El reto de votar en el país del millón de desplazados

Hace tan solo dos años, Burkina Faso tenía 50.000 desplazados internos debido a la violencia yihadista y los enfrentamientos intercomunitarios. En la actualidad son más de un millón las personas que han huido de sus hogares, una carga muy difícil de gestionar para uno de los países más pobres del mundo. Unos seis millones y medio de burkineses están llamados este domingo a las urnas para elegir nuevo presidente y Parlamento, pero se calcula que uno de cada tres ciudadanos no podrá ejercer su derecho al voto.

“Burkina Faso está en el corazón del Sahel, donde se vive la crisis más rápida y catastrófica que tenemos hoy en el mundo”, asegura Ornella Moderan, responsable de esta región para el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS). Tan grave es la situación que el Programa Mundial de Alimentos asegura que el país ocupa ya el cuarto escalón de cinco en su imparable camino hacia la hambruna, con 3,3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Detrás de todo ello está la violencia. Hasta el pasado 14 de noviembre, 2.254 personas habían sido asesinadas en atentados, masacres intercomunitarias, enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército o ejecuciones extrajudiciales, superando ya las 2.219 de todo el año pasado según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Este descenso a los infiernos comienza en 2015 y nace como un contagio del deterioro de la situación en la vecina Malí. “Burkina Faso estaba extremadamente mal preparada, hubo una reacción tardía a los primeros ataques. Cuando en la capital salieron del sopor, la catástrofe ya se estaba produciendo”, añade Moderan. Al principio eran incursiones de grupos yihadistas procedentes de Malí y vinculados a Al Qaeda, pero pronto surgieron grupos locales como Ansarul Islam a los que se sumó con especial intensidad el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS). Mientras el Ejército iba cediendo terreno, los terroristas explotaban la pobreza y el sentimiento de abandono de la población para ganar adeptos y tejer complicidades.

La región más afectada es Sahel, pero los incidentes se han ido extendiendo también a Norte, Centro-Norte, Este, Boucle du Mouhoun y, en menor medida, al resto del país. El ciclo de la violencia se había desatado. “La población huye de los grupos armados, pero también de las fuerzas de seguridad que deberían protegerles”, aseguraba hace tan solo unos meses el responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Xavier Creach, quien denunciaba que decenas de miles de civiles se estaban viendo entre la espada y la pared. “Se les fuerza a no ser neutrales”, añadió.

Con un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares prácticamente con lo puesto, un 5% de la población del país, y con una quinta parte del territorio fuera del control estatal, celebrar unas elecciones parece una quimera. Sin embargo, todos los partidos del arco parlamentario aceptaron que no celebrarlas era aún peor. “Si no hay comicios, a la crisis de seguridad y humanitaria se podría sumar una crisis de legitimidad de las instituciones, pero es evidente que la duda sobre la inclusividad va a planear sobre esta cita electoral”, añade la experta del ISS.

Roch Marc Christian Kaboré, presidente desde 2015, es el principal favorito en estas elecciones. Frente a él, 12 candidatos de los que dos tienen un aparato de partido detrás y, por tanto, aspiraciones de llegar al palacio presidencial si alguno de ellos logra forzar una segunda vuelta. Se trata del histórico líder opositor Zephirin Diabré y del candidato del partido del expresidente Blaise Compaoré, derrocado en 2014 por un alzamiento popular, Eddie Komboïgo. Los grupos opositores ya han acordado apoyar al que logre forzar un segundo round, pero la dispersión de sus fuerzas indica que no lo tendrán fácil.

El pasado 11 de noviembre, en plena campaña electoral, 14 soldados fueron asesinados en una emboscada en Tin-Akoff, un sangriento recordatorio de que el país está inmerso en una guerra sin cuartel. El presidente Kaboré ha destinado una cuarta parte del presupuesto nacional a la lucha contra la inseguridad y su país forma parte del G5 del Sahel, un ejército integrado por cinco países que pretende enfrentar la amenaza terrorista. Además ha puesto en marcha, con el apoyo unánime del Parlamento, los grupos de Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), civiles implicados en la lucha antiterrorista. Sin embargo, la respuesta militar no ha dado los resultados esperados. Esta cuestión ha sido el eje de la campaña de todos los candidatos, la mayoría de los cuales incluso han planteado abrir un diálogo con los yihadistas. Kaboré se opone rotundamente a ello.