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ANÁLISIS i

El gentil monstruo de Bruselas

La sombra del incumplimiento de reglas de contratación pública, compra de material bélico innecesario, plagio de su tesis doctoral pesa sobre Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, durante la entrevista con EL PAÍS y los medios de LENA el 17 de julio de 2019 en Berlín.
Ursula von der Leyen, durante la entrevista con EL PAÍS y los medios de LENA el 17 de julio de 2019 en Berlín. Martin U. K. Lengemann/WELT

El genial ensayista alemán Hans-Magnus Enzersberger perpetró, sin embargo, un grave, aunque único, pecado: su deleznable obra El gentil monstruo de Bruselas (Anagrama, 2012). En ella prestó altavoz a todas las falacias de Margaret Thatcher contra “los burócratas de Bruselas”, por altivos y antidemocráticos.

Ambos ignoraban que esos burócratas rigen la Administración más eficiente y productiva de toda Europa, apenas más nutrida que el Ayuntamiento de París o el Bundesbank. Y la más transparente.
Ursula Albrecht, de familia patricia/profesional en Hannover, es hija de esa élite. Ernst, su padre, fue jefe de gabinete en la primera Comisión Europea, la única hasta hoy presidida por un alemán, Walter Hallstein. Fue el primer sherpa del primer comisario de la Competencia, como antecesor de Margrethe Vestager: un cargo muy poderoso (impone multas) y rutilante (máximo prestigio) de Bruselas.

Así que es europeísta, cosmopolita y plurilingüe desde antes de nacer, y por supuesto desde antes de casarse con un caballero Von der Leyen, de linaje textil sedero elevado a la pétite noblesse por Napoleón. Incluso aunque su trayectoria exhiba esos agujeros negros en su etapa de ministra de Defensa que le destripan sus paisanos socialdemócratas en Why Ursula von der Leyen is an inadequate and inappropiate candidate: incumplimiento de reglas de contratación pública, compra de material bélico innecesario, plagio de su tesis doctoral.

Como la suya, la de Hallstein fue una elección ardua: tardó del 20 de enero de 1957 al 7 de enero de 1958. Pero aquí acaban las coincidencias. Entonces no había Parlamento Europeo, sino una mera Asamblea consultiva, que hasta 1979 no sería elegida por sufragio universal, sino cooptada entre diputados nacionales.

En la encrucijada de la presunción de eficiencia de los grandes burócratas y el principio democrático de una Cámara con poderes crecientes —a la que se atribuye plena representatividad—, reside el DNI político-institucional de la nueva mandataria.

Año tras año y tras cada reforma del Tratado de Roma, el hemiciclo de Estrasbugo ha ido incrementando sus competencias jurídicas e influencia política. Incluso pese a la paradoja de la declinante participación electoral que lo legitima: solo rota para bien —al alza— este 26 de mayo.
A diferencia de los Parlamentos nacionales, no elige de la nada a un presidente del Ejecutivo. Pero lo inviste. Hasta ahora, sus destellos de poder relampaguearon en 1999, cuando forzó la dimisión de la Comisión de Jacques Santer por el favoritismo de una comisaria, Edith Crésson, al contratar a un ayudante; y en 2004, cuando obligó a José Manuel Durão Barroso a prescindir del candidato a comisario italiano, Rocco Butiglione, por ultra y homófobo, y tuvo que rehacer su cartapacio.
La votación a Ursula Albrecht ha segregado más intensidad institucional. Al amenazar con el rechazo a la candidata de los primeros ministros, y validarla al cabo por una exigua mayoría de nueve escaños (sobre 747), los diputados no solo tamborileaban con una agónica crisis institucional. No solo se vengaron de que el Consejo Europeo hubiese descartado a sus cabezas de lista más votados en las urnas (spitzenkandidaten). También afirmaron de facto su poder de elegir. Sustentado, más que en el Tratado de la Unión, en que irrumpen como la encarnación del principio democrático, que contrarresta, compensa o legitima la funcionalidad del poder funcionarial.

Lo nunca visto, el programa de la exministra alemana fue redactado de consuno con los grandes grupos parlamentarios. Los que la apoyaron con su voto (según sus cálculos, de más a menos): liberales, democristianos y socialdemócratas. Así que lo que empezó con un desdén de la institución más intergubernamental (el Consejo Europeo), ha derivado en anudar la alianza —aunque aún precaria— de las más comunitarias, Comisión y Parlamento, que junto al Tribunal de Justicia y al Banco Central Europeo emanan del espíritu más europeísta y del empeño más federal.
Esa alianza, todavía en ciernes para este mandato, amplía una tradición. Jacques Delors buscó la legitimación de la Cámara para las 300 directivas y otras normas derivadas de su Acta Única (1985) que diseñaba la realización simultánea del “gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio-ambiente” (Reússir l'Acte Unique, 15/2/1987).

Más recientemente, con Jean-Claude Juncker, esa coalición ha dado frutos como el rediseño de una unión bancaria más ambiciosa que la de los Gobiernos, mejoras del presupuesto o el impulso a una nueva capacidad fiscal (línea presupuestaria para la zona euro). Por eso, por resultados, necesidad e imperativo de principios, Von der Leyen reclamaba en la entrevista de EL PAÍS/LENA del viernes la alianza “con mayorías [parlamentarias] estables para los diferentes asuntos y quizá una mayoría nueva en cada caso”. Veremos muchas cosas.

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