El Salvador pide una solución permanente para sus ciudadanos

El Gobierno de El Salvador, a través del canciller, Hugo Martínez, afirmó que buscará todas las alternativas migratorias legales para evitar que casi 200.000 de sus compatriotas, así como igual número familiares, sean deportados de Estados Unidos tras el anuncio de Washington de suspender definitivamente el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), anunciado este mismo lunes por la Casa Blanca.

El TPS fue un programa otorgado por el presidente George W. Bush para ayudar a El Salvador después de haber sufrido dos terremotos en enero y febrero de 2001, que devastaron a la pequeña y empobrecida nación centroamericana.

Sin embargo, tras anunciar la suspensión del TPS, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (DHS, por sus siglas en inglés), otorgó la que sería la última prórroga o período de gracia para los salvadoreños inscritos en el beneficioso programa. Dicha prórroga fue establecida por 18 meses “a fin de que las personas afectadas” regularicen su situación de regresar a El Salvador o permanecer bajo otras figuras legales en Estados Unidos.

Martínez apuntó en conferencia de prensa, en conjunto con la embajadora de EE UU en San Salvador, Jean Manes, que la "prórroga" o "período de gracia" otorgada por Washington implica que "no habrá deportación de ningún salvadoreño inscrito en el TPS", antes del 9 de septiembre de 2019, lo cual dará tiempo a los afectados a buscar alternativas migratorias que les podrían favorecer.

También el jefe de la diplomacia salvadoreña agregó que la prórroga otorgada por 18 meses permitirá a El Salvador gestionar ante el congreso estadounidense (en la Cámara Baja y en el Senado) la posibilidad de que se emita una ley para que los beneficiarios que han perdido el TPS, así como sus familiares, obtengan una solución permanente, ya sea como residentes o ciudadanos.

Los salvadoreños inscritos en el TPS son 195.000, de los cuales también dependen familiares e hijos, cuyos cálculos sería aproximadamente otros 200.000, muchos de ellos hijos menores de edad nacidos en EE UU.

Tanto la embajadora Manes como el canciller Martínez reconocieron la labor y el aporte económico de miles de salvadoreños beneficiarios del TPS por casi 17 años, "la mayoría de los cuales tienen trabajos bien remunerados, pagan impuestos y tienen empresas, en especial, en el área de servicios".

Analistas locales han externado su preocupación con la suspensión por Washington de programas migratorios como el DACA (un programa que evita la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos) o TPS dado que los salvadoreños residentes en EE UU envían a El Salvador anualmente más de 4.500 millones de dólares, lo que representa el 17% del Producto Interno Bruto del país centroamericano y es equiparable también al Presupuesto General de la República.

Políticos de todos los signos han llamado a la sociedad salvadoreña a estar en “calma”, pero sobre todo a unirse a fin de buscar alternativas conjuntas para evitar situaciones catastróficas que significarían la deportaciones de miles de salvadoreños a un país que de por sí es calificado como uno de los más polarizados políticamente, además de uno de los más violentos del mundo por el pandillerismo.