¿Puede nombrar Trump un nuevo juez del Supremo antes de las elecciones? Este es el escenario y los plazos

Faltan 43 días desde este lunes hasta el 3 de noviembre, la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Nombrar un nuevo magistrado del Tribunal Supremo en ese plazo sería raro, pero no es imposible. El procedimiento para sustituir a la fallecida Ruth Bader Ginsburg está en manos de tres personas: el presidente Donald Trump, que envía la propuesta al Senado; el senador Lindsey Graham, presidente del Comité de Justicia, que la debate y aprueba; y el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría, que convoca la ratificación en el Pleno. Los tres están en perfecta sintonía y dispuestos a seguir adelante. Este es el escenario, las normas y los plazos para una batalla política que ha añadido un bidón de gasolina inesperado a unas elecciones ya de por sí incendiarias. Antes de la muerte de Ginsburg la campaña iba sobre echar a Trump, especialmente tras la pandemia y la crisis económica. Ahora va de salvar la democracia.

¿Cómo se nombra a un magistrado del Supremo de Estados Unidos?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se compone de nueve magistrados. No hay normas fijas sobre sus cualificaciones personales o profesionales. El cargo es vitalicio. Solo se producen vacantes por defunción (dos de las tres últimas), dimisión (la anterior a esta) o impeachment por el Congreso (no ha sucedido nunca). Los nombra el presidente a su discreción. El único trámite es que debe ser aprobado por el Senado.

¿Por qué es tan importante políticamente?

El Tribunal Supremo es el intérprete máximo de la Constitución de EE UU. Es el último dique. Siempre tuvo un componente político, pero en las últimas décadas, y especialmente en este siglo, desde que una decisión suya decantó la elección presidencial de 2000, se ha ido politizando a mucha velocidad. Los partidos han llegado a la conclusión de que es una especie de tercera cámara, un árbitro de disputas irresolubles, que en un país donde va creciendo la polarización sin límite, cada vez son más. Es decir, un solo voto en ese Tribunal puede decidir asuntos de gran calado, algo especialmente significativo en los de calado social, como el aborto o el matrimonio homosexual, legalizados de facto por sentencias del Supremo.

Esa politización del Supremo llegó a su punto máximo (antes del actual) cuando en 2016 murió de forma repentina el juez conservador Antonin Scalia, verdadero ancla de la interpretación más conservadora de la Constitución e ídolo de la derecha religiosa. Con Barack Obama en la presidencia, los demócratas tenían la oportunidad de sustituirlo por un magistrado progresista y cambiar la mayoría en el Tribunal, 5 a 4 a su favor, por primera vez en décadas. Los republicanos en el Senado se negaron siquiera a dar audiencia al nominado de Obama con el argumento de que era año electoral (faltaban 10 meses para las elecciones). Fue una jugada política tan inaudita como efectiva. La posibilidad de nombrar al sustituto de Scalia movilizó a los republicanos más que cualquier otro asunto, ganaron las elecciones contra pronóstico y fue Donald Trump el que cubrió la vacante con el juez conservador Neil Gorsuch, de 49 años entonces.

En 2018, el magistrado conservador Anthony Kennedy anunció su retirada, precisamente para ser sustituido por un juez conservador más joven. El elegido fue Brett Kavanaugh, de 53 años entonces, que garantiza tres o cuatro décadas de votos conservadores. Kavanaugh fue sometido a un escrutinio sin precedentes en el Senado. Recibió más preguntas que cualquier otro nominado en la historia, una mujer detalló ante el Senado una terrible acusación de abuso sexual cometida presuntamente cuando el juez era adolescente y fue aprobado por la mayoría más estrecha en 120 años.

Ahora, con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, los republicanos ven la posibilidad de sustituirla por un conservador y decantar definitivamente el Supremo, 6 a 3, con jueces afines. En los temas más controvertidos, el magistrado Kennedy y, desde su retirada, el magistrado John Roberts, se han alineado con los progresistas para evitar decisiones abiertamente partidistas. Con la nueva mayoría, su voto no podría parar a los magistrados que votan sistemáticamente de acuerdo al ideario conservador.

¿Lo pueden hacer los republicanos solos?

Sí. Parte de la responsabilidad, además, la tienen los demócratas. Barack Obama padeció una oposición sin cuartel en el Senado. Todos sus nombramientos de jueces federales (el mismo proceso que los del Supremo) eran sistemáticamente bloqueados por la minoría. Las normas del Senado exigían una mayoría reforzada de 60 votos a favor para estos nombramientos. Se trata de una norma que pretende forzar el consenso y evitar excesos partidistas, pero los republicanos lo usaron para negarle el pan y la sal al presidente demócrata. Finalmente, en 2013 los demócratas decidieron usar la llamada “opción nuclear”, es decir, cambiar las normas del Senado para poder nombrar jueces por mayoría simple de 51 votos. Mantuvieron la mayoría reforzada para nombramientos del Supremo.

Esa decisión se acabaría volviendo en su contra. En 2017, cuando los demócratas trataron de bloquear el nombramiento de Neil Gorsuch para un puesto en el Supremo que ellos consideraban que les habían robado, la nueva mayoría republicana en el Senado sacó la “opción nuclear” también para el Supremo. Gorsuch fue confirmado por 54 a 45.

