Preservando la supremacía parlamentaria

El Tribunal Supremo británico acaba de declarar que la reciente suspensión del Parlamento fue ilegal e inválida desde su origen. ¿Cómo hemos llegado a este punto y cuál es la importancia de esta sentencia?

La suspensión es el término técnico empleado para la clausura del Legislativo al fin de cada sesión, que acontece cuando la reina ejercita la prerrogativa a petición de su primer ministro. Es fundamental tener en cuenta que la suspensión es habitualmente breve, y es de mayor envergadura que un receso ordinario, por ejemplo, en período de vacaciones. No se trata simplemente de ralentizar la labor del Legislativo, sino de paralizarla completamente.

Johnson usó la prerrogativa a fin de impedir que el Parlamento pudiera examinar el proceso del Brexit en unos momentos extremadamente críticos. Los 11 jueces, por unanimidad, afirmaron que la prerrogativa sólo puede ser usada de conformidad con la Constitución británica, y que en esta ocasión se vulneraron dos de sus pilares fundamentales: la supremacía parlamentaria y la responsabilidad del Gobierno frente al Legislativo.

De acuerdo con el primer principio, el legislador es la autoridad suprema, sus decisiones deben ser respetadas por el Gobierno y no pueden ser declaradas inválidas por el Poder Judicial. Según el segundo pilar, tanto el jefe del Gobierno como sus restantes miembros han de rendir cuentas al Parlamento, por lo que si el Ejecutivo pudiera abolir al Legislativo aleatoriamente, esta función de escrutinio se vería socavada.

El speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que los diputados regresarán a la Cámara este mismo miércoles, mientras que Johnson ha afirmado que acepta la decisión, pero al mismo tiempo mantiene que es incorrecta, y que la misma, junto con la intransigencia parlamentaria dificultan, aún más, un acuerdo con la Unión Europea.

Por otra parte, el Tribunal ha enfatizado que su cometido no es decidir la manera en que debe gestionarse el Brexit, y previsiblemente anticipando críticas de sectores antieuropeístas de la prensa, Lady Hale, su presidenta, ha reiterado que ésta no es una decisión política. De hecho, los jueces han llevado a cabo una labor de supervisión de los políticos durante siglos, incluyendo cuestiones incómodas y controvertidas, y ello no los convierte en políticos.

Su función es juzgar si otros actores públicos han actuado dentro de los límites de su autoridad, y en esta declaración histórica, el Tribunal Supremo, acertadamente, no nos indica qué debería suceder, sino quién tiene el mandato constitucional para decidirlo. En lugar de dañar el principio de separación de poderes, la mayor instancia judicial lo ha reforzado, preservando la supremacía parlamentaria y rechazando los intentos para eludirla.

Javier García Oliva es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Mánchester. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.