La compra de respiradores con sobreprecio desata un escándalo en Bolivia

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció a finales de la semana pasada en un acto público la compra a una empresa española de 170 respiradores, la primera adquisición de material médico para hacer frente a la covid-19 que había prometido hacer. En ese momento, todavía no sabía que desataría una tormenta de sospechas y acusaciones en contra de su Gobierno por un presunto caso de corrupción en la operación. Este martes, acorralada por las investigaciones periodísticas, la presidenta manifestó: “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles". “Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, escribió Áñez en Twitter.

La prensa boliviana ha determinado que cada uno de los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tiene un precio de fábrica de 7.194 dólares. Pero el Gobierno interino pagó –a uno o varios intermediarios, un detalle que todavía no se ha esclarecido– más de 4,7 millones de dólares por 170 máquinas; esto significa que cada una le costó 28.000 dólares. El Ejecutivo boliviano decidió hacer esta compra directamente en España, al parecer por medio de su cónsul en Barcelona, David Pareja, pese a que una importadora local le había ofrecido traer los mismo equipos al país por 12.500 dólares la unidad.

Hasta pocas horas antes del tuit de la presidenta, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, había descartado la existencia de sobreprecio en la compra de los respiradores. Además, la institución que financió la operación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había respaldado al Gobierno. Esta estrategia de defensa quedó desbaratada cuando la presidenta intervino y se dio la detención de un funcionario de mediano rango.

Los respiradores también fueron objetados por las asociaciones médicas nacionales, por un motivo distinto a su precio. En cartas y comunicados públicos, los especialistas señalaron que estos aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de covid-19. GPA Innova ha respondido en los periódicos bolivianos que, si bien estos equipos han sido recientemente desarrollados y todavía están esperando algunas certificaciones europeas, han funcionado bien en la lucha contra la enfermedad en España y que, “en su versión más avanzada”, son útiles para terapia intensiva. El modelo que adquirió Bolivia es el básico, así que la empresa y los intermediarios han ofrecido cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país. Esta oferta ha despertado más sospechas que alegría en el país andino.

Hasta este martes, Bolivia registra 4.263 casos de covid-19 y 174 personas fallecidas. El 81% de los casos se encuentra en los Departamentos (Estados) orientales de Santa Cruz y del Beni, cuyos servicios médicos están colapsando. Como en otras partes del mundo, la necesidad más sentida en estos lugares son camas disponibles en las de por sí pocas –alrededor de 67– unidades de terapia intensiva de las que disponen estas regiones.

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