Putin controla la ‘cocina’ de la reforma

Las razones e intenciones profundas de la reforma constitucional promovida por el presidente Vladímir Putin están aún por dilucidar, pero tres puntos se han aclarado en el periodo que va desde el 15 de enero, cuando el líder puso en marcha el proceso, hasta el 10 de marzo, fecha en la que la Duma Estatal aprobará el proyecto en segunda y decisiva lectura.

En primer lugar, el poder del presidente se incrementa sustancialmente a costa de recortar los poderes de otras instituciones del Estado y también gracias a posibilidades suplementarias de intervenir en los mecanismos de funcionamiento de estas instituciones. Esto afecta al Gobierno, al Parlamento y al conjunto del sistema judicial. El jefe del Estado tendrá mayor margen de maniobra en caso de conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo, por ejemplo en una moción de censura al Gobierno.

En segundo lugar, el texto resultante tiene carácter conservador y retrógrado, prima la familia tradicional, cita la “fe en Dios” como supuesto legado de los antepasados (aparentemente de hace más de un siglo dado el carácter ateo de la URSS) y fija de forma acrítica un pasado triunfal que no puede ser cuestionado.

En tercer lugar, el proyecto introduce alusiones a los rusos como “pueblo vertebrador del Estado” y por ello ha causado inquietud en otras comunidades culturales del país e incluso ha provocado la protesta de la máxima autoridad islámica de Tatarstán (una república de la Federación Rusa, constituida en torno a la comunidad tártara).

Entre la primera lectura de las enmiendas, el 23 de enero, y el texto elaborado con ayuda de un grupo de trabajo de 75 expertos nombrados a dedo por Putin, los rasgos arriba citados se han fortalecido; es decir, hay más presidente, más tradición y más factor nacional ruso. El documento también se ha dilatado. Para desarrollar las enmiendas se precisa de una cincuentena de leyes, según el jefe del comité de construcción del Estado y Legislación, Pavel Krashenínnikov. Este jurista, uno de los presidentes del grupo de trabajo, preveía inicialmente modificaciones en 35 leyes más una nueva para desarrollar la institución del Consejo de Estado.

En algunos casos, las enmiendas constitucionales elevan la categoría de reglas ya integradas en la legislación rusa, por ejemplo, la dependencia de algunos ministros (Exteriores, Defensa, Interior, Seguridad, Situaciones de Emergencia) del presidente (y no del jefe del Gobierno); el apoyo a los compatriotas en el extranjero, o la prohibición de mantener cuentas fuera de Rusia para las altas autoridades del país.

Los diputados aplaudieron satisfechos cuando Putin les anunció que el Parlamento iba a tener más protagonismo y que podrían “confirmar al jefe del Gobierno”; pero, ¿de qué les sirve, si el primer ministro, una vez confirmado, solo depende del presidente y se puede ir sin informar siquiera a la Cámara?

Putin envió enmiendas entre la primera y la segunda lectura del texto constitucional, pero, en su mayoría, las propuestas que amplían las competencias del jefe del Estado no son suyas. Tras seguir con minuciosidad la elaboración del documento, la analista parlamentaria Marina Ózerova comentaba que “ahora va quedando claro para qué necesitaba el presidente crear un incomprensible grupo de trabajo de representantes de la sociedad, la ciencia, la cultura, diputados, senadores y juristas. Como mínimo para que en segunda lectura introdujera enmiendas que cambian el sistema de división de poder en Rusia y así parece como si el jefe del Estado no tuviera nada que ver”.

No es extraño, pues, que políticos y analistas comparen la nueva constitución con “un mensaje cifrado” e incluso con “un menú del día”. Putin tiene la máquina de descifrar y controla la cocina.