Un mes después de las protestas en Perú, no hay responsables por los muertos y heridos

La organización Human Rights Watch ha recomendado al Gobierno de Francisco Sagasti que enjuicie a los agentes responsables de la represión policial —que causó dos muertos y cientos de heridos durante las protestas de noviembre en Lima—, y reformar el sistema disciplinario de la Policía Nacional “para garantizar independencia y transparencia”.

En un informe difundido este jueves, el organismo internacional pide dar prioridad “a las investigaciones sobre el rol que tuvieron las autoridades civiles y policías en las violaciones de derechos humanos”, ocurridas durante el interinato de Manuel Merino, el congresista que asumió como jefe del Ejecutivo durante seis días del mes pasado. El lunes 14 se cumplió un mes de las muertes por disparos de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado sin que haya imputados.

Merino fue la cabeza de varias bancadas parlamentarias, cuyos miembros son investigados por corrupción y lavado de activos, que promovieron la ‘vacancia’ por “incapacidad moral permanente” del expresidente Martín Vizcarra. La vacancia no equivale a un juicio político: si el Parlamento consigue 87 votos o más, puede echar al presidente. “Vizcarra había impulsado varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a esos legisladores”, anota el reporte de HRW.

Tras la votación a favor de la ‘vacancia’, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles en casi todas las regiones para protestar contra Merino. En la capital, las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por la policía. Ante las muertes del sábado 14 de noviembre y la desproporcionada violencia de la fuerza pública, Merino perdió apoyo político y renunció. Dos días después, asumió como nuevo presidente de transición Francisco Sagasti.

Actualmente hay tres investigaciones por los hechos de sangre de esa semana. Sin embargo, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para el continente americano de HRW, comenta que el sistema disciplinario en la Policía Nacional de Perú “carece de garantías básicas de independencia y transparencia”.

El equipo de Human Rights Watch entrevistó a 76 personas para elaborar su reporte y revisó 200 vídeos y otros documentos. Vivanco señala que los investigadores civiles del ministerio del Interior “no pueden visitar una instalación policial y obtener una copia de registros de munición o cualquier otra documentación en ese momento”. “Tienen que hacer pedidos de información por escrito y esperar. Eso puede dar lugar a que policías involucrados en irregularidades oculten información”, dice.

Si los investigadores civiles “concluyeran que agentes violaron el código disciplinario, su recomendación de sanción no es vinculante. Al final, quien tomará la decisión es el Inspector General de la policía, que es un teniente general: y podría determinar que no hubo violación disciplinaria o reducir la gravedad de la sanción”, explica Vivanco.

La prensa nacional e internacional ha preguntado al Gobierno de Sagasti acerca de dichas investigaciones en el sector Interior, pero no ha recibido respuesta. HRW reporta además que solo uno de los jefes policiales que condujo los operaciones de represión en Lima fue transferido a otra dependencia, pero el comandante general de la Policía, César Cervantes, no ha adoptado “medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en áreas donde fueron heridos o murieron manifestantes”.

Human Rights Watch también recomienda a la Policía “retirar de las calles” a los comandantes de unidades “implicados de forma creíble en abusos”. La organización ha documentado que la policía peruana en vez de disparar granadas de gas hacia arriba, verticalmente, lo hizo hacia el cuerpo de los manifestantes, contrariando sus propios manuales. Además, verificó que el 14 de noviembre, en un área de dos manzanas en el centro de Lima, la policía causó nueve heridos y la muerte de los dos jóvenes por perdigones de plomo. “Esto es un indicio importante de que el mismo contingente policial estaría implicado en todos los casos”, apunta el reporte.

La organización también informó que hubo por lo menos 57 detenciones arbitrarias o abusivas. Y alerta de que la potestad de la Policía Nacional de “intervenir” y poner en custodia a una persona con fines de verificar su identidad debe ser revisada, pues se usa arbitrariamente y da pie a malos tratos durante la detención. Además, la policía no tiene la obligación de mostrar a la Fiscalía los nombres de las personas “intervenidas”.

La institución defensora de derechos humanos recomienda al Gobierno de Sagasti entregar reparaciones a los deudos de los jóvenes fallecidos y a los heridos graves; este jueves, el Ministerio de Justicia publicó una norma que crea una comisión interministerial para asumir responsabilidades estatales respecto de dichos ciudadanos.