Cronología de un crimen contra la prensa en Nicaragua

En la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios de comunicación independientes que dirijo desde hace 25 años. No hubo una resolución judicial o administrativa para justificar la agresión, aunque conocemos que sí existió una orden política no escrita del Jefe Supremo de la Policía, el presidente Daniel Ortega.

En el asalto se robaron todas nuestras computadoras, cámaras y editoras de televisión, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales y toda nuestra información privada en formato físico y digital. Un día después, la Policía regresó para ocupar nuestra redacción de forma permanente, y en la víspera de Navidad asaltó el canal 100% Noticias, donde capturaron a su director, Miguel Mora, y a la directora de prensa, Lucía Pineda. Mis colegas fueron encarcelados durante seis meses y sometidos a un juicio político, acusados de “terrorismo” e “incitación al odio”, por ejercer el periodismo.

Con la criminalización del ejercicio del periodismo, la dictadura familiar que encabezan Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, culminó una escalada de ataques contra la prensa independiente que se inició durante el estallido de las protestas cívicas de abril de 2018, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles, armadas con sus teléfonos celulares y la bandera nacional, para demandar la renuncia de los gobernantes y elecciones anticipadas. La respuesta de la pareja presidencial fue desatar una represión letal que dejó más de 325 muertos, todos en la impunidad, centenares de presos políticos y más de 100.000 exiliados. El periodismo independiente se convirtió para el régimen en un “enemigo” a aplastar, imponiendo la censura y agresiones físicas contra medios y periodistas, hasta culminar con la aprobación de leyes represivas para reforzar un estado policial que ya conculcó por las vías de hecho las libertades de reunión y movilización, y las libertades de prensa y de expresión.

El primero de enero de 2019, me vi obligado a salir al exilio con mi esposa, para proteger mi integridad física y poder seguir haciendo periodismo en libertad desde Costa Rica. Con nuestras oficinas ocupadas por la policía, la redacción de Confidencial se disgregó entre Managua, bajo persecución, San José, Miami, México y San Salvador, pero nunca dejamos de hacer periodismo.

Once meses después, a finales de 2019, regresé a Nicaragua sin ninguna garantía a reclamar mis derechos, ejerciendo el periodismo. Durante todos estos años, la Corte Suprema de Justicia admitió tres recursos de amparo en los que le solicitamos que ordenara el cese de la ocupación. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demostraban la ilegalidad, se venció el plazo de ley y la Corte nunca falló.

Finalmente, el 22 de diciembre de 2020, el régimen anunció por las vías de hecho, mediante la instalación de un rótulo, la confiscación ilegal de la propiedad al asignársela al Ministerio de Salud en abierta violación a la ley y la Constitución Política. Hace unas semanas, el martes 23 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud instaló una “Casa Materna” en la redacción de Confidencial y Esta Semana. Donde funcionaba el canal 100% Noticias inauguraron tres días después un “Centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y drogadicción”.

Con estas publicitadas “obras de salud”, que se presentan ante los partidarios del régimen como un acto de generosidad del “comandante y la compañera”, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación independientes, ejecutado manu militari, y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos. En realidad, se trata de un burdo intento de “lavar” un crimen de Estado contra las libertades de prensa, expresión y asociación. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política que de forma taxativa establece que en Nicaragua “está prohibida la confiscación de bienes”.

Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado “lavar” su crimen, encubriendo el cierre de un medio de comunicación como si los servicios de salud que está obligado a proveer el Estado, fuesen una dádiva del sistema Estado-partido-familia. Pero los gobernantes dejaron su huella inconfundible en la escena del crimen. En la redacción de Confidencial, donde durante más de dos décadas los periodistas debatíamos sobre cómo contar historias para investigar el poder y la corrupción, haciendo periodismo en libertad, ahora impusieron las fotografías tamaño gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, símbolo de censura y dictadura, con su omnipresente color rosa chicha.

Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa que ahora está a la vista de todos. Recurrieron a la fuerza bruta para cerrar un medio de comunicación independiente, pero no pudieron confiscar el periodismo ni callar a Confidencial.

Nunca, ni el día del asalto policial en 2018 ni al consumarse ahora la confiscación ilegal, hemos dejado de informar y fiscalizar al poder. Nuestra redacción no está dentro de las cuatro paredes de una oficina confiscada, sino en las mentes y los corazones de los reporteros, en el compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura.

Pero la resistencia de Confidencial no sería posible sin el respaldo de las audiencias que sostienen la credibilidad de nuestro medio. En un país donde desde hace más de una década el autoritarismo hizo colapsar el estado de derecho y las instituciones democráticas, el periodismo es la última reserva de las libertades y su única defensa radica en la confianza de los lectores. Gracias a los ciudadanos, y a los usuarios de las redes sociales, estamos derrotando la censura oficial.

Aún falta, sin embargo, enfrentar los demonios de la intimidación y la autocensura que permean en todos los sectores de la sociedad, para vencer el miedo y ganar la batalla por la verdad. Solo así podremos despejar el camino hacia un verdadero cambio democrático. Y más temprano que tarde, vamos a contarles la gran historia del siglo XXI: el final de la última dictadura de la historia de Nicaragua, para iniciar la construcción de una nueva República en democracia, con justicia y sin impunidad.