La regionalización enfrenta a los partidos con el presidente de Portugal

La regionalización de Portugal está contemplada en la Constitución de 1976, pero que nunca se ha implementado, una vez por su derrota en referéndum (1998) y después por desinterés. Ahora los cuatro mayores partidos (Partido Socialista, Partido Socialdemócrata, Bloco de Esquerda y Partido Comunista) quieren avanzar en la regionalización en esta legislatura, pero por distintas vías. El Gobierno socialista recela de otro referéndum, sobre todo dado que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, está en contra.

Entre las dudas de unos (PS y el centroderechista PSD) y los recelos del popular mandatario, el PC ha sido el más claro al lanzar su propuesta de regionalización mediante un nuevo referéndum que se celebraría entre abril y junio de 2021. Hasta entonces sus asambleas locales van a decidir cuántas deben ser las regiones del país: si las actuales cinco, las denominadas comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR), o las ocho —sin contar las comunidades autónomas de Madeira y Azores— que preveía la consulta de 1998, una iniciativa del entonces primer ministro socialista António Guterres.

En la consulta de hace veinte años participó menos del 50% del censo, el mínimo requerido para tener validez la consulta; y entre los votantes solo el 35% lo hizo a favor. El programa electoral de los cuatro principales partidos incluía el compromiso de acometer la regionalización en la legislatura que acaba de comenzar.

Al igual que el PC, el derechista CDS también exige la consulta popular y que no se esquive el mandato constitucional con una “regionalización a escondidas”, según Cecilia Meireles, portavoz del CDS, contrario a la regionalización.

El plan del Gobierno del socialista António Costa es conformar las regiones por vía indirecta, mediante votación de sus alcaldes (los municipios, sobre todo de los más ricos, presionan para obtener más competencias). “Las comisiones de coordinación dejan de ser órganos de administración descentralizada del Estado y pasan a ser órganos con una legitimidad de base regional, aunque de forma mitigada”, explica Fernando Medina, alcalde socialista de Lisboa. De momento ni el proyecto del PC ni el del PS concreta las futuras competencias regionales y su autonomía legislativa y financiera.

Pese al dominio electoral del PS y de que PC, PSD y Bloco de Esquerda también quieren la regionalización, todos temen el referéndum, primero porque se precisa un quórum del 50% (en las generales participó el 49% del censo y en las europeas, el 30%) y en segundo lugar, por la posición nada favorable del presidente del país.

“El papel del presidente en este proceso está definido en la Constitución y en los poderes que ésta le atribuye y limita”, señala el portavoz del PC, João Oliveira.

“Quien quiera la regionalización no debe precipitarse, porque puede ser su gran obstáculo", señala el presidente del país

En 1998, el PSD se opuso a la regionalización. El presidente del partido es el mismo que hoy preside el país, Rebelo de Sousa. “No creo que haya cambiado de ideas lo suficiente”, declara el alcalde lisboeta, “pero hace 20 años el mapa era pésimo y las dinámicas estaban mal explicadas, hoy el mapa está mejor”. El alcalde de Oporto, el independiente Rui Moreira, pide a los partidos que no se refugien en la “legítima y conocida oposición del presidente”.

Como primera autoridad del país, el presidente Rebelo de Sousa no se expresa abiertamente ni a favor ni en contra de la iniciativa, pero da consejos: “Quien quiera la regionalización no debe precipitarse, porque ese puede ser su gran obstáculo; quien no la quiera, esa precipitación puede ser un argumento para no hacerla”. Con una popularidad del 70% entre los portugueses, un guiño hacia un lado u otro podría decantar el resultado de un referéndum.

“Hay vida después de 2021”, dice el alcalde Medina, aludiendo a las elecciones presidenciales de ese año, después de las cuales Rebelo de Sousa tal vez no siga en el cargo, algo que hoy por hoy resulta difícil de imaginar.

Las prisas de los cuatro grandes partidos políticos chocan con el desinterés de los ciudadanos. La regionalización no es una preocupación nacional. Sus detractores temen un mayor desequilibrio entre las zonas ricas y pobres del país (el 83% del PIB se concentra en el litoral) y, sobre todo, miran a España con la multiplicación de cargos, Parlamentos y gobiernos autónomos, “y una nueva máquina para asesorarlos”, prevé la diputada Meireles (CDS). Para Chega, el partido de ultraderecha que accedió al Parlamento en las elecciones de octubre, esa multiplicación de burocracia y función pública puede ser un importante caladero de votos, ya que una de sus banderas es la reducción del número de escaños del actual Parlamento de 230 a 180.