Detenido en Cabo Verde el presunto testaferro de Nicolás Maduro

El empresario colombiano Alex Naím Saab Morán fue detenido la noche del viernes en la isla africana de Cabo Verde. La justicia de Colombia y Estados Unidos investigaba por lavado de dinero al hombre de origen libanés, señalado por ser el principal operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro. Saab ha sido sancionado por Washington desde junio de 2019 tras ser acusado de servir de testaferro del líder chavista. La detención del empresario de 49 años ha sido adelantada por la prensa colombiana y la agencia estadounidense Associated Press, quien cita a un portavoz del Departamento de Justicia.

Las versiones periodísticas afirman que Saab Morán viajaba en una avioneta privada de matrícula venezolana, que habría salido del aeropuerto de Maiquetía. El empresario fue capturado en una parada para repostar combustible en Cabo Verde en un viaje que tenía como destino Irán. Saab es requerido por la justicia estadounidense, pero la isla africana no tiene un acuerdo de extradición con Washington. El Gobierno de Nicolás Maduro ha condenado este sábado la detención, calificándola de “agresión y asedio contra el pueblo venezolano”. Según manifiesta Caracas a través de un comunicado, se trata de una acción emprendida por la Administración de Donald Trump que viola el derecho internacional. Las autoridades venezolanas han emprendido “todas las gestiones correspondientes, por la vía diplomática y legal, para garantizar los derechos humanos” de Saab y su derecho a la defensa. Además, solicitan formalmente su liberación.

Saab Morán ha gozado de una extensa red de contratos otorgados por el chavismo. Estos se han multiplicado durante el mandato de Maduro. En los años del control cambiario en Venezuela, se convirtió en proveedor de kits de construcción de casas prefabricadas a través de un acuerdo con su empresa Fondo Global de Construcción por 685 millones de dólares. Este se firmó con la presencia de los entonces presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de Colombia.

Con Maduro al frente, Saab se ha convertido en una figura clave, al punto de que fue el principal proveedor del programa de alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con el que se surtían cajas y bolsas de comida de baja calidad e importada con sobreprecio que mensualmente son vendidas a los venezolanos. Esta relación comenzó con un contrato de 340 millones de dólares, que se ha extendido a otras negociaciones por alimentos y medicinas, en las que también participaron familiares de Maduro, y a la apertura de empresas en México, Emiratos Árabes, Turquía y Panamá.

Saab Morán también fue favorecido con el manejo a través de sus empresas de la red estatal de Abastos Bicentenarios, creadas a partir de las expropiaciones de supermercados hechas por Hugo Chávez. En 2018 entró en el negocio del oro con suficiente poder como para que uno de sus antiguos empleados fuese nombrado presidente de la estatal Minerven, que después se asoció con Carbones del Zulia, otro negocio donde Saab está involucrado.

La trama de corrupción vinculada a Saab también alcanzó a la oposición venezolana. El año pasado, un grupo de parlamentarios hizo lobby para limpiar la imagen de sus negocios ante otros países, justo cuando las sanciones estadounidenses comenzaron a cercarlo y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Estas medidas también se extendieron a sus socios y familiares. La llamada fracción CLAP del Parlamento, integrada por los legisladores Luis Parra y José Brito y otros nueve diputados, hizo gestiones por su reputación y después terminó separándose de la oposición. En enero, promovieron la conformación de una junta directiva con apoyo del chavismo, sin quórum ni votos, en un intento por desbancar a Juan Guaidó, un episodio que ha complicado aún más la crisis institucional que se vive en el país sudamericano.

La extensa trama ha sido minuciosamente revelada en Venezuela por el portal digital Armando Info. Sus investigaciones sobre Saab y sus socios llevaron a cuatro de sus periodistas -Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Alfredo Meza- al exilio por amenazas de procesos judiciales en su contra y la prohibición expresa que hizo Conatel, el regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, de mencionar su nombre en la página web del medio.

La justicia internacional venía cercando al poderoso empresario. Además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos y Colombia, que lo consideraba prófugo desde 2018, México también abrió investigaciones sobre sus empresas. La Fiscalía mexicana también le congeló bienes. Esta semana, la justicia colombiana anunció el embargo de ocho propiedades en la ciudad de Barranquilla que estaban a nombre de una sociedad “que habría servido de fachada para ocultar los dineros obtenidos por Alex Saab” por medio de una empresa con la que hizo “importaciones y exportaciones ficticias que representaron pérdidas al Estado colombiano”, dice un comunicado.