El asesinato de Soleimani abre un debate jurídico en Estados Unidos sin reglas ni precedentes claros

La sorpresa inicial por el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimani está dejando paso a un incipiente debate jurídico sobre el encaje de esta acción, primero, en los difusos límites de la “guerra contra el terrorismo” que Estados Unidos inventó hace casi dos décadas, y segundo, en la estrategia del país en Oriente Próximo. El marco del debate es tratar de definir si se trata de un “acto de guerra”, como han criticado algunos demócratas, o una represalia contra un terrorista, el argumento de la Casa Blanca, que asegura que Soleimani era una amenaza inminente contra objetivos estadounidenses.

“No necesitamos que este presidente nos meta en una guerra de forma chapucera e impulsiva”, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, pidió en una entrevista en The Washington Post que se abra una serie de comparecencias para analizar la decisión de matar a Soleimani y las amenazas de Trump en Oriente Próximo. Schiff se mostró escéptico con la explicación de la Casa Blanca sobre supuesta información de inteligencia que justificaba el asesinato. La comparación más habitual entre los críticos es que, a pesar de los crímenes de Soleimani, se trata del número dos del régimen iraní. El equivalente sería que otro país hubiera matado al vicepresidente de Estados Unidos durante un viaje oficial.

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La decisión de Trump ha puesto sobre la mesa de una manera especialmente cruda el debate latente y no resuelto desde hace dos décadas sobre la “guerra contra el terrorismo”, el marco legal creado por la Administración de George W. Bush para responder a los ataques del 11 de septiembre de 2001. El eje básico de esta nueva forma de hacer la guerra era aumentar los poderes discrecionales de la Casa Blanca y crear la calificación de “combatiente enemigo”. Las guerras del siglo XXI ya no iban a ser contra países, sino contra personas concretas motivadas por una ideología fanática. Bajo estas directrices, se creó la prisión extrajudicial de Guantánamo, más decenas de prisiones ilegales de la CIA por todo el mundo, y se autorizaron los programas de tortura. Las guerras, sin embargo, siguieron siendo relativamente convencionales, con la invasión de Afganistán, en 2001 e Irak, en 2003.

La Casa Blanca aún no ha ofrecido una explicación jurídica en público de sus argumentos para matar a Soleimani. A través de los medios, la Administración trata de hacer encajar el asesinato de Soleimani en un marco conceptual ya aceptado por el público: se trataba de un terrorista y además estaba preparando ataques inminentes contra intereses norteamericanos. El problema es que el terrorista era, además, jefe del ejército de otro país. Los demócratas están empezando a cuestionar la supuesta información de inteligencia sobre los planes inmediatos de Soleimani, que la Casa Blanca no ha revelado. Incluso dentro de los amplios márgenes que se ha dado a sí mismo Estados Unidos para matar en el extranjero, Trump ha logrado entrar en terreno inexplorado.

El presidente Bush autorizó alrededor de 50 asesinatos selectivos de personas declaradas enemigas de Estados Unidos. Como recuerda en The New York Times Karen Greenberg, directora del Centro de Seguridad Nacional en la Universidad de Fordham, fue la presidencia de Barack Obama la que expandió el uso de esta arma legal. Durante su presidencia no se iniciaron guerras, pero EE UU lanzó cientos de ataques en los que murieron miles de supuestos terroristas y civiles. El más conocido, el asesinato de Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda y director de los atentados del 11-S, en mayo de 2011. En la práctica, por decisión propia Estados Unidos puede matar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sea una zona de conflicto o no, si la considera una amenaza inminente. Está tan asumido que forma parte de los guiones de televisión.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional (CPI), y rechaza que este organismo tenga jurisdicción sobre cualquier país que no lo haya pedido expresamente. Recientemente ha elevado su enfrentamiento con la CPI al negar visados a los miembros de la Corte que participen en investigaciones sobre actos cometidos por estadounidenses, especialmente en Afganistán.

La indefinición legal de la “guerra contra el terrorismo” fue deliberada para lidiar con una nueva forma de amenaza. Pero en algún momento, la expansión de ese criterio pisaría líneas rojas en la comprensión de la ciudadanía. Barack Obama se enfrentó a las primeras cuestiones serias del público cuando ordenó el asesinato selectivo de Anuar El Aulaki, ideólogo de Al Qaeda en Yemen. El Aulaki era ciudadano norteamericano y por tanto no caía en la indefinición legal de “combatiente enemigo”.

Cualesquiera que fueran sus crímenes, como ciudadano de EE UU tenía derechos constitucionales y fue asesinado sin cargos y sin juicio por orden del presidente, lo que abrió un debate legal inesperado cuando se inició esta práctica. A pesar de las críticas, la condición de terrorista declarado de El Aulaki creó el consenso en el ámbito político, aunque las organizaciones de derechos civiles denunciaron el peligroso precedente.

La decisión de Trump cruza una nueva línea roja en una forma de actuar en el mundo que, básicamente, no tiene más reglas que lo que quiera hacer el presidente de Estados Unidos. Soleimani podía ser un enemigo, incluso sus actividades se pueden calificar de terroristas sin demasiado debate, pero es evidente que se trata de un alto cargo de otro país, no de un “combatiente enemigo” indefinido.

Según Los Angeles Times, la Casa Blanca está usando como precedente en su argumentario la muerte del almirante japonés Isoroku Yamamoto, el cerebro del ataque de Pearl Harbor. En 1943, el avión en el que viajaba Yamamoto fue abatido sobre el Pacífico por cazas norteamericanos. La Administración elude el pequeño detalle de que EE UU y Japón estaban oficialmente en guerra. Existen otros episodios que podrían servir como base para matar a Soleimani, como los intentos de la CIA durante años por matar a Fidel Castro. En 1986, EE UU atacó Libia para matar a Muammar El Gadafi. Siempre ha fracasado, lo que hace que no haya precedentes.