Los tratamientos con cloroquina se abren camino en el sistema sanitario público de Brasil

“¡La cloroquina ha vuelto!”, celebró el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la última semana, después del culebrón repleto de giros en los estudios sobre la eficacia del uso de este fármaco para tratar a pacientes con la covid-19. La revista The Lancet ha retirado de su plataforma, a instancias de sus autores, el estudio mundial que concluía que la cloroquina y la hidroxicloroquina no ofrecían ningún beneficio a los pacientes con coronavirus, y que incluso podían aumentar el riesgo de muerte en un 30% de los casos. Algunos días después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que reanudará los ensayos con estos medicamentos, que se habían interrumpido tras la publicación del estudio.

Fue la gloria para Bolsonaro que desafió la lógica científica y ordenó a finales de mayo que el Ministerio de Salud emitiera nuevas directrices para la aplicación de la cloroquina y la hidroxicloroquina en pacientes no solo graves —como ya se admitía—, sino también en personas con síntomas leves de la enfermedad, siempre con previo consentimiento del médico y del paciente. El nuevo protocolo fue firmado por el ministro interino, el general Eduardo Pazzuello, el tercero que ocupa esta cartera durante la pandemia —los dos primeros se retiraron por no estar de acuerdo con la receta del fármaco como remedio para la covid-19—.

El joven cocinero Lucas Bittencourt, de Porto Feliz, una pequeña ciudad a 118 kilómetros de São Paulo, fue uno de los pacientes del sistema público que se medicó con la cloroquina. Trabaja en una residencia y se sometió al test PCR, que detecta la presencia del virus, a petición de su jefa, que pertenece al grupo de riesgo. Para su sorpresa, puesto que no presentaba ningún síntoma, dio positivo. “Nada más saberlo me fui a un centro de salud. Solo me pidieron que hiciera cuarentena y me dieron los medicamentos”, afirma. Bittencourt recibió un kit con siete fármacos que obedecen al protocolo de tratamiento precoz de la ciudad para los casos con sospecha de covid-19, entre ellos, la hidroxicloroquina. Al tomar el cóctel, el cocinero asegura haber sentido náuseas, dolor de barriga y diarrea, pero respeta las instrucciones que le dieron en el centro de salud: “Si me la recomiendan, es porque saben lo que hacen”.

El Ayuntamiento de Porto Feliz asegura que el protocolo de prescripción del fármaco solo se realiza para los pacientes con síntomas tras realizarles pruebas como análisis de la función renal y hepática, tomografía computarizada de tórax y electrocardiograma ratificado por un cardiólogo, y con la “autorización formal de cada paciente”. Solo después, el médico decide “si se puede indicar o no con seguridad el uso de la hidroxicloroquina y de las demás medicaciones que componen el protocolo”.

El uso de estos fármacos desprecia el hecho de que los estudios sobre su uso aún son inconcluyentes. El protocolo también va en contra de lo que arroja el único estudio brasileño sobre la medicación. El 18 de abril, la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitió un comunicado en el que afirmaba que dosis altas de cloroquina no eran indicadas para el tratamiento de pacientes graves de covid-19 y que aún no era posible probar la eficacia de su tratamiento en la enfermedad. Los resultados, todavía iniciales, no han avanzado hasta la fecha y no hay una conclusión sobre el estudio. Por eso, el Tribunal de Cuentas brasileño pidió explicaciones acerca de la fundamentación técnica y jurídica que llevó al nuevo protocolo emitido en mayo.

De hecho, a fines de mayo, el Laboratorio Químico Farmacéutico del Ejército ya había producido 1,25 millones de pastillas de cloroquina para atender la demanda del Ministerio de Sanidad. Antes del inicio de la crisis de la covid-19, producía un lote de 250.000 píldoras cada dos años para combatir la malaria. Más allá de la producción propia, el Gobierno compró 4,3 millones de pastillas del fármaco de las empresas Apsen Farmacêutica, Sanofi Aventis, Medley Sanofi no Brasil y EMS Indústria Farmacêutica, y las envió para todos los Estados.

Casi un millón de pastillas se enviaron a São Paulo, el Estado con el número más alto de casos y muertes. A pesar de la gran partida recibida, el gobernador João Doria recordó en una entrevista concedida a EL PAÍS, que “la ciencia no lo recomienda [el uso del fármaco], salvo en casos muy especiales, con prescripción médica y la aceptación del paciente, porque los efectos secundarios son muy graves, especialmente en los cardíacos”.

Pero los municipios paulistas no suscriben necesariamente al gobernador. La alcaldía de Porto Feliz no quiso compartir el protocolo técnico con este periódico, ni aclarar en qué estudio se basa. La asesoría de comunicación se limitó a informar que es el mismo que utiliza en la ciudad de Floriano, estado de Piauí, el cual llamó la atención de la ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, Damares Alves. La ministra declaró estar “impactada” con el “milagro del uso de la cloroquina asociada con los medicamentos”, tras una visita a la ciudad de cerca de 60.000 habitantes. El protocolo fue recomendado por la médica Marina Bucar Barjud, que trabaja en el Hospital HM Puerta del Sur, en Madrid, a partir de su experiencia en España.

EL PAÍS intentó hablar con Marina Bucar, que ofrece consultoría sobre el protocolo a varios municipios brasileños, pero, según su hermano, el también médico Walter Bucar Barjud, la médica tiene “mucho trabajo, asesorías importantes, dando directrices a médicos que están salvando vidas con su ayuda”, por lo que no podía conceder la entrevista.

Enfrentamientos teóricos

No es la primera vez que una investigación sobre medicamentos acaba retirándose de una publicación científica. El 20 de mayo, la revista medRxiv borró de su página el primer estudio que recomendó el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con covid-19. El trabajo de los investigadores franceses tuvo una repercusión mundial, haciendo que algunos líderes, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendieran los fármacos. El uso indiscriminado de esos remedios tras la publicación, especialmente fuera del entorno hospitalario, preocupó al propio organismo regulador de alimentación y medicamentos de EE UU, la FDA. “Hemos autorizado su uso temporal solo en pacientes hospitalizados con covid-19 cuando los ensayos clínicos aún no están disponibles, o cuando la participación no sea factible, mediante una autorización de uso de emergencia”, afirmó la FDA. “Estos medicamentos tienen varios efectos secundarios, incluidos problemas graves de ritmo cardíaco que pueden poner en peligro la vida”, según este organismo.