Penas de cárcel para los participantes en los disturbios de los Países Bajos

Un joven de 19 años, vecino de la localidad de La Haya, en los Países Bajos, pasará dos meses en la cárcel por lanzar adoquines contra un autobús policial. “Lo lamento mucho, estoy muy avergonzado, no me reconozco en esto”, le dijo al juez. Un hombre de 35, de Breda, estará encerrado el mismo periodo de tiempo por incitar a la violencia. A otro más, de 46, se le ha impuesto una pena de 90 días, de los cuales pasará la 30 en prisión y el resto en libertad condicional. Es bastante inusual que los jueces holandeses dicten condenas tan duras por altercados de orden público, en ausencia de antecedentes penales previos, pero la gravedad de los disturbios por el toque de queda en plena pandemia ha obligado a tomar medidas excepcionales acordes con la situación, la peor que vive el país en 40 años con un Gobierno en funciones y en plena precampaña.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha empezado a confiscar cuentas bancarias y automóviles con el objetivo de que los alborotadores paguen por los destrozos causados. Aunque todo se ha desarrollado muy rápido, las imágenes captadas durante los altercados, unidas a las pistas proporcionadas por la ciudadanía, arrojan ya un retrato de los exaltados. Bajo la bandera de las protestas por el toque de queda, hay manifestantes contrarios a la limitación de movimientos entre las 21.00 y las 04.45, ultraderechistas, negacionistas, agitadores profesionales y muchos jóvenes gregarios, en gran parte veinteañeros y también un número llamativo de adolescentes entre 14 y 15 años, sin afiliación política, que van a mirar por curiosidad y se dejan arrastrar por los acontecimientos.

Aunque fuentes policiales califican la noche del martes al miércoles como “más tranquila”, hubo 131 detenciones. En total, hay unos 600 detenidos. Willem Woelders, jefe de operaciones de la policía, ha asegurado que, a partir del lunes, la situación cambió en las calles del país, pero que las fuerzas del orden no pueden bajar la guardia porque temen que los disturbios vuelvan a reproducirse en los próximos días. Han aumentado la vigilancia en las redes sociales y movilizado la ciudadanía para evitar una escalada igual a del pasado fin de semana, en la que toda esa amalgama de grupos diversos coincidieron y las redes sociales se llenaron de mensajes convocando a saltarse el toque de queda de distintas formas. Unos se citaban para protestar y otros dejaban claro en Internet que no se pondrían freno.

El lunes y el martes, los manifestantes pacíficos habían desaparecido de las calles. Quedaban los demás, centenares de encapuchados, proyectil y teléfono móvil en mano, que sembraron la calzada de cristales y saquearon comercios. La noche del martes empezó a notarse la reacción del resto de la ciudadanía, que respeta de forma mayoritaria el toque de queda. En un acto espontáneo, buena parte de los vecinos se comportaron de forma cívica. Había seguidores de MVV, el club de fútbol de Maastricht, granjeros del este del país que ofrecían sus tractores a la policía para bloquear las calles y evitar incidentes, o simplemente, gente que intentaba dialogar con los jóvenes exaltados en la estación de ferrocarril de Bijlmer Arena, en Ámsterdam, junto al estadio del Ajax. Las fuerzas del orden agradecieron el esfuerzo, pero el control de la situación les correspondía a ellos. Con todo, fue la primera vez que pudo verse cómo un abultado número de ciudadanos no estaba dispuesto a dejar que su entorno fuera pateado por otros, según señaló el criminólogo Henk Ferwerda.

El toque de queda fue acordado por el Congreso, anunciado y aplicado en apenas tres días, y es posible que no haya habido tiempo de digerir una medida que recorta libertades fundamentales en un país que tiene a gala respetarlas, e ir incluso más allá con leyes a veces pioneras en el resto del mundo: desde legalizar el consumo de marihuana en los famosos coffeeshops (1976) a aprobar el matrimonio homosexual (2001). Ahora, y mientras la policía sigue en guardia, el Gobierno ha preparado un fondo para ayudar a los comerciantes víctimas de pillaje. Para una de ellas, Maaike Neuféglise, que se ha quedado sin quiosco el lunes en cuestión de minutos en la ciudad de Den Bosch, una campaña popular de recogida de dinero suma ya 100.000 euros.