La violencia policial también solivianta a Francia

La ira por la violencia policial no es cosa solo de Estados Unidos. Más de una veintena de personas fueron detenidas la noche del martes al miércoles en varias ciudades de Francia, mayoritariamente en París, tras participar en multitudinarias manifestaciones no autorizadas —a causa del coronavirus— en protesta por lo que consideran una respuesta violenta y a menudo racista de las fuerzas policiales francesas. Las concentraciones se produjeron en paralelo con las múltiples protestas que se suceden desde hace una semana al otro lado del Atlántico, tras la muerte por asfixia de un hombre negro, George Floyd, a manos de un policía blanco. El Gobierno de Emmanuel Macron rechazó tajantemente cualquier comparación y llamó a la calma.

“No hay una violencia de Estado instituida en nuestro país”, dijo la portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye, tras el Consejo de Ministros semanal del miércoles, en el que se abordó el tema. Una señal de que la cuestión preocupa a un Ejecutivo que ya tuvo que afrontar acusaciones de violencia policial durante las largas protestas de los chalecos amarillos desde finales de 2018 y en las más recientes manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones, más allá de los cuestionamientos a la actuación policial en zonas conflictivas como la periferia de París, con una gran población de origen extranjero. “Cuando hay incidentes, cuando los miembros de las fuerzas del orden cometen faltas, hay investigaciones y, cuando se demuestra que se ha cometido una falta, sanciones”, sostuvo Ndiaye, quien llamó a la “prudencia” a la hora de hacer paralelismos con Estados Unidos. “Creo que la situación de los dos países no es comparable ni desde el punto de vista de la historia ni de la organización de la sociedad”, agregó.

Solo en París, la protesta, en la que participaron más de 20.000 personas, se saldó con 18 detenciones, dijeron fuentes policiales a la agencia France Presse. Otras siete personas fueron arrestadas y diez agentes resultaron heridos leves en una decena de protestas convocadas en ciudades como Marsella, Lille o Lyon. Las pancartas que agitaron muchos de los participantes recogían los mismos lemas que las que estos días se han visto en las protestas en Estados Unidos: Sin justicia no hay paz o el ya internacional Black lives matter (las vidas negras importan).

Al mismo tiempo había mensajes autóctonos, en especial los que reclamaban justicia para el caso que se ha convertido en Francia en los últimos años en un símbolo nacional de la violencia policial, el de Adama Traoré, un francés negro de 24 años que murió en 2016 durante una operación policial y cuyo nombre ha resurgido con especial fuerza estos últimos días, a raíz del caso de Floyd con el que la familia del galo dice ver similitudes pese a la negativa oficial.

La manifestación de París había sido convocada por la familia de Traoré el mismo día en que sus familiares hicieron público un informe forense independiente que rebate los análisis realizados por la justicia, el último hace solo unos días, exonerando a los gendarmes que arrestaron al joven al atribuir la muerte de este a un “edema pulmonar cardiogénico” vinculado a varios problemas de salud congénitos.

El informe independiente considera, por el contrario, que el edema cardiogénico está vinculado a una “asfixia posicional inducida por un placaje en el vientre”, una técnica de inmovilización que implica una fuerte presión en el tórax utilizada aún por la policía francesa aunque ha sido prohibida en ciudades como Los Ángeles y Nueva York y en países europeos como Bélgica o Suiza. Francia fue condenada por su uso en 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. La Liga de Derechos Humanos reclamó a comienzos de año una vez más su prohibición en Francia, tras la muerte de Cédric Chouviat, un repartidor de moto de 42 años que murió un día después de haber sido detenido en París mediante la misma controvertida técnica.

El debate sobre la violencia policial —y lo que es percibido también como un sesgo racista de los agentes— había resurgido en Francia aun antes del caso Floyd. A finales de mayo, la cantante y actriz Camelia Jordana provocó la indignación de los sindicatos de la policía y del ministro del Interior, Christophe Castaner, al afirmar en un programa de televisión que hay “hombres y mujeres que van a trabajar todas las mañanas en la periferia y que se hacen masacrar por ninguna otra razón más que el color de su piel”. Castaner, que no llegó a cumplir su amenaza de demandarla ante la justicia, calificó no obstante sus palabras de “mentirosas y vergonzosas”. Este miércoles, en una comparecencia ante el Senado, el ministro aseguró que es y será “intransigente” en materia de violencia policial y prometió que “cada falta, cada exceso, cada palabra, incluidas expresiones racistas” serán objeto de “una investigación, de una decisión y de una sanción” si así lo ameritan.