El Parlamento Europeo aprueba por abrumadora mayoría los presupuestos más ambiciosos de la UE

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles al marco presupuestario de la UE para 2021-2027, base del fondo de recuperación contra la covid, un esfuerzo conjunto de solidaridad de 1,8 billones de euros que marca un enorme salto político en la historia del club comunitario. Por primera vez en más de 60 años, la Unión se endeudará de manera masiva para inyectar cientos de miles de millones de euros en subsidios, sobre todo, en los países más afectados por la pandemia como España e Italia. El lanzamiento de las nuevas cuentas llega acompañado por un reglamento que, por primera vez, impondrá en la gestión de los fondos una condicionalidad ligada al respeto al Estado de derecho.

La revolución política y presupuestaria que supone el nuevo marco financiero plurianual (2021-2027) ha sido aprobada por una abrumadora mayoría del Parlamento, con 548 votos a favor, 81 en contra y 66 abstenciones. El acuerdo, que asciende a 1,8 billones de euros entre los presupuestos anuales y el fondo de recuperación, ha recibido el apoyo de los grupos popular, socialista, liberales y verdes.

“Estas tres palabras -razón, humanismo y libertad- están en el corazón de muchas de las decisiones históricas que estamos tomando en este año tan diferente de otros”, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el debate parlamentario en Bruselas previo a la votación. La presidenta ha animado a los europarlamentarios a respaldar las propuestas porque “están haciendo historia”. Y ha asegurado que el fondo de recuperación, bautizado NextGenerationEU, “puede conducir a la mayor transformación de la economía europea en décadas”.

La financiación de los 750.000 millones de euros del fondo convertirá a la Comisión Europea en una especie de Tesoro europeo con un volumen de emisión de deuda comparable al de Alemania o Francia. Los nuevos bonos europeos se perfilan ya como un activo imprescindible para los mercados financieros, un papel que compartirá e, incluso disputará, al bund alemán. La amortización del fondo durante 30 años (al menos hasta 2056) obliga a los 27 socios a compartir una hipoteca que, con toda probabilidad, desencadenará una mayor integración política, fiscal y económica. Y el desembolso del fondo de recuperación, supeditado a planes nacionales acordes con las prioridades comunitarias como la transformación digital o medioambiental, se perfila ya como el futuro modelo en la gestión de los fondos estructurales.

El histórico cambio ha llegado, en gran parte, forzado por una pandemia de covid-19 que se ha cobrado ya en Europa más de 375.000 vidas y ha provocado la mayor recesión económica en la historia de la UE. El sálvese quien pueda de la primera oleada de la pandemia, con el cierre de fronteras y el acaparamiento de material sanitario, dejó paso a una acción progresivamente concertada que ha fraguado en planes comunes de recuperación, adquisición conjunta de vacunas, traslado de pacientes de unos países a otros y apertura generalizada de los pasos fronterizos. Además, la inyección de recursos a través del fondo durante 2021 y 2022, sobre todo, se espera que palíe los daños económicos y que evite un resquebrajamiento del mercado interior.

“Son 1,8 billones de euros en solidaridad, en ningún otro sitio del mundo 27 países han decidido superar juntos la crisis”, ha señalado el líder de los populares, el eurodiputado alemán Manfred Weber. “Incluso los países más ricos han entendido que era necesario”, en alusión a un esfuerzo presupuestario que fue impulsado por Alemania y Francia, pero se topó, inicialmente, con la resistencia de los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Las objeciones fueron superadas en julio tras cinco días y cuatro noches de cumbre europea, una de las más largas en la historia de la Unión.

El acuerdo de los 27 Gobiernos de la Unión abrió el camino hacia un proceso legislativo que este miércoles queda prácticamente culminado con la votación en el Parlamento de una batería de proyectos legales (el reglamento del marco financiero; el acuerdo interinstitucional entre Parlamento, Consejo y Comisión sobre disciplina presupuestaria, o el reglamento de protección de los intereses financieros de la UE en caso de deficiencias del Estado de derecho).

La líder del grupo socialista, la europarlamentaria española Iratxe García, ha destacado durante el debate que a diferencia de la crisis del euro esta vez la recuperación no se basa en la austeridad. “No se trata de recortar, sino de invertir, porque estamos invirtiendo en futuro, en un futuro más sostenible, con inversiones sociales y con una estrategia digital democrática”, ha subrayado García.

La tramitación del paquete presupuestario no ha estado exenta de roces y disputas. La más agria, la relativa a la condicionalidad sobre el Estado de derecho, que llevó a Hungría y a Polonia a vetar los presupuestos y, de rebote, el fondo de recuperación. El veto se superó con el compromiso de la Comisión, fraguado a través de la presidencia semestral de la UE en manos de Alemania, de no aplicar la nueva condicionalidad hasta que el Tribunal de Justicia europeo confirme la legalidad del nuevo reglamento si algún país lo impugna, como probablemente harán Hungría y Polonia.

La eurodiputada holandesa, Sophie in ‘t Veld, del grupo liberal Renew, ha considerado el aplazamiento de la aplicación total del reglamento como una claudicación inaceptable por parte de la Comisión. Y ha pedido que la nueva norma “se aplique desde el primer día de su entrada en vigor”.

El proyecto de resolución sobre el reglamento pactado por populares, socialistas, liberales y verdes también insiste en su aplicación a rajatabla, sin necesidad de esperar a nuevas directrices ni de esperar a ninguna sentencia del tribunal. El Parlamento señala que en caso de que algún país impugne el reglamento, la institución se personará en el caso y pedirá al tribunal un proceso acelerado con el objeto de que se resuelva en cuestión de meses. Y la resolución advierte que el Parlamento se reserva el derecho de esgrimir el artículo 265 del Tratado de la UE, que le permitiría denunciar a la Comisión en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales.