Destituido el gobernador de Río de Janeiro en una gran operación policial por corrupción durante la crisis del coronavirus

El estado brasileño de Río de Janeiro pierde un gobernador más por corrupción, en este caso todavía son sospechas. Wilson Witzel, de 52 años, ha sido apartado del cargo durante seis meses en una decisión judicial por el supuesto desvío de fondos públicos en las compras estatales para gestionar la crisis sanitaria del coronavirus. Entre la veintena de personas investigadas y cuyos domicilios han sido registrados, están el vicegobernador, el presidente de la Asamblea Legislativa de Río y el presidente del partido de Witzel, un pastor evangélico que bautizó al presidente Jair Bolsonaro hace unos años en el río Jordán. Los dos últimos predecesores del ahora destituido gobernador Witzel cumplen condena en la cárcel por casos de corrupción vinculados al mega caso Lava Jato.

El presidente Bolsonaro se ha limitado a ironizar sobre la operación policial contra su antiguo aliado y actual adversario sin ser explícito.

Witzel era un desconocido juez y marine cuando se embarcó en la carrera electoral con la que llegó al poder en Río de Janeiro en enero de 2019. Entonces aliado de Jair Bolsonaro, venció con un discurso de mano de dura para acabar con la violencia que carcome el tercer estado más poblado de Brasil. Bajo la fachada de la capital turística por excelencia del país y sede de los Juegos Olímpicos de 2016, se esconde una realidad de profunda desigualdad socioeconómica, violencia de las bandas criminales, narcotráfico y abusos policiales, además de una enraizada corrupción. Prácticamente todos los gobernadores de los últimos años han sido condenados o investigados por irregularidades.

La Fiscalía sostiene que desde que Witzel ganó las elecciones a finales de 2018 se ha organizado un sistema criminal en el seno del Gobierno estatal, que ha quedado dividido en tres grupos que compiten por el poder pagando sobornos a funcionarios públicos. “Liderados por empresarios, estos grupos entregaron algunos de los principales ministerios estatales –como el departamento de Salud– para poner en marcha sistemas que beneficiaran a sus empresas”, afirman los investigadores en una nota. Los fiscales sospechan que parlamentarios y jueces estatales también están implicados en la trama en la que Witzel es acusado de haber cobrado comisiones millonarias de empresas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Su esposa, Helena, es también investigada por intermediar en los contratos bajo sospecha.

Aunque es uno de los objetivos de la operación policial, el número dos de Witzel, el vicegobernador Claudio Castro, asume las riendas de Río de Janeiro, que atraviesa también gravísimos problemas económicos.

Río de Janeiro fue una de las puertas de entrada de la pandemia a Brasil, donde el coronavirus ha matado ya a casi 120.000 personas y contagiado a 3,7 millones. En los primeros meses, la red hospitalaria llegó a estar al borde del colapso. Fue entonces cuando el gobernador Witzel se distanció del presidente Bolsonaro para forjar con otros homólogos un frente político que defiende medidas de aislamiento social y semiconfinamientos a la ciudadanía para frenar los contagios. Una postura que contrasta con la adoptada desde el principio de la crisis por Bolsonaro, negacionista de la gravedad de la epidemia.

En mayo se supo que Witzel era investigado por un contrato de emergencia por 835 millones de reales (150 millones de dólares, 125 millones de euros) firmado entre el Gobierno y la organización social IABAS, una entidad privada que brinda servicios de salud. El contrato era para construir y administrar siete hospitales de campaña para pacientes infectados por el coronavirus. Los investigadores sostienen que el grupo se manejaba sobre todo mediante la manipulación de las licitaciones y la creación de lo que denominan una “caja de sobornos” y el cobro de un porcentaje de las obras.

La destitución de Witzel durante 180 días y las órdenes de arresto y de registros tanto en los palacios de Laranjeira y de Guanabara, sedes de las principales autoridades estatales, en la Asamblea y en varios domicilios fueron autorizadas por un juez del Tribunal Superior de Justicia. El juez rechazó la petición de los fiscales investigadores de ordenar el envío a prisión preventiva de Witzel.