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La gran reforma electoral de los demócratas se estrella contra los republicanos en el Senado de EE UU

La ley queda condenada a muerte por el filibusterismo que obliga a tener 60 votos para aprobar la legislación

La vicepresidenta Kamala Harris habla con la prensa tras el fracaso en la votación del Senado para pasar a debatir la Ley del Pueblo.
La vicepresidenta Kamala Harris habla con la prensa tras el fracaso en la votación del Senado para pasar a debatir la Ley del Pueblo.JOSHUA ROBERTS (Reuters)

No hubo sorpresa alguna. El voto se partió en el Senado en dos partes iguales, 50 votos demócratas y 50 votos republicanos. La gran reforma electoral a la que aspiraba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, moría incluso antes de comenzar su debate. Si hubo un momento para el aplauso en las filas demócratas fue cuando se supo, finalmente, la decisión del senador por Virginia Occidental Joe Manchin de unirse a sus compañeros para dar el “sí” a proceder con el debate de la norma.

Con la resolución de Manchin, quien por la mañana hablaba por teléfono con Biden, se lanzaba un mensaje poderoso: El Partido Demócrata estaba unido. Ese era el mismo mensaje que quiso recalcar la vicepresidenta, Kamala Harris, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, una vez que se concluyó la votación. “El derecho a votar no es de republicanos o demócratas”, declaró Harris, que de forma inusual presidió la votación debido a su cargo. “Es el derecho a votar del pueblo americano”.

Schumer mostraba su enfado y decepción con la bancada republicana al no haber sido capaz de extender una rama de olivo ante tan importante legislación. El senador por Nueva York advertía a la oposición de que lo sucedido esta noche en el hemiciclo era “el disparo de salida, no el final de la carrera”. Para la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, “la pelea no se ha terminado”.

Sea como fuere, la gran reforma electoral, la mayor desde hace ocho décadas, quedaba herida de muerte. El deseo de acabar con las restricciones impuestas por los republicanos en varios Estados, con la aprobación de 18 leyes que limitan el sufragio de las minorías hispana y afroamericana, enfrenta a partir de ahora un viaje sin hoja de ruta clara. ¿Ahora qué?, es la gran pregunta sin clara respuesta.

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La votación para comenzar el debate sobre la llamada Ley del Pueblo venía ya precedida de polémica. Durante un encendido discurso el pasado lunes en el Capitolio, Chuck Schumer quiso exponer la embestida de los republicanos al negarse incluso a debatir sobre esos derechos. “¿Nos dejarán nuestros compañeros republicanos al menos debatir?”, declaró el senador. “Este es el único asunto que está sobre la mesa por decidir mañana [por el martes], y creo que estamos a punto de averiguar cómo mis colegas republicanos contestarán a esa pregunta”, cerró Schumer su discurso. No se equivocó el líder de la mayoría en la Cámara Alta.

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El proyecto de ley en el Senado, que fue aprobado por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes el pasado marzo, hubiera facilitado a las personas inscribirse para votar, requerido a los Estados que se pudieran celebrar elecciones anticipadas al menos 15 días antes de la jornada electoral y hubiera entregado la redistribución de los distritos sobre los que se vota a comisiones no partidistas en lugar de a las legislaturas estatales.

Para los republicanos, la Ley del Pueblo se trata exclusivamente de un abuso de poder partidista de los demócratas y una extralimitación federal en los sistemas electorales de los Estados, que podrían llegar a impugnarla ante los tribunales. Hasta pasado el mediodía de este martes, a la lucha contracorriente del caucus demócrata se sumaba la batalla dada contra la norma por un miembro de su propio grupo, el senador Manchin, cuyo voto era definitivo, no tanto para que la ley pasará a ser debatida si no por la imagen de unidad que mostraba el partido en el poder

A principios de este mes, Manchin había dejado muy clara su postura en un artículo de opinión publicado en el diario de la capital de Virginia Occidental, Charleston Gazette-Mail, explicando por qué planeaba votar en contra de la Ley para el Pueblo. Entonces, para el demócrata más republicano de Washington, frente a la fuerte polarización en el país, se hacía necesario avanzar en forzar pactos y restaurar una agenda bipartidista. Horas antes de la votación del martes, el senador demócrata por Georgia Raphael Warnock declaraba que se estaban manteniendo conversaciones “productivas” entre los demócratas, pero no aclaró si Manchin había llegado a un acuerdo con su partido. Lo que finalmente sucedió.

La única opción con la que contaban los demócratas para aprobar la Ley del Pueblo sería eliminando o modificando el conocido como filibusterismo. Con la evolución de la técnica del filibusterismo evolucionada y su teatralidad casi desaparecida, este método se escenifica en el Senado contemporáneo con una Cámara en la que las leyes se aprueban por una mayoría cualificada de tres quintos, por lo que el umbral de votos para romper un obstruccionismo legislativo se sitúa en los 60 votos.

Los demócratas buscan acabar con esa práctica desde que obtuvieron una estrecha mayoría tras las elecciones de 2020 y, por supuesto, argumentaban antes de la votación del martes que sin lugar a dudas ayudaría a defender su caso. Pero el senador Manchin vuelve a ser un importante escollo, ya que considera que lo que sus compañeros de partido buscan es “demonizar el obstruccionismo e ignorar convenientemente cómo en el pasado ha sido un mecanismo fundamental para proteger los derechos de los demócratas”.

A la cruzada de Manchin contra el filibusterismo se ha unido en esta ocasión la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, quien en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en la víspera de la votación, advertía a su partido que “se perdería mucho más de lo que se ganaría” al eliminar el umbral de los 60 votos. “A todos aquellos que quieran eliminar el obstruccionismo legislativo para aprobar la Ley Para el Pueblo les preguntaría: ¿Sería bueno para nuestro país si lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si la legislación que se propone ahora es rescindida en unos años y reemplazada por una ley nacional que identifique a los votantes?”, se preguntaba Sinema.

Dieciocho Estados han promulgado más de 30 leyes que restringen el derecho al voto desde las elecciones presidenciales de 2020, cuando la tasa de participación fue la mayor en 120 años: un 67% del electorado ejerció su derecho al voto y otorgó la presidencia a Biden. Con esas cifras en mente, los republicanos desean un endurecimiento de las leyes de votación con los ojos puestos, al igual que los demócratas, en las legislativas de 2022, cuando habrá que renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 puestos en el Senado, ahora en manos demócratas y que los republicanos aspiran a arrebatar entonces.

En EE UU, cada Estado fija sus propias normas sobre el sufragio. Durante la pandemia, muchos territorios flexibilizaron los requisitos para votar por correo o por adelantado, lo que contribuyó a ese récord de participación de 2020 y alimentó teorías de conspiración entre Trump y sus seguidores sobre un supuesto fraude masivo en las urnas. Por ejemplo, la ley aprobada en Georgia acorta los plazos para votar por adelantado, elimina centros electorales y hasta penaliza dar agua o comida a quienes esperan en fila para ejercer su derecho.

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Sobre la firma

Yolanda Monge
Desde 1998, ha contado para EL PAÍS, desde la redacción de Internacional en Madrid o sobre el terreno como enviada especial, algunos de los acontecimientos que fueron primera plana en el mundo, ya fuera la guerra de los Balcanes o la invasión norteamericana de Irak, entre otros. En la actualidad, es corresponsal en Washington.

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