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Los grupos criminales se fortalecen en el primer año de Gobierno de Duque

Al menos 123 municipios colombianos donde antes operaban las FARC han sido copados por grupos armados, desvela un informe de la Fundación Paz y Reconciliación

En Colombia, las minas antipersona han dejado 60 víctimas en 2019.
En Colombia, las minas antipersona han dejado 60 víctimas en 2019.

“Durante el primer año de Gobierno del presidente Iván Duque, los múltiples grupos armados compuestos, en gran parte, por exguerrilleros de las FARC, se han fortalecido”. Esta es una de las principales conclusiones del informe Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno Duque, de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, que ha desplegado medio centenar de sus investigadores en varias zonas del país para hacer una cartografía de la violencia a tres años de la firma del Acuerdo de Paz.

Históricamente, el conflicto armado no se ha vivido con la misma intensidad en los más de 1.200 municipios colombianos. De acuerdo con este patrón desigual, el estudio prioriza la atención sobre 281 de ellos y subraya que al menos 123 poblaciones donde antes operaban las FARC han sido copadas por grupos armados y organizaciones criminales, frente a las otras 150 en donde se ha logrado hacer una transición al posconflicto y se ha superado la etapa de violencia política. Sin embargo, la presencia de disidentes de la extinta guerrilla, de estructuras armadas como el Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace que la situación humanitaria siga siendo crítica.

“Las estructuras postfarc o disidentes operan de 85 municipios, agrupados en 23 estructuras y cuentan con cerca de 1.800 exguerrilleros y, otros, cerca de 300 nuevos reclutas. En el año de Gobierno Duque, estas estructuras tuvieron una expansión impresionante, al pasar de 58 a 85 municipios, aunque el crecimiento ha sido bastante silencioso: están evitando la confrontación para poder crecer y consolidar mandos”, advierte el informe, coordinado por los analistas políticos, León Valencia y Ariel Ávila —este último, colaborador de EL PAÍS— y que ha contado con el apoyo de la Fundación Ford y de la Embajada de Noruega.

El Clan del Golfo, considerado uno de los principales herederos del paramilitarismo, es el grupo de mayor envergadura a escala nacional. “Tanto por su amplia presencia en distintas regiones del país, como por sus aproximadamente 2.500 integrantes, a los cuales debe además sumársele un número indeterminado de personas vinculadas a redes de apoyo territorial, es factible decir que esta es la estructura criminal heredera del paramilitarismo más fuerte del país”, afirma la investigación.

En cuanto al ELN, que a comienzos del 2019 cometió un atentado con coche bomba en Bogotá, el informe sugiere que los esfuerzos del gobierno por atacarlos han sido inocuos porque el grupo armado ha cambiado de estrategia: ya no tiene campamentos, no usa uniformes, se camufla entre la población civil y se desplaza en pequeños grupos sin armas largas. Y aunque el gobierno lo considera su gran enemigo, los investigadores afirman que esta es una guerrilla más pequeña (tiene 3.000 combatientes), con menos recursos económicos o capacidad bélica de la que tenía las FARC.

A pesar de este panorama, la Fundación reconoce que hay una reducción de varias cifras de violencia en Colombia. “Los réditos de la paz son altos”, dicen en el informe y agregan que durante el primer año de mandato de Duque, varios indicadores, como los homicidios, tienen comportamientos positivos. “Sin embargo, esta buena noticia trae un diagnóstico bastante problemático y es que gran parte de esta reducción se debe o bien a que en algunas zonas varias organizaciones criminales pactaron (Pacífico nariñense), en otros casos alguna estructura ilegal ganó la guerra (Catatumbo, en frontera con Venezuela), o sencillamente decidieron bajar los niveles de violencia mientras de fortalecen (Putumayo, sur del país). En cualquiera de los tres escenarios los niveles de violencia caen. En otras palabras, los niveles de violencia no son proporcionales a la presencia de organizaciones criminales”, concluyen.

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