Condenado un miembro de Hezbolá por conspirar para matar al ex primer ministro libanés Rafik Hariri

El Tribunal Especial para el Líbano, creado para juzgar a los responsables de la la muerte en 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, ha concluido que hubo una conspiración política para cometer este asesinato, pero solo hay pruebas suficientes para condenar por ello a Salim Hamil Ayyash, miembro del partido-milicia chií Hezbolá. Según los jueces, acordó cometer el crimen y poseía los conocimientos necesarios sobre explosivos usados en el ataque con vehículo bomba que costó la vida al mandatario y a otras 21 personas. La corte no ha hallado pruebas de que Siria o la milicia estuvieran directamente involucradas en el atentado.

En cuanto a Hussein Hassan Oneissi, Assad Hassan Sabra y Hassan Habib Merhi, los otros tres acusados por el atentado, no se ha demostrado su parte en el complot y han sido exonerados. Los imputados han sido juzgados en ausencia porque no fueron extraditados por Beirut y se encuentran en paradero desconocido. Saad Hariri, hijo del líder asesinado, que fue a su vez primer ministro en diferentes mandatos, repartidos entre 2011 y 2020, estaba presente en la corte, en La Haya (Países Bajos).

David Re, presidente de la sala, ha indicado que “si bien el Gobierno de Siria o el liderazgo del partido-milicia Hezbolá pudieron tener motivos para eliminar a Hariri y a sus aliados políticos, no hemos recibido pruebas de que estuvieran involucrados en el asesinato”. La afirmación es relevante, porque la Fiscalía alegó que el cuarteto era miembro de Hezbolá, milicia apoyada tradicionalmente por Irán. En el caso de Ayyash, su afiliación sí ha sido probada por los jueces. Hariri mantenía buenas relaciones con Estados Unidos, otras potencias occidentales y Arabia Saudí, y era visto como una amenaza para la influencia siria e iraní en su país. Su desaparición hundió a Líbano en su peor crisis desde la guerra civil (1975-1990), y para sus compatriotas el caso tiene la relevancia de un magnicidio como el del presidente estadounidense John F. Kennedy.

Los jueces admiten que los cuatro acusados crearon una complicada red de teléfonos móviles conectados entre sí para seguir los pasos y rutinas de Rafik Hariri, organizar y perpetrar el asesinato. Sin embargo, no han hallado pruebas suficientes de que tres miembros del grupo falseasen luego un vídeo reivindicativo, como aseguraban los fiscales. “El contenido de la grabación que asume la autoría en nombre de una organización desconocida trata de desviar la atención de los responsables del atentado, pero el tribunal no está convencido de que el posterior apagón de la red de móviles confirme la participación de Oneissi, Sabra y Merhi en la confección de la filmación”.

Durante el proceso, se han analizado los contactos y conversaciones cruzadas entre ellos para poder reconstruir los preparativos del crimen, y se acepta como un hecho probado que no todos los usuarios de la red sabían cuál sería el resultado de lo que planificaban. Afirman también que “hubo un suicida que se inmoló para provocar la explosión, del que se ignora su identidad porque sus restos no han sido hallados”, dice el fallo. El tribunal ha subrayado la dificultad de “evaluar y comprobar las declaraciones de los testigos”, dadas las circunstancias de lo ocurrido. El presidente de la sala ha indicado asimismo que aunque “el papel de los jueces es decidir si los hechos pueden atribuirse a los acusados, matar a un político prominente que había dejado el cargo y pensaba presentarse de nuevo tiene claras implicaciones políticas”.

Tras conocer el veredicto, Saad Hariri ha dicho que lo acepta, pero que “es hora de que Hezbolá asuma su responsabilidad; son los que tienen que hacer sacrificios hoy”. “No descansaré hasta que la condena se haya cumplido”, añadió. El tribunal dará a conocer la pena impuesta a Ayyash más adelante. En las horas previas al juicio, El Futuro, el partido suní de Hariri, llamó a la calma al enviar “instrucciones estrictas” a sus seguidores para evitar toda reacción violenta en las calles libanesas. “No vamos a permitir que el veredicto arrase el país con confrontaciones internas”, señaló el diputado Mohammad el Hajjar en declaraciones a la cadena local Al Jadeed. “Buscamos la verdad, no venganza”, agregó.

La abogada Nada Abdelsater-Abusamra, una de las tres letradas de la defensa que representa a más de 70 víctimas civiles del atentado contra Hariri ha declinado pronunciarse sobre el veredicto al ser contactada vía telefónica por EL PAÍS, pero ha recalcado dos puntos positivos del juicio: “La corte comenzó instando al Gobierno libanés a implementar la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y a crear un fondo de compensación para las víctimas”, lo que supone a su juicio “una victoria para las víctimas que habitualmente son desprovistas de todo derecho humano básico en Líbano y donde las autoridades hacen oídos sordos cuando se trata de ciudadanos”.

El anuncio del fallo estaba previsto para el pasado 7 de agosto, pero se pospuso hasta este martes porque los jueces quisieron mostrar su solidaridad con las víctimas de la explosión registrada dos días antes en el puerto de Beirut que causó más de 170 muertos e hirió a unas 6.000 personas. La covid-19 también retrasó, en mayo, la primera fecha señalada para la lectura de la decisión.

En 2005, el asesinato de Hariri, un líder suní contrario a la injerencia de Damasco en su país, desembocó en la Revolución de los Cedros, las manifestaciones masivas que provocaron la retirada de las tropas sirias, después de tres décadas estacionadas en suelo libanés. El mandatario viajaba siempre en automóviles blindados, y el 14 de febrero de 2005 avanzaba con su comitiva por la Corniche de Beirut, la avenida que discurre a lo largo del Mediterráneo, cuando fue alcanzado de lleno por el estallido de 3.000 kilos de explosivos metidos en una camioneta detonada a distancia.

Hariri había salido del Parlamento y se dirigía a su casa, y la deflagración causó otras 21 muertes y 226 heridos. Según la Fiscalía, los cuatro hombres juzgados por el tribunal son afines a Hezbolá, un partido-milicia chií apoyado por Irán y proclive a Siria, creado en los años ochenta tras la ocupación libanesa por parte de Israel. Su brazo armado se considera un grupo terrorista en Estados Unidos y en la Unión Europea, y uno de sus comandantes, Mustafá Badredine, fue el presunto cerebro del atentado, pero murió en 2016 en una explosión registrada en la propia Damasco.

El tribunal fue creado en 2007 en virtud de una resolución de Naciones Unidas con el acuerdo de Líbano, y no ha investigado el posible papel político de Siria, o bien de Irán, en lo ocurrido. Ambos han negado su participación, así que el caso se ha centrado en el cuarteto imputado, y en las pruebas técnicas del atentado a través de su reconstrucción. La imagen de una maqueta con el recorrido efectuado por Hariri antes de morir ha acompañado a jueces, fiscales y defensa durante las vistas. En 2010, los jueces anunciaron que se había llevado a cabo una explosión controlada en una base militar francesa, cerca de Burdeos, para recrear la real y facilitar así la labor de los forenses.

Desarrollado entre 2014 y 2018, el proceso suma las declaraciones de 297 testigos, y ha costado unos 700 millones de euros. El fiscal jefe, el canadiense Norman Farrell, ha sostenido ante los jueces que el rastro dejado por los móviles de los cuatro imputados muestra que siguieron a Hariri en los meses anteriores al asesinato y ayudaron a coordinarlo. Salim Hamil Ayyash fue la figura central del atentado y sus tres cómplices contribuyeron además a preparar una grabación falsa, enviada a la cadena televisiva Al Jazeera, en la que un grupo radical inexistente reivindica los hechos

El asesinato se ha juzgado como un acto terrorista, y ha sido el primero de su clase en ser visto por una corte especial, regida, en este caso, por las leyes libanesas, “y otras normas penales a la altura de los estándares de la justicia internacional”, según sus estatutos. La mitad de los jueces y del personal es libanés y la otra mitad de diferentes países, un reparto que se financia desde Líbano y también con fondos internacionales.

Líbano es una sociedad multiconfesional con 18 comunidades religiosas reconocidas, donde el poder se reparte entre la minoría cristiana, y las musulmanas chií y suní. El país sufrió una guerra civil de 15 años (1975-1990) en la que se involucraron Israel y Siria, y Rafik Hariri fue primer ministro a lo largo de cinco mandatos: entre 1992 y 1998, y luego de 2000 a 2004. De origen humilde, hizo una fortuna en la construcción y llegó a fundar su propia compañía, Saudi Oger, en Arabia Saudí, después de haber trabajado allí en el sector, en especial para la familia real.

Bien visto por los líderes políticos occidentales, mantuvo su ímpetu empresarial en su labor política, pero sus medidas económicas acabaron fomentando la deuda pública y el déficit presupuestario, ralentizando el crecimiento. Dejó el poder en 1998 en medio de grandes críticas y bajo acusaciones de corrupción, aunque regresó en el año 2000. En ambos casos, sus diferencias con sus colegas en el Gobierno, favorables a Siria, se tradujeron en su marcha. En 2004, el factor desencadenante de su dimisión fue la ampliación del mandato del entonces presidente Émile Lahoud, prosirio también. Hariri no estaba de acuerdo, pero firmó la enmienda constitucional que lo permitió. Meses después pereció en Beirut.