Unas elecciones con cientos de millones para comprar votos

El 8 de abril, la policía de Thane, suburbio al norte de Bombay, confiscó 4.758 euros en metálico destinados a la compra de votos. El cámara que grababa la operación, los agentes y el funcionario que requisaron el dinero formaban parte de uno de los flying squads, o equipos especiales desplegados para el proceso electoral que ha tenido lugar durante las últimas seis semanas en la India, y cuyos resultados se conocerán este jueves. Comicios en los que ha participado un octavo de la población mundial y donde la opacidad y la corrupción política no tienen parangón.

“Trafican con todo: dinero en metálico, alcohol, bisutería...”, cuenta a EL PAÍS Vinod Khirolkar, adjunto de la mesa electoral de la asamblea constituyente número 161 del distrito de Kandivali, al norte de Bombay. “No seguimos un patrón para los registros. La policía intercepta vehículos en varias localizaciones. Si un candidato no justifica el origen de los bienes que transporta, se le incautan. Las penas pueden ser multas, prisión o ambas cosas”, explica el también responsable de controlar las confiscaciones en ese área, donde no se ha registrado uso ilícito de dinero o bienes en estos comicios, aunque sí ha habido denuncias ciudadanas sobre el incumplimiento de la ley electoral.

Además de los flying squads, la Comisión Electoral india también ha dispuesto una aplicación móvil para que ciudadanos puedan informar de cualquier violación del código de conducta —incluyendo, junto a sobornos, también discursos de incitación al odio o la pegada de carteles no autorizados—. La aplicación, cVIGIL, permite etiquetar fotos y vídeos de las infracciones y geolocalizarlos, obligando a que la comisaría más cercana actúe en menos de 100 minutos. Si no hay una respuesta en ese tiempo, pueden enfrentarse a una sanción administrativa. 

Solo en marzo, se registraron 400 denuncias a través de esa app en Maharashtra, Estado cuya capital es Bombay. Las incautaciones  en todo el país durante ese mes alcanzaron los 186 millones de euros (43,4 en metálico, 18,3 en alcohol, 88 en contrabando, 32,5 en metales preciosos y 3,5 en otros bienes). Y subieron a 444,7 millones durante todo el proceso electoral, según la web oficial de los comicios.

Solo la punta del iceberg en lo que se considera la cita electoral más cara de la historia, cuyo coste se calcula en unos 6.400 millones de euros, según el Centro de Estudios de Medios de Delhi. Una cantidad superior a la invertida en las elecciones presidenciales y al congreso de EE UU, según OpenSecrets.org, a pesar de que la economía india es un sexto de la estadounidense.

Corrupción y opacidad

En los últimos años, el Gobierno indio ha querido poner límites a las aportaciones de dinero a los partidos y ha creado bonos bancarios especiales para donaciones políticas. Pero la incautación de dinero ilegal ha aumentado en más de un 23% respecto a las últimas generales y los bonos electorales han eliminado las donaciones en metálico a expensas de la transparencia; ya que ahora las empresas pueden financiar sin límites y sin necesidad de que las partes lo declararen.

“Estos cambios favorecen el anonimato y a los grandes partidos”, explica por teléfono desde Estados Unidos, el experto indio en economía política, Milan Vaishnav. “La ley de contribuciones extranjeras, por ejemplo, prohibía esas donaciones a partidos y candidatos. Como el Supremo declaró al Partido del Congreso y al BJP [principales formaciones] culpables de haberlas recibido, ambos cambiaron la definición legal de empresa extranjera para saltarse la sentencia”, dice el también director de Cairnage para la Paz Internacional (CEIP).

Más información

El japonés que tiene la solución para barrer el espacio El japonés que tiene la solución para barrer el espacio

Una ‘influencer’ polaca daña una estatua de 200 años para ganar seguidores en Instagram

Evacúan la Torre Eiffel por la presencia de un hombre escalando el monumento

De los 162 millones de euros en donaciones declarados por las seis principales formaciones nacionales indias entre 2017 y 2018, el 97% correspondía solo a los dos grandes partidos: el gobernante BJP y su opositor el Partido del Congreso. Y en ambos casos, más del 50% de estas contribuciones no tienen procedencia conocida. 

Durante años, CEIP ha estudiado el apoyo del sector inmobiliario a partidos a cambio de prebendas con respecto a leyes del suelo; necesidad primaria en construcción y controladas por Gobiernos. El laboratorio de ideas concluye que los bollygarcas de la construcción financian gran parte de las campañas electorales. Su tesis analiza el gasto en cemento —principal activo del sector— durante los comicios regionales en 15 años, demostrando que las campañas coinciden con un significativo descenso del 12% del consumo de cemento.

Pero no solo las empresas privadas pagan los costes de los comicios en India, donde el número de candidatos autofinanciados crece. Según datos de la Asociación para las Reformas Democráticas (ADR), el porcentaje de parlamentarios cuyos bienes declarados suman más de 127.000 euros pasó del 30% al 82% en la última década.

“Esto no es bueno para la democracia, pero los partidos aquí usan todos los medios para ganar”, dice Anil Verma, director de ADR. De los 21.000 candidatos de las tres últimas elecciones generales, el 20% de los más ricos tenía 20 veces más oportunidades de ganar que el 20% de los menos adinerados. Lo que cuestiona las bases de la democracia más grande y desigual del planeta. Si más ricos llegan a cargos públicos, menos tendrán en común con aquellos a quienes representan. Peor aún, esos cargos pueden entender su gestión como una vía para recuperar los costes de sus carreras electorales, lo cual les puede llevar a dejarse tentar por la corrupción.

“Estadísticamente, está probado que millonarios e imputados tienen más oportunidades de ganar elecciones [en la India]. Por eso, los partidos tienen un tercio de sus candidatos con mucho dinero o con acusaciones criminales”, explica Verma. El último informe de ADR, basado en el análisis de las declaraciones juradas de casi todos los candidatos que concurrieron en las presentes elecciones, encontró que el 19% estaba acusado de algún delito. Al final, concluye Verma, “como se suele decir: quien rompe la ley se convierte en el que hace la ley”.