Los alcaldes de cuatro capitales centroeuropeas se unen contra el conservadurismo de sus gobiernos

Los alcaldes de Budapest, Varsovia, Praga y Bratislava se han aliado para mostrar una alternativa abierta, verde y cosmopolita frente al nacionalismo, la xenofobia y el antieuropeísmo que exhiben en Bruselas los cuatro países de las capitales en las que gobiernan. Los líderes locales se han reunido este lunes en Budapest para impulsar unas políticas alejadas del conservadurismo y el recorte de libertades que dominan en ese grupo de países 30 años después de la caída del Muro de Berlín y tras 15 años de la ampliación al Este de la Unión Europea.

La alianza, llamada Pacto de ciudades libres, lanza un potente mensaje dentro y fuera de esos países. Dentro, porque da visibilidad a una ciudadanía liberal y conectada a Europa que lucha por tener una voz en medio de la retórica ultranacionalista y populista que emplean los Gobiernos de los cuatro países, aliados a su vez frente a Bruselas en temas como la inmigración y el cambio climático en el Grupo de Visegrado. Pero también envía una señal a Europa, como explica András Bíró-Nagy, director del think tank Policy Solutions de Budapest. “El pacto de los alcaldes proyecta una cara distinta de estos países, un rostro más social, más verde y liberal, ante la Unión Europea. En el plano pragmático, plantean que sean las propias ciudades las que puedan recibir recursos más directamente de la UE sin tener que depender por completo de los Gobiernos nacionales”.

En los últimos años, la Hungría del ultraderechista Víktor Orbán ha liderado una ofensiva contra la inmigración en Europa y ha ido construyendo un modelo nacionalista en el que él y su partido acaparan poder a costa de minar el de los jueces, la prensa, la sociedad civil, las instituciones educativas y el propio Estado de Derecho. Orbán lo llamó la ‘democracia iliberal’ como antítesis de una Europa abierta y solidaria. Este ideario le ha permitido ganar elecciones con enormes mayorías desde 2010. Pero en octubre, la oposición húngara logró derrotar al partido de Orbán, y se hizo con la capital y otras nueve ciudades grandes que dieron oxígeno a esa parte de la ciudadanía preocupada por la deriva autoritaria del país, que cree en sociedades diversas y considera que hay que actuar ya contra el cambio climático.

El nuevo alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, es un ecologista y sociólogo de 44 años. Ganó las municipales como candidato único de toda la oposición, que durante años había estado fragmentada y encadenando derrotas. Venció con un programa en el que hablaba de la burbuja inmobiliaria, del cambio climático, convencido de que “el cambio en Budapest y en las grandes ciudades es el primer paso hacia el cambio en toda Hungría”, como dijo tras su victoria. Karácsony ha explicado que las cuatro capitales cooperarán en varios ámbitos e intentarán “convencer a la UE de que tiene sentido hacer llegar más fondos directamente a los ayuntamientos”, informa Efe. Ha recordado que buena parte del dinero comunitario en realidad “llega a oligarcas cercanos al poder”, en alusión a los recientes escándalos de corrupción en República Checa y Hungría.

Los alcaldes han elegido un lugar simbólico para establecer el pacto. Se trata del antiguo campus de la Universidad Centroeuropea de Budapest, una prestigiosa institución académica financiada por el filántropo de origen húngaro George Soros, y que el año pasado se vio abocada a trasladar la mayor parte de su actividad a Viena por el acoso del Gobierno de Orbán.

En Polonia, también Varsovia es una isla ideológica en el mar ultranacionalista y ultraconservador del partido Ley y Justicia. La capital ha sido, desde 2006, un bastión de la oposición al partido liderado por Jaroslaw Kaczynski. Cuando Rafal Trzaskowski (Varsovia, 47 años) llegó a la alcaldía en las municipales de octubre de 2018, ya había sido diputado, europarlamentario y ministro. Se presentó como el candidato de Coalición Cívica, un conglomerado de partidos de ideología diversa, liderado por el liberal Plataforma Cívica y creado para hacer frente al ascenso de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) en todo el país.

Las políticas inclusivas lanzadas en el último año en Varsovia han puesto en pie de guerra al partido en el Gobierno. En febrero, Trzaskowski firmó una declaración a favor de los derechos del colectivo LGTB que, entre otras medidas, introducía programas sobre educación sexual y tolerancia en las escuelas de la capital. En una entrevista el pasado mayo, el vicealcalde Paweł Rabiej, uno de los pocos políticos que se declara públicamente gay en Polonia, defendía el pacto: “Queremos hacer de Varsovia una ciudad abierta y para todos, tenemos que ser consecuentes con nuestros valores”. Actualmente, el Parlamento debate un proyecto de ley que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes impartan educación sexual a menores. 

A la cruzada del Gobierno del PiS contra el colectivo LGTB se une la persecución de las asociaciones feministas, que han visto recortadas las ayudas públicas desde la llegada de los ultraconservadores al poder. En octubre, Ley y Justicia revalidó la mayoría absoluta lograda en 2015. El partido del Gobierno ya hizo saltar las alarmas en Bruselas durante la anterior legislatura al considerar que ponía en riesgo el Estado de Derecho con iniciativas como la reforma del sistema judicial, que busca dar un mayor control al Ejecutivo y que ha sido paralizada por la justicia europea en algunos apartados, como el de la edad de jubilación de los jueces.