Amnistía Internacional suspende su trabajo en la India ante la “caza de brujas” del Gobierno de Modi

La organización sin ánimo de lucro Amnistía Internacional (AI) ha anunciado este martes que suspende todo su trabajo centrado en la denuncia de ataques a los derechos humanos en la India después de que el Gobierno congelase sus cuentas bancarias en el país el pasado 10 de septiembre. AI ha denunciado en un comunicado que se ha visto obligado a detener sus campañas y a despedir a su personal en la India tras una situación “de incesante caza de brujas por acusaciones infundadas contra las organizaciones pro derechos humanos”. El director ejecutivo de Amnistía Internacional India, Avinash Kumar, ha insistido en que “la continua presión durante los últimos dos años” y la congelación de sus cuentas por supuestas irregularidades a la hora de recabar fondos “no es algo accidental”.

Kumar ha denunciado "el constante hostigamiento por parte de agencias gubernamentales” que se enmarca en las recientes presiones de AI y otras organizaciones para que tanto la Policía como el Gobierno indio respondan a las “graves violaciones de derechos humanos” en la Cachemira india y en los recientes choques comunales en Nueva Delhi. Los conflictos de febrero en la capital dejaron más de cincuenta muertos. Las autoridades indias culparon a grupos de izquierda de incitar a la revuelta. Las organizaciones como AI acusaron a individuos próximos al partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro, Narendra Modi, de realizar discursos de odio y subrayaron la falta de respuesta de la Policía.

La raíz de los disturbios está en las protestas contra la controvertida Ley de Ciudadanía, promulgada por el Gobierno de Modi y aprobada por el Parlamento indio en diciembre del año pasado, que acelera la obtención de la ciudadanía a inmigrantes procedentes de países vecinos pero excluye a los musulmanes.

Amnistía Internacional fue muy crítica con la limitación de las libertades en la Cachemira india por parte del Gobierno, como el corte de Internet o la telefonía móvil y la limitación de movimientos, para evitar posibles protestas por la decisión unilateral del Ejecutivo de retirar el estatus especial a la región.

El Gobierno de Modi ha defendido que la retirada de ese estatus especial supondría una aceleración en la modernización de Cachemira, los críticos ven en la decisión un modo de alterar la demografía de la única región de mayoría musulmana en la India.

El director ejecutivo de AI ha asegurado que el objetivo final de tratarles como “criminales” es “avivar el clima de miedo y desmantelar las voces críticas en la India”. “Para un movimiento que no ha hecho más que alzar la voz contra la injusticia, este último ataque es similar a congelar la disidencia”, ha subrayado.

Varias organizaciones como Greenpeace y AI llevan años denunciando que sus actividades en India corren peligro por las constantes congelaciones de cuentas por parte del Gobierno que las obliga a reducir su personal y su ámbito de actuación. El Ejecutivo indio del nacionalista Narendra Modi ha cancelado la licencia de más de 20.000 organizaciones sin ánimo de lucro en los últimos cinco años, acusadas de recibir financiación ilícita procedente del extranjero.