Johnson y Corbyn se juegan su futuro en poco más de 50 circunscripciones

En el corazón de los equipos de campaña, las elecciones son siempre más una operación de cirugía que un ejercicio de seducción. Boris Johnson y Jeremy Corbyn ya solo centran sus esfuerzos, en los días previos al 12 de diciembre, en aquellas circunscripciones laboristas —medio centenar— donde la diferencia entre candidatos en 2017 fue de apenas 1.000 votos, o donde el Brexit triunfó en 2016. Uno aspira a lograr una mayoría suficiente. El otro, a evitar la previsible debacle.

Las encuestas del último fin de semana previo a la jornada electoral deberían permitir a Johnson respirar tranquilo. Le otorgan una ventaja de entre 10 y 14 puntos respecto al laborista Corbyn. Pero en un sistema mayoritario de 650 circunscripciones, en el que el ganador se lleva el escaño y el resto de votos se van a la basura, la tendencia de los sondeos puede acabar resultando un espejismo. Perder diez diputados, por ejemplo, implica que el otro gane 10, y que la diferencia entre uno y otro sume 20. El candidato conservador se juega la mayoría que evite un nuevo Parlamento bloqueado que haga imposible sus planes de un Brexit rápido y limpio.

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Johnson ha decidido aumentar el calibre de sus acusaciones contra Corbyn por frenar la salida de la UE —la “gran traición”, la llama— y resucitar espantajos que hasta ahora habían estado ausentes en la campaña, como el asunto de la inmigración. “Corbyn prometió honrar el resultado del referéndum [de 2016] y se ha dedicado a votar en su contra en el Parlamento en cada ocasión que se le ha presentado. Se han burlado de sus votantes. Y ahora proponen otra consulta popular, pero esta vez se asegurarán el resultado porque permitirán votar a los dos millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido. Es la gran traición”, ha dicho este lunes el candidato conservador en uno de los actos electorales exprés que pretende celebrar en los próximos días. Todos concentrados en las llamadas Midlands (Tierras Medias) y en las regiones del norte de Inglaterra, donde se concentra históricamente el voto laborista, pero también donde el sentimiento antieuropeo afloró con fuerza hace tres años. Creen los estrategas conservadores que, en esta ocasión, la fruta está madura para romper la lealtad casi tribal de estas regiones al laborismo. Por eso Johnson ha vuelto a echar mano del argumento que hasta ahora, mitad por pudor mitad por conveniencia, había enterrado: la inmigración. El pistoletazo de salida lo dio el candidato en una entrevista el pasado domingo a Sky News. “En las últimas dos décadas hemos visto llegar aquí a un montón de trabajadores no cualificados de toda la Unión Europea que tratan al Reino Unido como si se tratara de su propio país”, aseguraba Johnson en un comentario destinado a reactivar la xenofobia que desató el Brexit.

El Partido Laborista aún confía, como sucedió en 2017, en que, cuando llegue el momento de depositar el voto, prime la ideología. Ensayadas hasta la saciedad ante diferentes auditorios las diferentes propuestas de su programa electoral —”el más radical de las últimas décadas”, según el propio Corbyn—, han decidido filtrar las más populares y no dejar de repetirlas en la recta final de la campaña. John McDonnell, el portavoz de economía de la formación y auténtico cerebro gris del laborismo, ha insistido este lunes en que durante los primeros cien días de un Gobierno de Corbyn, servicios públicos como el agua o la electricidad serán renacionalizados. “Vamos a asegurarnos de que las decisiones se adopten en un nivel local por aquellos que entienden el valor de estos servicios, que los usan y que se encargan de suministrarlos. Haremos asambleas públicas retransmitidas en directo, con nuevas reglas de transparencia más exigentes que nunca”, prometía McDonnell. Después de diez años de austeridad, el electorado mira con otros ojos ideas que hace poco hubieran sonado drásticas, aunque los expertos insistan en mostrarse escépticos. “La mayoría de los beneficios potenciales de la renacionalización podrían lograrse por otras vías, como mejor regulación y más competencia”, aseguraba en un informe el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales.