Fernández presenta una ambiciosa reforma para superar “la crisis de credibilidad” de la justicia argentina

Con toda la pompa, desde el salón Blanco de la Casa de Gobierno, un amplio espacio de estilo francés reservado a grandes eventos, Alberto Fernández presentó una ambiciosa reforma del sistema judicial argentino. El proyecto, que será enviado esta semana al Congreso, apunta sobre todo contra el poder acumulado por los jueces federales, encargados de las causas de corrupción, además de delitos como narcotráfico y terrorismo. Fernández considera que los 12 magistrados actuales se han “politizado” y han cedido su independencia al poder de turno. Si el proyecto prospera, su número subirá a 46, fruto de la fusión de otros juzgados. La oposición ya ha advertido que considera que la ley tiene como único objetivo salvar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas que enfrenta por presunta corrupción.

La Justicia no tiene buena imagen en Argentina. Fernández, abogado de profesión y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, achaca la mayor parte de los males a los jueces federales de Comodoro Py. Son ellos los responsables de juzgar las causas de corrupción política. Son solo 12, y su poder es enorme. En esos despachos se cuecen las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex altos funcionarios de su Gobierno. Pero también las que ahora enfrentan Mauricio Macri y algunos de sus exministros.

Para Fernández, los magistrados de ese fuero llevan años actuando de acuerdo al color político de la Casa Rosada. El nuevo proyecto, dijo, “busca superar el hecho de que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que tienen el poder de decidir en la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediáticas”. Esta concentración en pocas manos de causas de alto impacto “ha sido determinante para que este fuero se haya politizado”, dijo el presidente argentino.

Junto con la fusión de juzgados, el proyecto de ley crea un consejo asesor de 11 juristas que elevará al Ejecutivo recomendaciones para otros cambios estructurales en la Justicia. Sus propuestas, no vinculantes, podrán transformase en proyectos de ley. El consejo tiene entre sus miembros a figuras críticas al Gobierno, pero también al abogado de Cristina Kirchner, y puso en alerta a la oposición macrista.

La semana previa a la presentación de este miércoles, los medios argentinos se hicieron eco de un presunto proyecto de la comisión para elevar de cinco a nueve el número de jueces de la Corte Suprema, una reforma que puede abrir la puerta a una mayoría afín al oficialismo. El Gobierno lo niega. “La gente escucha ‘Corte’ y ya piensa que vamos por la Corte. No es así. Todo lo que hará esa comisión, que es muy plural, será sobre cuestiones estructurales”, dice a EL PAÍS la ministra de Justicia, Marcela Losardo, luego de la presentación del proyecto de ley en la Casa Rosada. Losardo insistió, además, en la necesidad de cambiar el fuero federal, donde “tenemos una causa, como la del atentado terrorista a [la mutual judía] Amia sin resultados durante 26 años”. Las demoras, dice, “muchas veces fueron porque la justicia estuvo mirando y esperando lo que le diga el poder. La Justicia tiene que estar fuera de esas presiones políticas, corporativas, mediáticas y empresariales”.

La oposición ya adelantó que rechazará la reforma. Ve detrás la mano negra de Cristina Kirchner, deseosa, según su lectura, de acabar con los jueces federales que la investigan. “Este no es el proyecto que le convendría a Cristina, porque seguirá siendo juzgada por los mismos jueces. El proyecto respeta al juez natural de todas las causas. No veo desde dónde puede beneficiar a Cristina”, contesta Losardo.

El macrismo se sumó a las sospechas de un avance sobre la Corte Suprema, donde se tramitan los pedidos de nulidad que los abogados de la expresidenta han presentado en las causas que enfrenta. En un documento que lleva la firma del expresidente Mauricio Macri y otros referentes de su partido, la oposición dijo además que una reforma estructural de la Justicia no es ahora un tema apremiante para una sociedad “preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad”, derivadas de la pandemia. Sobre la Corte, advirtió que “la estabilidad en el tiempo del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial”.

El proyecto del Ejecutivo ingresará esta semana al Congreso por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. En Diputados, en cambio, no tiene asegurados los votos. El macrismo ha prometido que dará batalla.