Hong Kong advierte a Trump contra la retirada del estatus especial

Representantes del Gobierno de Hong Kong han criticado este sábado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar el estatus especial que otorgaba al territorio, como castigo a China por imponer una nueva ley de Seguridad Nacional sobre el enclave. El Gobierno en Pekín ya había advertido previamente a Washington de que adoptaría represalias si finalmente la Casa Blanca optaba por ese tipo de medidas.

El estatus especial otorga a Hong Kong relaciones comerciales preferenciales con Estados Unidos, que considera al territorio una entidad aduanera diferente a la de China. Ello había permitido que el enclave y puerto franco esquivara las subidas de aranceles que intercambiaron Washington y Pekín en su guerra comercial. La retirada de ese privilegio conlleva que los bienes procedentes de Hong Kong serán tratados como procedentes de China y sujetos a aranceles. El territorio, que no carga aranceles a los productos estadounidenses, es uno de los principales mercados de exportación para la primera potencia mundial, que mantiene un superávit de 297.000 millones de dólares en su balanza comercial con la antigua colonia.

En declaraciones a la prensa en Hong Kong, el ministro de Seguridad del Ejecutivo autónomo, John Lee, indicó que, pese a las amenazas estadounidenses, Pekín y el Gobierno local seguirán adelante con el desarrollo de la ley, a la que la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) dio su visto bueno el jueves. Se espera que los detalles de la medida se redacten a lo largo del verano y se vote en agosto, antes de las elecciones legislativas de septiembre en la antigua colonia británica en las que la oposición demócrata puede lograr una importante victoria.

“No tendrán éxito en amedrentar al Gobierno hongkonés, usen los medios que usen, porque creemos que estamos haciendo lo correcto”, ha sostenido Lee.

China y el Ejecutivo autónomo hongkonés consideran necesaria la ley para impedir una repetición de las protestas masivas, en ocasiones violentas, que el año pasado paralizaron el enclave financiero. La nueva ley busca “impedir, detener y castigar” las actividades “terroristas”, “independentistas”, la “subversión de los poderes del Estado” y la “injerencia extranjera”: Pekín cree que en esas manifestaciones se dan los cuatro supuestos.

Por el contrario, diputados de la oposición, abogados, defensores de los derechos humanos, empresarios y manifestantes creen que la nueva ley tendrá un efecto dañino en el régimen de libertades del que disfruta Hong Kong desde su regreso a la soberanía china en 1997, inexistentes en el resto del país y que el enclave tiene garantizados hasta 2047 por el principio “un país, dos sistemas” al que se comprometió Pekín en su acuerdo con Londres para el traspaso de la soberanía. La Asociación de Abogados de Hong Kong, que representa a más de 1.500 profesionales legales, considera que la ley impuesta por Pekín viola la Ley Básica, la miniconstitución hongkonesa.

La ministra de Justicia hongkonesa, Teresa Cheng, ha declarado por su parte que la decisión de Trump se basa en supuestos “erróneos y falsos”. “En lo que se refiere a la seguridad nacional, como en cualquier otro país del mundo, es una competencia que corresponde a las autoridades centrales. Estados Unidos ha aprobado sus leyes de seguridad nacional, China también puede aprobar las suyas”, ha insistido.

En una comparecencia en la Casa Blanca este viernes, Trump había acusado a China de incumplir sus promesas de autonomía en relación con el estatus de la antigua colonia británica, y anunció que ha ordenado al Gobierno que inicie un proceso para eliminar “las exenciones políticas” que confieren a Hong Kong “un trato diferente y especial”. La desaparición de ese estatus especial implica la eliminación de beneficios comerciales.

Las acciones previstas por Trump contra China también incluyen sanciones a funcionarios chinos que considere que han erosionado la libertad de Hong Kong; la suspensión de la entrada en EE UU de ciudadanos chinos que supongan un “riesgo” de seguridad, y la investigación de empresas del gigante asiático que operan en Estados Unidos.