,6 millones de dólares) que pertenecían al ministro de Comunicaciones, “caso que tuvimos que trabajar en secreto, para evitar las filtraciones”, según señaló. Y como estos, hasta 10 casos que evidencian la cooptación del Estado.

Paro general

Con el expolio del Estado como única política del Gobierno, la población luce muy cansada. Hartazgo que se hace más evidente en las poblaciones de origen maya, secularmente ignoradas y marginadas y que, ahora, parecen aglutinar incluso a la población mestiza citadina, quienes claman por cerrar las carreteras y aislar al país como única forma de castigar al sector económico.

Este paro está programado para la semana que hoy empieza y tiene tres peticiones concretas: la restitución inmediata del fiscal Juan Francisco Sandoval y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y del presidente Alejandro Giammattei. “Vamos a demostrar que los pueblos unidos sabremos imponer lo que queremos: un país inclusivo. Desde ya pedimos disculpas por las acciones de hecho a cada ciudadano trabajador o emprendedor por los inconvenientes que les causaremos, pero solo de esa forma el gobierno entenderá”, se lee en un comunicado de los 48 Cantones de Totonicapán. En las primeras horas del lunes darán detalles de cómo se realizará la protesta.