Los secretos del exjefe paramilitar

Salvatore Mancuso es uno de los protagonistas más conocidos de la guerra en Colombia. Fue uno de los jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusado de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, entre otros muchos delitos. La pasada década firmó el proceso de paz que hizo el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, para el cual se creó Justicia y Paz, una jurisdicción específica para ese grupo armado que les permitía pagar ocho años de condena a cambio de contar la verdad. Mancuso también es recordado por los colombianos por su presencia en el Congreso de la República en 2004, donde fue recibido con honores por parte de senadores, una bofetada para sus víctimas; y también, por ser uno de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos por orden del hoy senador Uribe.

Tras el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se creó otro tribunal de paz, esta vez para los combatientes de la guerrilla y los miembros de la Fuerza Pública. Este, llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también otorga beneficios jurídicos a aquellos que se sometan y entreguen información sobre la verdad del conflicto armado. Y, dado que la alianza entre poderes económicos y políticos con grupos armados fue una de las realidades más ocultas de la guerra, la JEP amplió la posibilidad de que civiles (financiadores, funcionarios públicos o empresarios) se sometan voluntariamente al tribunal de paz. Se presentaron 609 personas, además de 300 exparamilitares.

Desde su celda en Atlanta, en Estados Unidos, Mancuso, hijo de un inmigrante italiano, fue uno de los primeros en pedir pista. En 2019, a través de una teleconferencia con congresistas, dijo que quería aportar información sobre los vínculos del poder económico y el grupo armado que dirigió, y quería someterse a este tribunal en calidad de auspiciador o financiador del conflicto. Pero después de evaluar su solicitud, la JEP acaba de rechazar su sometimiento. La razón: la Sala de Reconocimiento concluyó que “su rol en este periodo [entre 1989 y 1997] fue la de un miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”. Y agregó que Mancuso no demostró que sus conductas “correspondieran a las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal sino, por el contrario, evidencian su participación directa en las hostilidades al ejercer una función continua de combate”.

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Tras conocerse esa decisión, el debate gira ahora en torno a las verdades sobre el conflicto que se perderían debido a ese rechazo. La magistrada de la JEP Catalina Díaz aseguró a medios de comunicación que esto no impide que Mancuso pueda ser llamado como testigo en algunos de los siete macro casos que se investigan. “Si algún magistrado considera que es importante y necesario escucharlo como testigo, perfectamente se podría hacer, lo cual no equivale a que él se beneficie con un régimen de beneficios”, dijo Díaz.

Los solicitantes a la JEP deben presentar un “plan de verdad” y comprometerse a aportar pruebas e información que supere la que ya han dado en la justicia ordinaria y que ayude a esclarecer casos relacionados con el conflicto. En su petición, Mancuso aseguró que él patrullaba junto a militares como el mayor Walter Fratini Lobacio —ya fallecido—, quien fue comandante mayor del Ejército y comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada. Además, que “portaba armas largas y participaba directamente de manera efectiva en acciones armadas con fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información”.

“Él indicó que portaba armas largas, participaba en acciones militares y eso no fue esporádico sino permanente. La JEP no fue creada para los combatientes paramilitares y ellos tuvieron su propio arreglo de justicia transicional con la fiscalía y tiene que dedicarse a lo que le corresponde”, dijo la magistrada Díaz a W radio. Sin embargo la decisión no fue unánime y tres magistrados salvaron su voto.

Mancuso cumplió su condena por narcotráfico en Estados Unidos, donde se encuentra aislado por dar positivo para covid-19, y este año podría regresar a Colombia. Pero mantiene casos abiertos con Justicia y Paz (el tribunal creado para los paramilitares) y también podrá apelar la decisión que le negó la JEP. No es el único exjefe paramilitar rechazado. En total, se han postulado 10 exmiembros de ese grupo armado y están apelando para poder ingresar a este tribunal, que fue creado en el proceso de paz de La Habana.