Un pie y una mano por robar un móvil y 80 euros en Sudán

El 18 de mayo del 2020, alrededor de las 10 y media de la mañana, el sudanés Ahmed Tabaqi, un representante de ventas de una empresa de refrescos de cola, se detuvo con el coche de su compañía frente a una tienda de comestibles en el mercado central de Jartum para entregar un pedido. Enseguida se le acercó un grupo de jóvenes que dijeron querer echarle una mano, una ayuda que él declinó. Pasado un rato, uno de aquellos individuos cogió de todos modos uno de los paquetes que Tabaqi estaba transportando, y cuando este se encaró, otro le arrebató una bolsa en la que llevaba 41.700 libras sudanesas, unos 80 euros, y un móvil. Tabaqi no reaccionó porque en el grupo llevaban cuchillos y machetes.

A raíz de aquel incidente, el pasado 3 de junio un tribunal penal de Jartum, la capital sudanesa, condenó a Moaz Ismail, de 21 años, a la amputación de su mano derecha y su pie izquierdo, un castigo derivado de la ley islámica y recogido en el riguroso código penal sudanés, además de a una compensación económica. Más allá de la brutal condena, que de consumarse constituiría tortura, el fallo del tribunal reconoce que “no se ha probado” el hecho de que Ismail fuera armado con un cuchillo ni tampoco que se llevara el botín del robo, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Lo único probado, según el juez, es que el joven se encontraba con el grupo involucrado en el robo, y que se halló en su poder parte del dinero robado, dos elementos que considera suficientes para condenarlo. Samir Makin, miembro del equipo de asistencia jurídica del joven, defiende la inocencia de su representado y subraya el tiempo exiguo en el que se ha dictado la sentencia. El caso está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá examinar el veredicto, señala Mohamed Ezzat, otro miembro del equipo de asistencia jurídica.

La condena contra Ismail ha sido criticada por 25 grupos de la sociedad civil sudanesa, que consideran que remite el país a los momentos más oscuros de su historia. En un comunicado conjunto, acusan al Ejecutivo de transición de estar sometido a sentencias fundamentalistas, mantener leyes intimidatorias e inhumanas, y descuidar una reforma de la jurisprudencia religiosa para armonizar creencias islámicas y derechos humanos.

“[La condena] es totalmente esperable porque el Gobierno de transición no ha hecho ningún cambio significativo en el acto criminal y el marco legal que ha heredado de los tiempos del [dictador Omar Al Bashir, depuesto en 2019]”, señala Hala Al Karib, directora de la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África (SIHA), una de las organizaciones que se ha sumado a la campaña. “Los castigos corporales, amputación, crucifixión, flagelación, todos estos castigos crueles, inhumanos y degradantes siguen existiendo”, agrega, “así que era de esperar que un juez los utilizara, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de jueces siguen afiliados a la ideología del antiguo régimen”.

La polémica en torno a la sentencia de amputación contra Ismail se enmarca en el tenso proceso que atraviesa Sudán a medida que se enfrenta a y revisa la herencia legal del régimen islamista de Al Bashir y su predecesor, Gaafar al-Nimeiry, quien gobernó entre el 1969 y el 1985. En julio del 2020, el Gobierno de transición aprobó una batería de enmiendas legales que erosionaron este legado y expandieron tímidamente las libertades personales en el país, pero entre ellas no figuró la eliminación de castigos físicos, que se cimentaron. La revisión de este legado genera tensión entre una parte de su sociedad, que considera que las reformas no avanzan suficientemente rápido, y los nostálgicos del viejo régimen.

La activista Al Karib considera que la reticencia del Gobierno de transición puede deberse a que no quieren asumir la responsabilidad de realizar un cambio fundamental, o incluso a que un sector del Ejecutivo pueda identificarse con partes de la ideología islamista del régimen de Al Bashir. “Siguen hablando de que van a ratificar la Convención contra la Tortura [de Naciones Unidas], que requeriría cambios en el marco legal, pero no dan ningún paso. Han estado hablando de ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque con reservas muy serias, pero ni siquiera eso ha ocurrido”, observa. “Esas leyes existen”, sentencia, “y pueden utilizarse en cualquier momento”.