El operativo contra el narco en Guanajuato se salda con la libertad de todos los detenidos

Una operación contra la estructura financiera del cartel, lo llamaron entonces las autoridades. El 20 de junio, un importante operativo militar cercaba la zona de residencia e influencia de otro de los enemigos públicos del país: El Marro, el líder del cartel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato (México). Y sus colaboradores incendiaron vehículos y comercios, el caos se apoderó del sur industrial esta región del centro del país. Pero nada había impedido, según el Gobierno, el objetivo de la misión: la detención de 31 presuntos colaboradores del grupo, entre ellos, la madre, la hermana, una prima del capo y dos presuntos miembros de la banda, capturados con dos millones de pesos en efectivo (unos 78.360 euros) y un kilo de metanfetaminas. Pero solo una semana después, ninguno de los detenidos ha sido procesado. Había tantos errores en los expedientes que la jueza encargada del caso falló la liberación de los que quedaban este domingo. El prometido golpe al narco ha quedado reducido a un fracaso más de las instituciones en su combate al crimen organizado.

La mayoría de los detenidos esa noche estaban relacionados con los disturbios y no con el cartel que controla el robo de combustible en un corredor industrial y petrolero de México, según las autoridades. De manera que 26 de ellos fueron liberados al día siguiente de su arresto. Siete eran menores de edad. Quedaban cinco, para los cuales se había diseñado ese operativo, de carácter federal y estatal, y habían emitido órdenes de detención. Cinco piezas clave en la estructura financiera del cartel Santa Rosa de Lima, habían anunciado las autoridades. Unos vídeos de José Antonio Yépez, El Marro, entre lágrimas, amenazando con represalias al Gobierno, parecía concluir que el presunto criminal había quedado derrotado con esta afrenta de las autoridades.

La defensa de los acusados pudo comprobar en las audiencias de este fin de semana cómo las órdenes de detención llegaron cuatro horas después de los arrestos, de manera que estos fueron detenidos ilegalmente al menos durante ese tiempo. Además, no se capturaron en los domicilios para los que fueron emitidas esas órdenes, sino en ubicaciones cercanas. También, que el dinero en efectivo requisado por la Fiscalía había sido “sembrado” por las autoridades, es decir, que lo habían colocado ahí para detenerlos en flagrancia, así como la droga incautada. La Fiscalía no pudo desmontar las pruebas de la defensa y la jueza Paulina Iraís Medina emitió un fallo que tiraba por la borda con un párrafo el aparatoso operativo del 20 de junio.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado este lunes en su conferencia de prensa diaria que la liberación del entorno familiar del capo se debió a la “corrupción” de las autoridades locales. E incluso señaló directamente al fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, que “lleva ya 12 años en el poder”. No ha explicado, sin embargo, cómo un operativo diseñado como una alianza del Gobierno federal y estatal, aunque liderado por la Guardia Nacional (emblema de seguridad del presidente), pudo ejecutarse con tan pocas garantías de éxito, según las conclusiones de la jueza Medina. La responsabilidad de los arrestos no fue únicamente estatal, de manera que las negligencias en la operación deben escalar hasta su propio Gobierno. De momento, el balón ha sido devuelto al Gobierno de Guanajuato.

El presidente también ha dirigido su acusación contra la jueza. Un recurso habitual de las autoridades tras el fracaso de los operativos de seguridad es atacar a un gremio que ya ejerce su profesión con altos niveles de riesgo. Hace solo dos semanas, el magistrado federal Uriel Villegas fue acribillado a balazos junto a su esposa en Colima después de haber conocido diversos casos relacionados con el hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país. “Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa [trampa], para decirlo con claridad. Siempre andan buscando eso algunos jueces, no generalizo, pero sí hay... Buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes”, sostuvo López Obrador este lunes.

El Gobierno de Guanajuato ha respondido a las declaraciones del presidente, a través de un mensaje de su gobernador, Diego Sinuhe Rodríguez (del PAN, oposición a López Obrador). El mandatario local afirma que la Fiscalía estatal no debía atraer este caso debido a que se trataba de delitos federales como lo son la delincuencia organizada y el narcotráfico. El balón, de nuevo, para el Gobierno federal.

En medio de una disputa política queda una entidad que soporta los niveles más altos de violencia de su historia. Desde hace dos años, el Estado tradicionalmente próspero y seguro en la región del Bajío mexicano, se ha convertido en la zona más sangrienta del país. El Gobierno estatal recibe una fuerte presión del sector empresarial, muy poderosa en la zona, para poner fin a la inseguridad. Las cifras oficiales registran hasta mayo 2.089 asesinatos, es decir, casi 14 al día. La ciudad de Irapuato se encuentra entre las más violentas del mundo.