Los republicanos tienen 53 escaños, más la presidencia (el vicepresidente, Mike Pence, es también presidente del Senado). Esa mayoría se traslada a todos los comités y, en definitiva, controla todos los procedimientos de la Cámara. Los demócratas, con 47 escaños, no pueden impedir en la práctica el nombramiento del sustituto de Ginsburg.

¿Se puede hacer antes de las elecciones?

Sí. Realmente, los plazos dependen de Trump, Graham y McConnell. Entre los últimos magistrados el proceso de confirmación más largo fue el del magistrado Clarence Thomas (106 días en 1991), que tuvo que hacer frente a una acusación de acoso sexual. La más corta fue la de Ginsburg (50 días). Históricamente, la media está sobre las siete semanas. Pero en la primera mitad del siglo XX se pueden encontrar muchas confirmaciones en menos de 20 días. Trump ha dicho que propondrá a su candidato esta semana entrante y que será una mujer.

Una vez enviado al Senado, hay tres fases. Una investigación sobre el candidato, una comparecencia pública donde debe responder a las preguntas de los senadores, y la votación. El Comité de Justicia envía entonces su recomendación al pleno del Senado, que vota la confirmación definitiva. Desde 1975, se ha tardado 40 días de media entre la nominación formal y la primera comparecencia. Para la mayoría, la comparecencia dura cuatro o cinco días, pero se puede alargar.

Atendiendo a los plazos medios de confirmación, no daría tiempo a hacerlo antes de las elecciones sin que el proceso sea percibido como apresurado y abusón. En cualquier caso, aunque las elecciones son el 3 de noviembre, el actual Senado sigue en activo hasta finales de diciembre y el nuevo presidente no toma posesión hasta el 20 de enero. Es decir, que los republicanos en realidad tienen hasta finales de año para aprobar el nombramiento. McConnell dijo en un comunicado que el Senado votará al candidato de Trump, pero no dijo cuándo.

¿Y qué pueden hacer los demócratas?

En el Senado, nada, aparte de amenazar con someter a la candidata de Trump a sesiones de confirmación aún más brutales que las de Kavanaugh. Fuera, pueden convertirlo en una importante arma electoral para movilizar aún más el voto demócrata. La campaña de Joe Biden ya está empezando a decir que el 3 de noviembre “se vota el Supremo”, no sin razón. Parece difícil que la presión en los medios y en la calle pueda hacer pestañear a McConnell.

BIDEN critica el plan de TRUMP para la sucesión de GINSBURG en la Corte Suprema

En las últimas horas, estrategas demócratas hacían circular una opción: amenazar con cambiar las reglas para anular la mayoría republicana. Si Biden gana la presidencia y los demócratas recuperan el Senado (que es muy posible) el 3 de noviembre, la nueva mayoría puede cambiar el número de magistrados del Supremo. No está escrito en la Constitución que tengan que ser nueve. El número ha variado históricamente entre 6 y 10. Es una ley, y como tal se puede cambiar. Ampliar el número de magistrados a 12, por ejemplo, de los que Biden nombraría inmediatamente a tres, dejaría el tribunal equilibrado. La consecuencia es que acabaría definitivamente convertido en una cámara política, ya sin tapujos.

¿Cómo se podría frenar?

Los demócratas no pueden, pero los republicanos sí. Al final, McConnell necesita 51 votos. Sus argumentos de 2016, cuando dijo que a 10 meses de las elecciones no se podía nombrar un magistrado y todo su grupo le siguió, se le vuelven en contra cuando faltan 43 días para las siguientes. Hasta el domingo, dos senadoras republicanas consideradas moderadas, Susan Collinsy Lisa Murkowski, habían dicho que no votarían un nombramiento del Supremo en plena campaña. Todas las miradas están puestas en al menos otros dos. Mitt Romney, que se ha separado por completo del presidente hasta el punto de votar a favor en uno de los artículos del impeachment, y Chuck Grassley. Aparte, están todos los senadores republicanos que se juegan la reelección (23 en total) y que recibirán presión en sus estados, donde tendrán que valorar cuál es la posición que más les conviene para conservar su escaño. Dos deserciones más y McConnell y Trump no podrán cubrir la vacante de Ginsburg antes del 3 de noviembre.

¿Qué influencia tiene esta situación en la campaña?

Toda. La campaña ha cambiado radicalmente. Antes iba sobre echar a Trump, especialmente tras la pandemia y la crisis económica. Ahora va de salvar la democracia. Las últimas horas indican que la apertura de la vacante ha disparado aún más el interés por las elecciones, lo que hace anticipar un aumento de la participación. Lo que se irá aclarando en los próximos días es a quién va a beneficiar más. La primera consecuencia es que las carreras al Senado, que estaban ocultas en un debate nacional dominado por la presencia de Trump, ahora han pasado a primer plano.

El asalto al Tribunal Supremo, y al sistema judicial en general, es un objetivo que la derecha más conservadora lleva trabajando décadas. El gran objetivo final es resolver para siempre asuntos que consideran parte de la esencia moral del país, como revertir la sentencia que legalizó el aborto o frenar cualquier intento de poner controles a las armas y avanzar en la sanidad pública. Entre los asuntos más inmediatos que va a resolver el Tribunal Supremo después de las elecciones está el tercer asalto republicano contra la reforma sanitaria Obamacare, que instauró un incipiente modelo de sanidad pública.

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