El ‘Mendoexit’ agita la política argentina

Algo ocurre en Mendoza. El exgobernador de la provincia argentina y diputado nacional, Alfredo Cornejo, dijo la semana pasada durante una entrevista radiofónica que Mendoza “lo tiene todo para vivir como un país independiente”. Y el asunto cobró vuelo con rapidez. “Ni yo esperaba tanto eco”, confiesa. Un sondeo realizado días después mostró que al 35% de los mendocinos les gustaría separarse del resto de los argentinos.

Más que entusiasmo por una posible independencia, que la Constitución prohíbe, tras la desafección de Mendoza late un viejo sentimiento de discriminación, la indignación por el frenazo impuesto a una gran obra pública y la convicción, que comparten dos de cada tres habitantes, de que la sociedad mendocina es “distinta”.

Alfredo Cornejo, hoy diputado y presidente de la Unión Cívica Radical, el partido fundado en 1891 por Leandro N. Alem, fue gobernador de Mendoza entre 2015 y 2019. No pudo presentarse a la reelección porque la Constitución provincial, vigente desde hace más de un siglo, lo impide, igual que le impide ser senador nacional e impide ser candidatos a los familiares directos del gobernador saliente. “Tenemos una alta institucionalidad”, señala Cornejo, “y ese es uno de los elementos que nos distinguen”.

El exgobernador es consciente de que la Constitución argentina “es de tipo federal, no confederal, y nadie puede irse”. Su batalla, al menos por el momento, se concentra en la distribución de los impuestos. El principal recaudador es el Gobierno central, que luego reparte con discrecionalidad. Las provincias más productivas, situadas en la franja central del país (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires), reciben bastante menos de lo que aportan. Pero Buenos Aires, la provincia más rica y poblada, goza de algunas ventajas. Hace una semana, el Gobierno central liberó fondos para que los 10.000 conductores de transporte público de Buenos Aires cobraran el sueldo y el aguinaldo. A Córdoba, en cambio, no llegó dinero y los conductores fueron a la huelga.

La Voz del Interior, el diario más leído en Córdoba y la región central, se hizo rápidamente eco del llamado “Mendoexit” y, en un extenso artículo, se preguntaba si la idea de la independencia era realmente “alocada”. Ofrecía una respuesta: la solución, más que la separación, era acabar con la actual coparticipación fiscal, incorporada a la Constitución en 1994.

“La ley de coparticipación solo puede modificarse si hay acuerdo unánime en las 24 legislaturas provinciales; eso es muy difícil y, por tanto, hay que buscar una fórmula alternativa para acabar con el actual mecanismo”, afirmó Cornejo en una entrevista telefónica. El exgobernador añadió que era “concebible” una coordinación a tal fin de las provincias más industrializadas y más perjudicadas fiscalmente, en especial Córdoba y Mendoza. Cornejo piensa que la solución debería pasar por una fórmula parecida a la que utilizó Alemania en su reunificación, transfiriendo fondos a las provincias pobres pero fijando un límite en el tiempo para evitar el hábito del subsidio.

Es cierto que Mendoza posee unas instituciones sólidas y frugales. Desde la recuperación de la democracia, en 1983, ha tenido 10 gobernadores, cinco de ellos peronistas y los otros cinco radicales, con una alternancia en el poder que la distingue de otras provincias y del Gobierno central. El gobernador viaja en vuelo regular. Sus tribunales son bastante respetados. Y la calidad de vida de sus 2,1 millones de habitantes es elevada. Pero los problemas se acumulan. En una provincia célebre por sus vinos, solo el 4% de la superficie cultivable goza de irrigación. “Esto es un desierto, y la necesidad histórica de aprovechar el agua con buen criterio ha contribuido a la vida institucional ordenada”, apunta Cornejo.

El año pasado, durante el último tramo de la presidencia de Mauricio Macri, parecía asegurada la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento. Era una obra pública que en Mendoza se consideraba vital y el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se comprometió a aportar mil millones de dólares. Pero el actual presidente, Alberto Fernández, ha paralizado el proyecto porque, dice, la represa en el río Atuel afecta a otras cuatro provincias que se oponen por razones medioambientales. El 62% de los mendocinos viven esa paralización como una “provocación a Mendoza”.

El sondeo que refleja la insatisfacción de Mendoza fue encargado por el emprendedor español José Manuel Ortega Fournier, residente en la provincia y antiguo propietario de una prestigiosa bodega vinícola. La realización del sondeo, entre 800 personas, correspondió a la sociedad Reale Dalla Torre, una de las principales firmas demoscópicas argentinas. “La idea no es romper Argentina, sino reinventarla”, dice Ortega Fournier. El 42% de los mendocinos creen que su provincia, exportadora, con petróleo y con el atractivo turístico de los Andes, podría “vivir separada” de Argentina. El 50% cree que no.