Costa Rica busca oxígeno económico en sus políticas ambientalistas

“La descarbonización es una gran oportunidad, más que una responsabilidad con las próximas generaciones. Es la manera de entrar competitivamente en el siglo XXI; nadie puede querer competir en estos tiempos usando las máquinas de fax”. Lo decía el martes pasado Christiana Figueres Olsen, una de las mayores voces mundiales contra el cambio climático, en las montañas de su país Costa Rica, durante la inauguración del museo en honor de su padre, José Figueres Ferrer, ejecutor de la abolición del Ejército de este país centroamericano hace 72 años.

Costa Rica, que ha calculado que aquella decisión histórica de Figueres en 1948 adicionó un punto al crecimiento anual promedio de la economía en la segunda mitad del siglo XX, intenta ahora poner en valor financiero actual y futuro otro de sus rasgos identitarios: el ambientalismo.

Lo ve, como indica Christiana Figueres, como un camino certero para afrontar el bache al que la covid-19 ha empujado a la economía, con un golpe especialmente duro a su icónica industria turística. “Sería un crimen desaprovechar esa ventaja que ya llevamos como país. Hemos pensado que descarbonizar es algo costoso, pero no, es una inversión que da utilidades a corto, mediano y largo plazo, que crea empleos y ayuda a la economía a crecer”, dijo a EL PAÍS Figueres, consciente de que las autoridades de su país comulgan con ella.

Así se plantea el Gobierno costarricense ante un terreno complicado con unas finanzas públicas que pasan su peor déficit en 40 años y un endeudamiento que superaría el 70% del PIB al acabar este diciembre, además de un desempleo que se duplicó en el último año y una pobreza que subió a 26%.

Es variada la cartera de opciones ligadas a las políticas ambientales en la mira del país que ha debido dejar en mínimo su motor del ecoturismo en este 2020. En los planes de acción está la atracción de fondos internacionales por los “servicios forestales” de los bosques conservados y ofrecerse como un destino de inversiones que ayuda a las grandes empresas a cumplir sus metas de sostenibilidad y satisfacer las exigencias de los consumidores.

Además, la puesta en camino de un “plan de descarbonización” anunciado por el Gobierno de Carlos Alvarado en febrero de 2019 para las próximas tres décadas y que ahora, con la publicación de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), va más allá de las románticas metas ambientales para ofrecer números tentadores: generaría réditos para el 2050 por $41.000 millones (62% del PIB actual), según los cálculos hechos por los especialistas.

El estudio se divulgó este mes, días después de que el Ministerio de Ambiente y Energía celebró el otorgamiento de $54 millones no reembolsables del Fondo Verde para el Clima (una unidad en el marco de Naciones Unidas) como “pago por resultados” por la reducción de emisiones de efecto invernadero debido a la deforestación evitada entre los años 2014 y 2015; es decir, por preservar bosques. Los recursos llegan en un momento crítico, pues los aprietos fiscales y políticos dejaron a esa cartera con una fuerte reducción del dinero que utiliza para los programas de conservación de bosques en fincas privadas y para la prevención de incendios forestales en 2021.

En paralelo, el Ministerio de Comercio Exterior está decidido a cazar los flujos de inversión con el señuelo de la matriz de energía renovable (más de 98% de la generación propia proviene de fuentes limpias) y otros factores de sostenibilidad que pueden facilitar a las grandes empresas los objetivos de reducción de la huella de carbono impuestos por las tendencias del consumo global, dijo a El PAÍS el nuevo ministro de la cartera, Andrés Valenciano. “La pandemia es una oportunidad para girar a modelos de producción más sostenibles y sabemos que estos pueden ayudar a la reactivación de la economía. Tenemos una ventana de oportunidad grande por ser un país verde”, afirmó.

Lo de “país verde” tiene sus excepciones. La precariedad del transporte público y la abundancia de movilidad en vehículo privado, así como el uso del suelo en las últimas décadas son dos de las tareas pendientes del modelo sostenible que Costa Rica ha logrado posicionar. Estas, sin embargo, son las dos áreas que más rentabilidad generarían si se materializan las propuestas del “plan de descarbonización” del presidente Alvarado. Con metas como electrificar la flota pública y privada, desarrollar un tren metropolitano, reordenar las rutas de autobuses se obtendrían $19.000 millones netos bajo los supuestos del estudio del BID, mientras las mejoras en el manejo de suelos (agricultura, ganadería, bosques, protección de ríos) podrían deparar $22.000 millones en los próximos 30 años.

“En este momento de necesidad de reactivación económica hay que ver las orientaciones de las grandes economías. Nosotros siendo tan pequeños tenemos la ventaja del trabajo hecho por décadas y la imagen que tenemos ante el mundo, pero hay que acelerar las decisiones, enviar las señales correctas e incentivar ciertas actividades porque otros países nos pueden ‘robar el mandado’ (ganar la ventaja)”, dijo la ministra de Ambiente, Andrea Meza, en probable alusión a países como Chile, Uruguay y Colombia, o Nueva Zelanda más allá.

Meza dice que espera en semanas próximas se ratifique otro paquete de ayudas con recursos no reembolsables. Sostiene que también otros organismos financieros han incorporado ese factor en sus decisiones de colocación de fondos, como el préstamo blando por $380 millones aprobado por el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en mayo para las tareas de descarbonización de Costa Rica.

Consultado el ministro de Hacienda, Elian Villegas, con un enfoque más monetario que ambiental, reconoce que la recuperación económica recae sobre medidas mayoritariamente tradicionales, pero no duda de que la consideración ambiental es un potenciador y será determinante en el futuro cercano. “No por casualidad vemos esa tendencia en las grandes empresas del mundo, cada vez más entienden que no hay otro camino que el de la sostenibilidad ambiental”, advirtió.

El país enfrenta aún una discusión interna. Ciertos sectores empresariales y políticos abogan todavía por la explotación de recursos naturales e incluso por la exploración de posibles yacimientos de petróleo, lo que sería como invertir en telefonía de cables en estos tiempos, compara Christiana Figueres. “Esa es una industria a la que se le está poniendo en sol, los grandes entes financieros están quitando los recursos de ahí”, sostiene.

Hay, sin embargo, una inclinación mayoritaria a las prácticas ambientalistas, como se demostró en un reciente intento del Congreso por habilitar métodos de pesca destructivos del fondo marino, proyecto que fue vetado en octubre por el presidente Alvarado en medio de un fuerte rechazo de distintos sectores. “Hay que entender que es un momento de transición, estamos ante la caída de un imperio hacia nuevas economías y eso abre oportunidades ante las que tenemos fortalezas para generar empleos, como lo hemos demostrado con el ecoturismo, con la energías renovables y otras actividades que ahora adquieren un peso distinto en la economía global”.