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Un cuaderno de 38 páginas revela una trama en Ecuador de pagos ilegales entre altos cargos y empresas

Dos miembros del Gobierno de Rafael Correa detenidos e implicados en un presunto delito de concusión por pedir dinero a cambio de contratos con el Estado

Mera y Correa, en una imagen de archivo.
Mera y Correa, en una imagen de archivo. EFE

Su nombre había aparecido en diligencias por el caso Odebrecht y otras investigaciones que empañan la gestión de Rafael Correa de una década en Ecuador. Pero hasta este viernes, Alexis Mera, el secretario jurídico de la Presidencia y una de las personas de más confianza del exmandatario, no había sido implicado en ninguno judicialmente. La policía le detuvo en Guayaquil por un presunto delito de concusión por orden de la Fiscalía General del Estado. En paralelo y en el mismo barrio, otro operativo localizaba y detenía a María de los Ángeles Duarte, exministra que tuvo a cargo las carteras de Obras Públicas y de Vivienda en la Administración anterior.

A medianoche, la Corte Nacional de Justicia ordenó prisión preventiva para el ex secretario jurídico y puso medidas cautelares para la exministra por tener un hijo menor de edad. Duarte deberá presentarse dos veces por semana ante los juzgados, tiene prohibido salir del país y deberá llevar un grillete electrónico. Además, la jueza del caso ordenó la congelación de cuentas por 3,5 millones de dólares para Mera y de 2,5 millones de dólares para la exministra.

A juzgar por las imágenes, la detención de la mañana pilló a ambos por sorpresa. Mera iba vestido con prendas deportivas y fue capturado mientras paseaba a su perro en su vecindario. Y Duarte, con ropa de calle, fue localizada en un barrio residencial. Ambos, según la Fiscalía, enfrentan una investigación por un presunto delito de concusión que, de acuerdo al Código Penal ecuatoriano, castiga con penas de tres a cinco años de cárcel a los funcionarios públicos que aprovechen su posición de poder para ordenar o exigir pagos o gratificaciones indebidas.

En el escueto comunicado fiscal inicial, se indicaba que la detención era parte de una nueva investigación “diferente a la denominada Arroz Verde”, en referencia a la última revelación periodística del medio digital ecuatoriano Mil Hojas sobre presuntos aportes ilegales registrados a finales de noviembre de 2013 e inicios de 2014 que, presuntamente, iban dirigidos a la campaña electoral municipal de 2014 de Alianza PAIS, el partido con el que gobernó Rafael Correa desde 2007 a 2017. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como prueba un cuaderno de 38 páginas que revela una trama de pagos ilegales a altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa -Mera y Duarte, entre ellos- por parte de grandes multinacionales. El cuaderno fue localizado en uno de los allanamientos realizados esta semana por el mismo caso Arroz Verde.

Esas contribuciones económicas, según la documentación publicada y la Fiscalía, procedían de grandes empresas como la constructora brasileña Odebrecht, la china Sinohydro o la ecuatoriana Telconet, que fueron beneficiarias en la última década de millonarios contratos con el Estado y están también involucradas en sendas investigaciones judiciales.

La exasesora presidencial de Correa, una de las primeras detenidas en la investigación que ya está colaborando con las autoridades, aseguró al rendir versión que el propio Correa le había pedido que llevara un registro de los gastos y pagos de la campaña de Alianza PAIS. Esa contabilidad es la que está anotada a mano en el cuaderno, en donde además, aparecen mencionados el expresidente Correa bajo las siglas de SP (Señor Presidente) y su número dos, el exvicepresidente Jorge Glas, como VP.

La misma funcionaria declaró que, tras una visita de Alexis Mera en la que pedía dinero para unos “pagos urgentes”, Correa le sugirió a ella que hablara del tema con Glas. Unos días después, según su versión, llegaron varios sobres con dinero en efectivo de parte del exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, Geraldo de Sousa.

Según la tesis fiscal, los funcionarios abusaron de su posición para exigir este tipo de contribuciones a cambio de contratos con el Estado y, en el caso de Odebrecht, para poder regresar al país, después de que la constructora brasileña fuese expulsada en 2008 por incumplimientos contractuales. El ilícito se prolongó, de acuerdo a la Fiscalía, desde 2012 a 2016 y, como muestra, se presentaron 10 elementos de convicción para cada uno de los dos detenidos.

El abogado de la exministra, Antonio Gagliardo, cuestionó en declaraciones al diario local El Comercio que hubiera argumentos para detener a Duarte. "No se tiene ningún argumento, bajo qué circunstancia, cuáles son las pruebas. No hay nada, absolutamente", reclamó antes de celebrarse la audiencia de formulación de cargos. Por su parte, Mera dijo ante la jueza de la Corte Nacional que no había razón para la detención por la fuerza. “No me he fugado del país. Soy la persona más investigada de este país. Es una persecución política. No era necesario que me hagan venir con la fuerza”, reprochó antes de ofrecer una caución hipotecaria sobre sus inmuebles para evitar la prisión preventiva. Su propuesta no fue aceptada.

El nombre de Alexis Mera ya había trascendido previamente en el proceso judicial de Odebrecht que llevó al exvicepresidente Jorge Glas a prisión en 2017, con una condena de seis años por asociación ilícita. En la colaboración premiada de Luiz Mameri, el exvicepresidente para América Latina de la constructora brasileña declaró haber autorizado pagos por 4,8 millones de dólares a favor del responsable jurídico del Gobierno ecuatoriano anterior. Mera siempre lo ha negado, pese a que Mameri y el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição, presentaron ante las autoridades brasileñas los depósitos de dinero realizados a través de empresas pantalla en Bahamas.

 

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