_
_
_
_
_

Guatemala declara el estado de sitio tras la muerte de tres soldados que perseguían una ‘narcoavioneta’

La medida del presidente Jimmy Morales afecta a cinco departamentos de los 22 donde la población, según el mandatario, habría protegido a los narcotraficantes

Ciudad de Guatemala -
Enrique Degenhart, el ministro de Gobernación (interior) de Guatemala.
Enrique Degenhart, el ministro de Gobernación (interior) de Guatemala.JOHAN ORDONEZ (AFP)

La crisis social y política de Guatemala vivió este miércoles un repunte tras la declaratoria del estado de sitio en cinco departamentos del país. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tomó la decisión después de que un grupo de campesinos atacara una patrulla militar provocando la muerte de tres soldados. Los militares, presuntamente, buscaban una aeronave cargada con drogas que cayó a tierra en las inmediaciones de El Estor, Izabal, una región con salida al Caribe con una fuerte presencia de grupos de naracotraficantes.

El estado de sitio supone la suspensión de derechos fundamentales como el de acción, locomoción, manifestación, reunión y portación de armas durante 30 días. El mandatario puntualizó que la resolución obedece al asesinato de los tres soldados, lo que “pone en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida y la paz de las personas”. Esta medida restringe todas las libertades individuales de los habitantes de la zona y permite al mandatario, en su calidad de comandante general del Ejército, asumir todos los poderes. El decreto deberá ser ratificado por el Congreso, que había recomendado la implementación de la medida por medio de un decreto.

Según Morales todo comenzó cuando el Ejército detectó la entrada en Guatemala de una aeronave no identificada que buscaba una pista clandestina en Izabal, lo que provocó un operativo para interceptarla. El avión, por razones no explicadas, no pudo aterrizar e intentó seguir su marcha hacia el departamento de Retalhuleu (Costa sur-occidental), pero se estrelló. Un grupo de campesinos, a quienes Morales señaló de estar vinculados a bandas de narcotraficantes, enfrentó a los militares, los desarmaron y mataron a tres de ellos. Otros dos elementos están desaparecidos. De acuerdo con el mandatario los asesinos actuaron "en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos".

“Hay una pelea asimétrica entre el Estado y el narcotráfico. También hay poblaciones que ponen a mujeres y niños como barricadas humanas para que las fuerzas de seguridad no puedan llegar hasta las pistas [de aterrizaje] clandestinas”, señaló Jimmy Morales.

La versión de los campesinos del sector difiere sustancialmente de la tesis oficial. El excomandante guerrillero César Montes señaló en una entrevista en la radio guatemalteca que la violencia se originó cuando uno de los uniformados perdió el control ante un grupo de lugareños que les reclamaban su presencia en horas de la madrugada y que realizó disparos al aire. Los campesinos, superiores en número y armados con escopetas de caza y machetes, respondieron con violencia matando a tres.

“Izabal es una zona fronteriza donde el narcotráfico campa a sus anchas. Es una zona, además, donde tienen mucho auge las industrias extractivas de níquel, con la conflictividad que ello arrastra. En ese contexto, interpreto el estado de sitio como un intento del Estado [guatemalteco] por tomar el control del lugar, que es una tierra de nadie”, comenta el sociólogo Gustavo Berganza a EL PAÍS.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó como “muy grave” la muerte violenta de tres soldados ocurrida en El Estor. "Espero que el estado de sitio no sea un pretexto para abusar del poder", comenta. "Lamentablemente, el Estado solo tiene presencia en las comunidades rurales con su cara represiva, cuando ha sido incapaz de brindar educación, salud vivienda o nutrición. Así, en muchos lugares solo se conoce esa cara del Estado. Espero que el uso de la fuerza por parte del Gobierno no sea desproporcionada y que no se convierta, de ahora en adelante, en una práctica cotidiana", concluye Rodas.

Es la segunda vez que Morales impone esta medida durante su mandato. La anterior se remonta a 2017 cuando una disputa por límites fronterizos entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el fronterizo departamento con México de San Marcos, amenazaba con derivar en enfrentamientos violentos.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_