La huida de un jefe narco del PCC tras ser excarcelado por un juez del Supremo genera polémica en Brasil

El narco que dirige el tráfico de cocaína a Europa para el mayor grupo criminal de Brasil salió tranquilamente por la puerta de la cárcel el sábado pasado por decisión de un juez del Tribunal Supremo. André Oliveira Macedo, 43 años, un jefe del Primer Comando de la Capital (el PCC) condenado a 25 años de cárcel, se ha beneficiado de uno de los sistemas penales más garantistas del mundo. Para cuando el presidente del Supremo suspendió la excarcelación, había volado a Paraguay en un avión privado.

El narcotraficante, uno de los más importantes de Brasil, salió a la calle con mascarilla. Lo primero, abrazar a su abogado, según las imágenes grabadas por una televisión local. Su huida ha causado un escándalo político, tensión entre los miembros del máximo tribunal, pero sobre todo se ha convertido en un enrevesado debate jurídico. El caso coloca bajo los focos el muy garantista sistema penal de Brasil, con cuatro instancias, y los amplios poderes individuales de los jueces.

El juez del Supremo Marco Aurelio Melo dejó libre al traficante con el argumento de que ninguna de las dos sentencias contra él es firme. Se acogió a un artículo del Código Penal que obliga a revisar la prisión preventiva cada 90 días. La norma, reciente, nació para evitar abusos contra los presos más y menos poderosos de Brasil. Persigue poner fin a la prisión preventiva utilizada a menudo en la Lava Jato para presionar a políticos acusados de corrupción e impedir también que los reclusos más pobres sean olvidados en los vericuetos de la lentísima justicia brasileña.

André do Rap era el jefe del PCC en el puerto de Santos, el mayor de Sudamérica, la gran puerta de salida de la cocaína que la banda envía a Europa. Es uno de los negocios en expansión de esta hermandad de criminales que nació en una cárcel, domina buena parte de las prisiones y del tráfico de cocina y marihuana de Brasil y está presente en todos los países del Sudamérica. El ahora prófugo era, según los investigadores, el encargado de las relaciones con los jefes de la ‘Ndrangueta’ calabresa en Sudamérica.

Que André do Rap se haya escapado no resulta sorprendente por dos motivos. Uno, había estado cinco años prófugo antes de entrar en prisión hace un año. Dos, su predecesor en ese puesto crucial en el engranaje del PCC, Gege do Mangue, también fue excarcelado por un juez y desapareció. Solo se supo de él cuando fue asesinado. La sospecha es que fue liquidado por sus colegas por chivarse a la policía además de quedarse con parte del dinero de la banda.

“Pueden estar seguros de que él no va a esperar en su residencia, estoy totalmente convencido”, alertó el fiscal Lincoln Gakiya, que dirige las investigaciones judiciales contra el PCC. Y así fue. Aunque el narco notificó dos direcciones por si la policía necesitaba comunicarse con él, para cuando a las pocas horas el magistrado que preside el Supremo, Luis Fux, suspendió la excarcelación y ordenó que fuera detenido de nuevo, ya había huido. Desde la prisión de una ciudad llamada Presidente Venceslau viajó como tres horas en coche hasta Maringá y allí tomó un avión particular que, según la prensa brasileña, le llevó hasta Paraguay.

Gakiya explicó hace unos meses en una entrevista a este diario que el PCC “todavía vende más [droga] dentro de Brasil, pero el tráfico a Europa es un camino sin retorno porque es un lucro fantástico con poco riesgo”.

Es una organización peculiar que tiene unos 35.000 miembros dentro y fuera de las cárceles que pagan una cuota mensual, solo pueden matar con permiso del grupo, regulan los precios de la coca y la marihuana en el estado de São Paulo para minimizar el riesgo de conflictos y en los últimos años se han enfrentado a cruentas guerras con otros grupos criminales por el control de las rutas brasileñas del narco y las que llevan a los países vecinos.

Poco más de un año llevaba el último jefe del tráfico de coca a Europa en la prisión de Presidente Venceslau tras haber sido detenido en un piso costero de lujo. Su afición a las lanchas potentes y caras fue la pista que desembocó en su arresto.

No es raro en Brasil que los once jueces del Supremo adopten individualmente decisiones cautelares que después ratifican, o no, el conjunto o una parte de sus compañeros del máximo tribunal. El asunto de si los condenados en segunda instancia deben ser encarcelados es uno de los más debatidos en Brasil en los últimos años a consecuencia del caso Lava Jato contra la corrupción. Fue un cambio de criterio del máximo tribunal el que propició la salida de prisión del expresidente Lula da Silva y cientos de presos más hace casi un año.

En la polémica por la huida del cabecilla del PCC han terciado varios altos cargos políticos además de los dos jueces que han detallado sus argumentos para respaldar sus decisiones iniciales. El gobernador de São Paulo, João Doria, felicitó al juez que revocó la puesta en libertad tras declararse perplejo por la decisión anterior. La criticó como “una falta de respeto al trabajo de la policía de São Paulo y una condescendencia inaceptable con los criminales”. Doria ordenó a la policía que busque a André do Rap. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, salió en cambio a defender la legalidad del fallo inicial.