El Reino Unido y la UE se atascan en el protocolo de Irlanda

El hombre que negoció en nombre de Boris Johnson la recta final del Brexit con la UE, David Frost, advirtió esta semana en la Cámara alta del Parlamento británico que Londres y Bruselas no han llegado aún al “momento gin-tonic”. “Todos sabemos que al despegar aumentan las turbulencias. Solo al llegar a una altitud de crucero puedes quitarte el cinturón de seguridad, y disfrutar de un gin-tonic y unos cacahuetes. Aún no estamos ahí, pero tengo confianza en que llegaremos a ese punto”, explicó Frost a los lores que forman parte de la comisión parlamentaria para la Unión Europea. Acompañó Frost a su jefe, Michael Gove, el ministro que tiene la máxima responsabilidad en Downing Street en todo lo que concierne a la nueva etapa, con la salida definitiva del Reino Unido de las instituciones comunitarias. Gove se reunirá este jueves en Londres con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic para intentar de nuevo rebajar la creciente tensión en Irlanda del Norte. Ambos presiden el comité conjunto de supervisión del Acuerdo de Retirada.

Aunque se anuló de inmediato, la precipitada decisión de la UE de invocar un mecanismo de seguridad del protocolo de Irlanda para controlar las exportaciones de vacunas desde la república (territorio comunitario) al espacio norirlandés de la isla (territorio británico) provocó la ira de todos los partidos políticos, especialmente de los unionistas del DUP. Fue la espita por la que salió a la luz la tensión acumulada durante semanas de controles aduaneros y sanitarios que no existían antes del Brexit. Aparecieron en los alrededores de los puertos de Belfast y Larne pintadas amenazadoras contra los trabajadores norirlandeses y comunitarios que realizaban los controles ganaderos y fitosanitarios de las exportaciones.

El Gobierno autónomo y la UE retiraron temporalmente a sus empleados, por razones de seguridad, aunque a principios de esta semana volvieron a sus puestos. El daño, en cualquier caso, ya estaba hecho. La ministra principal norirlandesa y líder unionista, Arlene Foster, arremetió en duros términos contra un protocolo que nunca gustó a su formación y por el que se sintieron traicionados por Downing Street. El precio que tuvo que pagar Johnson para alcanzar su anhelado acuerdo del Brexit a finales de 2019 fue dejar que Irlanda del Norte siguiera dentro del espacio aduanero y el mercado interior de la UE. No habría frontera entre las dos zonas de la isla, para evitar que resurgieran conatos de violencia como los vividos durante décadas. A cambio, la nueva frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea se establecería en el mar de Irlanda. Pero los necesarios controles físicos se realizarían en tierra. Y han sido esas instalaciones las que han sufrido las amenazas y el boicot. No han sido obra de antiguas fuerzas paramilitares, ha asegurado la policía norirlandesa, pero han bastado para provocar nervios en Londres, Bruselas, Belfast y Dublín.

Downing Street aprovechó en su beneficio la tensión latente. Gove escribió una dura carta, la semana pasada, a su homólogo Sefcovic, en la que exigía mayor flexibilidad y un periodo de tregua para ciertas transacciones comerciales, como la carne congelada, los servicios de paquetería y las medicinas. “Esperaba una respuesta firme, pero la reacción ha sido mucho más negativa de lo previsto”, aseguró en el texto. “Entre todos los partidos políticos, la sociedad civil y las organizaciones empresariales de Irlanda del Norte se ha vivido una sensación de conmoción y rabia”. Gove pedía más cintura a Bruselas, mientras Johnson se reservaba el gesto de autoridad. “Haremos todo lo que necesitemos hacer, bien con nuevas leyes o incluso invocando nosotros el artículo 16 del protocolo, para evitar que existan barreras en el mar de Irlanda”, aseguró el primer ministro este miércoles en la Cámara de los Comunes.

El Gobierno británico no va tan lejos como los unionistas del DUP, que reclaman la anulación del protocolo, pero ha aprovechado el clima revuelto para exigir una revisión completa del acuerdo, en la que incluye una extensión del periodo de gracia hasta junio de 2023. Muy lejos de lo que Bruselas, y el propio Gobierno de Dublín, están dispuestos a contemplar. En un intento por salvar una situación que puede acabar descarrilando, Sefcovic accedió a poner su firma al lado de la de Gove en un comunicado conjunto en el que se comprometía a seguir dialogando “el desarrollo apropiado del protocolo para proteger las ganancias del proceso de paz [en Irlanda del Norte], mantener la estabilidad en la zona y evitar cualquier disrupción del día a día de los habitantes o una frontera dura en la isla de Irlanda”.

“El protocolo no está funcionando en estos momentos, pero podemos hacer que funcione. No es necesario liquidarlo para resolver estos problemas”, aseguró Gove a los lores en su comparecencia del lunes. Londres y Bruselas deberán buscar una solución compleja que calme los nervios de los unionistas, respete un acuerdo que necesitó años de negociación y no soliviante a la otra parte del conflicto: los norirlandeses republicanos del Sinn Féin. La idea de mantener abierta la frontera con el resto de Irlanda mientras aumentan las trabas para comerciar con el Reino Unido juega a largo plazo a favor de sus aspiraciones políticas de reunificación.