Irlanda del Norte se niega a perdonar el pasado

Fue el propio Boris Johnson quien, la pasada semana, defendió en la Cámara de los Comunes del Reino Unido una propuesta que sonaba bienintencionada, pero que ha provocado las sospechas y el rechazo de las formaciones políticas norirlandesas y del Gobierno de Dublín. El primer ministro británico anunciaba su intención de impulsar una ley que prohibirá la investigación penal de todos los delitos de sangre ocurridos antes de 1998 en Irlanda del Norte. Algo que, según él, “permitirá a esta provincia poder trazar una línea que deje atrás los años de los troubles (disturbios)”, como se conoce al periodo de conflicto armado y terrorismo que se extendió desde finales de los sesenta del siglo pasado hasta esa fecha.

“Yo he trabajado junto a la policía seis años en Irlanda del Norte, y he investigado a terroristas al frente de la Fiscalía General”, afirmaba el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno. “Una amnistía total, que incluya a los terroristas, es un error. Si queremos que las cosas avancen en Irlanda del Norte, lo primero que debe hacerse es hablar con las víctimas. Los políticos en Londres no pueden simplemente trazar una raya sobre los delitos de terrorismo u otros crímenes de sangre e imponer esa decisión a aquellos que más los sufrieron”, decía Starmer.

Hay una sospecha generalizada, entre los principales actores del delicado equilibrio que supone sostener la paz en esa región, de que Johnson actúa más preocupado por las presiones del ala dura del Partido Conservador que por una voluntad honesta de pasar página en Irlanda del Norte. De los 1.130 casos que la policía mantenía abiertos a finales de 2019, 583 son atribuidos presuntamente al IRA, la organización terrorista republicana; pero 289 señalan directamente al ejército británico. La derecha británica se comprometió, en su último programa electoral, hace dos años, a “acabar con las demandas legales vejatorias que socavan a las Fuerzas Armadas e impiden su capacidad de combatir guerras”, bajo el argumento de que la ley que rige en tiempos de paz no puede ser la misma que rija en tiempos de guerra.

La nueva ley, de seguir adelante, no estará lista hasta finales de año. Y el Gobierno irlandés, parte fundamental en la forja de la paz con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, se ha conjurado para evitar ese borrón y cuenta nueva perseguido por Downing Street. “Es necesario que alguien responda por los asesinatos y el quebranto de la ley que tuvieron lugar durante el tiempo de los troubles”, ha respondido a la propuesta Simon Coveney, el ministro de Exteriores irlandés. “Las familias se merecen la verdad y se merecen que haya justicia”.

La nueva ley, anunciada finalmente la semana pasada en el Parlamento británico por el ministro para Asuntos de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, camuflaría su pretensión de una amnistía general ―“las generaciones actuales y futuras estarían condenadas a un clima de división y a que no hubiera reconciliación si el Gobierno no actúa”, llegó a decir Lewis― con una serie de medidas compensatorias.

Se crearía una nueva comisión de investigación para aclarar lo ocurrido, a semejanza de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que puso en marcha Sudáfrica después de dejar atrás el apartheid. Y se impulsaría un proyecto para recabar la historia oral de décadas de sufrimiento. Aunque el nuevo organismo, según asegura Lewis, tendría libre acceso a todos los documentos oficiales del Gobierno que solicitara, y capacidad para recabar el testimonio de testigos, las familias de las víctimas dudan de que nadie tenga interés en contar la verdad si no está sometido al poder coercitivo de la ley penal.

“La memoria de los asesinatos se vuelve cínicamente selectiva. Muchos conservadores, y la prensa conservadora, quieren amnistía para los soldados británicos que dispararon a civiles desarmados, pero no para los paramilitares que hicieron exactamente lo mismo”, denuncia el periodista y escritor irlandés Fintan O’Toole. “El Sinn Féin [durante décadas, el brazo político del IRA] denuncia la impunidad de esos soldados, pero glorifica los asesinatos masivos del IRA. Unionistas respetables señalan la ambivalencia del Sinn Féin, pero dan credibilidad política a los paramilitares que causaron muertes sectarias”, dice.

Las asociaciones de familiares de víctimas han expresado su rabia ante el anuncio del Gobierno de Johnson, que ha tenido la rara habilidad de suscitar el consenso de todas las formaciones políticas de Irlanda del Norte y de las principales organizaciones humanitarias. “Dígame, señor primer ministro, si uno de sus seres queridos hubiera sido destrozado hasta el punto de no poder ser reconocido, o si solo pudiese saber que era su hijo o su hija por las huellas dactilares (...), ¿estaría de acuerdo en que se impulsara una ley tan obscena?”, ha denunciado Julie Hambleton. Su hermana Maxine fue una de las 21 personas asesinadas por una bomba del IRA en un pub de Birmingham en 1974.

En un intento por resucitar el espíritu que impulsó el Acuerdo de Viernes Santo y refrescar un ambiente que comenzaba a caldearse de nuevo, los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido, junto a las principales fuerzas políticas de Irlanda del Norte, firmaron en 2014 el llamado Acuerdo de la Cámara de Stormont (el área de Belfast donde se encuentra el edificio de la Asamblea Autónoma). A la hora de abordar el legado de la violencia, se quiso promover la reconciliación, y situar a las víctimas y a sus familias en el centro de cualquier decisión, pero también a respetar en todo momento “el imperio de la ley”. Al atar las manos de la policía norirlandesa e impedir que puedan llevar adelante sus investigaciones, el Gobierno de Johnson se muestra dispuesto a saltarse, una vez más, otro de los compromisos que firmó en torno a la región más atormentada del Reino Unido.