La adolescente latina que le plantó cara a Trump para proteger de la deportación a más de 300.000 migrantes

Crista Ramos se define como una adolescente tímida, pero hace casi tres años su deseo de defender a su madre ante una posible deportación a El Salvador le llevó a alzar la voz por ellos donde hiciera falta. Hoy, con 17 años, ya le ha contado la historia de su familia al Papa en Roma y a congresistas en Washington, y es la principal demandante de una petición ante la justicia para restituir el programa de estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ofrece acogimiento provisional para vivir y trabajar en Estados Unidos a varios centenares de miles de personas de seis nacionalidades que, como su madre, llevan décadas en Estados Unidos. Donald Trump quiso acabar con el programa en 2018 y Crista le ha plantado cara con una demanda para evitar la deportación de unos 300.000 migrantes (en total, el TPS beneficia a unos 400.000).

“Cuando Trump terminó con el TPS en 2018, yo tenía 14 años. Yo no sabía lo que era, pero mi mamá me contó que le dio la oportunidad de vivir en este país y poder trabajar y en ese momento me dijo que no sabía qué iba a pasar con nuestra familia”, recuerda Ramos desde la ciudad de San Pablo, en California. Aquella conversación convirtió a la niña que hasta entonces estaba centrada en la escuela y en sus prácticas de fútbol en una activista dispuesta a llamar a todas las puertas para evitar que deportaran a su madre. “Me hice más activa en mi comunidad. Todavía soy un poco callada, pero antes era muy callada y he tenido que madurar un poco más y hablar con la gente sobre lo que está pasando con mi familia. Hay más de 250.000 niños [nacidos en EE UU y con la nacionalidad] en esta situación y por eso he tenido que hablar, no solo por mi familia, sino por las de los que están en la misma situación”, cuenta la joven.

Su madre, Cristina Morales, salvadoreña, llegó a Estados Unidos sin documentos en 1993. Tenía solo 12 años y huía de un padre maltratador que le hizo poner rumbo al norte en busca de una vida libre de violencia. Ocho años después, en 2001, el Gobierno de George W. Bush aprobó el TPS, un acogimiento provisional para los salvadoreños indocumentados en el país, después de que el Estado centroamericano sufriera dos devastadores terremotos. Con ese beneficio, que EE UU ha otorgado desde los años noventa a migrantes de distintos países donde se han producido guerras o desastres naturales, Morales evitaba una posible deportación y podía trabajar legalmente. Así pudo desarrollar su carrera como asistente de maestra en una escuela, establecerse en el país y tener a sus dos hijos: Crista, de 17 años, y Diego, que hoy tiene 15.

Un Gobierno tras otro renovó el TPS para El Salvador, entre otros países. Morales podía trabajar, pero ese estatus no le daba una vía directa a la residencia permanente o la nacionalidad, ya que una decisión así debe pasar por el Congreso, algo que en estos años no ha sido una prioridad en Washington. Por eso, cuando en enero de 2018 Trump anunció que cancelaba ese beneficio para los salvadoreños, la mujer de 39 años sintió que su vida se derrumbaba. “Fue un golpe muy duro para mí. En la escuela católica donde trabajo había niños llorando porque decían que les iban a separar de sus papás. ¿Cómo podía decir yo algo si estaba sintiendo el mismo dolor?”, recuerda la madre. Al llegar a casa, reunió a sus hijos y les contó la situación. “Yo les dije que ya no podíamos tener la misma vida porque teníamos que ver qué iba a pasar con el TPS y fue muy triste ver a mis hijos llorar. Pero, como nosotros creemos en Dios, les dije que íbamos a luchar juntos aunque quizás no íbamos a poder tener la tranquilidad de antes, pero que íbamos a buscar justicia”.

Ahí fue cuando Morales y su hija Crista recurrieron a grupos comunitarios y, con la ayuda de organizaciones como la Unión de Derechos y Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), demandaron al Gobierno estadounidense; concretamente a Kirstjen Nielsen que, como secretaria de Seguridad Interior de Trump en aquel momento, era la responsable de las políticas migratorias. Aunque la adolescente salvadoreña es la principal demandante en el proceso, en total fueron nueve beneficiarios del programa, entre ellos Cristina Morales, y cinco estadounidenses hijos de migrantes con ese estatus los que pidieron ante la justicia que se restituyera el TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán (unas 300.000 personas). Además, Honduras y Nepal también son beneficiarios de ese estatus (otros 100.000 migrantes más), pero pelean por sus derechos en otra demanda.

Una medida “racista”

En Ramos vs. Nielsen, los demandantes alegan que la medida es inconstitucional y que fue adoptada para imponer la “agenda antinmigrante y supremacista blanca” de la Administración de Trump, quien, poco antes de poner fin al TPS, se refirió a las naciones que recibían ese alivio como “países de mierda”. “Él violó la Constitución y el proceso administrativo, usó razones racistas y violó los derechos de los hijos de tepesianos [los beneficiarios del TPS] diciendo que tenían que escoger entre marcharse con sus padres o quedarse en su país de origen [ya que son estadounidenses al haber nacido en el país]”, explica Cal Soto, abogado de la organización NDLON. La demanda está ahora en una Corte del noveno circuito de la costa oeste y, pese a que una terna de jueces la desestimó en septiembre, los demandantes apelaron, lo que obligó al Gobierno de Trump a extender la vigencia del programa a principios de diciembre.

“Aunque perdamos el caso, nosotros de muchas maneras hemos ganado porque Trump quería cancelar este estatus hace cuatro años y ya sabemos ahora que han sobrevivido a la Administración de Trump todos los tepesianos y eso es un logro increíble”, apunta Soto. Y recuerda que, mientras esté en marcha el litigio en los tribunales, sus beneficios se mantienen. Eso da esperanza a quienes tienen ese estatus, especialmente porque el presidente electo, Joe Biden, ha prometido una solución permanente para indocumentados con alivios temporales como ellos. Sin embargo, una vía a la ciudadanía pasaría por que el Congreso apruebe una ley, por lo que es probable que sea necesario un consenso bipartidista.

“Yo he ido a Washington DC para hablar con congresistas sobre el TPS porque muchos no saben lo que es y hemos ido a pedir que aprueben un camino para la residencia permanente para los tepesianos. Están en un limbo y esta demanda solo nos está dando tiempo, pero no hay un paso concreto para ellos”, reconoce Crista Ramos. Para la joven, que Trump perdiera las elecciones fue un “alivio” porque él fue quien acabó con el TPS, pero sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer. “Esperamos que la nueva administración trabaje con nosotros o escuche las historias y nuestra situación y que hagan lo correcto y pasen una reforma”, afirma.

Las peticiones de la adolescente para que no la separen de su familia también llegaron a oídos del Papa. Fue en 2018 cuando viajó al Vaticano con una delegación de hijos de beneficiarios del TPS a la canonización del sacerdote salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y le habló de su situación. “Él nos dijo que migrar es un derecho humano, que no nos diéramos por vencidos y que iba a orar por nosotros. Fue una experiencia muy bonita que nunca voy a olvidar”, cuenta Ramos. Ahora, mientras espera la nueva decisión de la corte, completa su penúltimo año de secundaria, y ya está en el proceso de búsqueda de universidad. “Quiero estudiar relaciones internacionales. He pensado en ser abogada, trabajar en el Gobierno o en las Naciones Unidas. Tengo muchas ideas, pero sí sé que quiero ayudar a la gente”, afirma. “Y voy a seguir luchando por mi familia”.