Casi 70 diputados venezolanos han sido víctimas de persecución

Con la anulación de la inmunidad parlamentaria a varios diputados de la Asamblea Nacional, hecha en grupo y casi de forma exprés, la lista de parlamentarios que han sido víctimas de persecución política subió a 67. El conteo lo lleva la diputada Delsa Solórzano, de la comisión de Política Interior del Parlamento.

Desde el sistema de justicia, el régimen de Maduro ha bloqueado sistemáticamente a la Asamblea Nacional, donde la oposición logró mayoría en 2015. Pero con eso no ha bastado. El desmembramiento del Parlamento, la principal fuerza política contra el chavismo, se ha hecho escaño a escaño. Esos 67 diputados, de los que hay registrados ataques de todo tipo, representan el 60% de la bancada opositora de 112 legisladores.

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“Cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia. Todo esto ocurre en un contexto donde no hay Estado de derecho”, dice Solórzano al recordar las agresiones.

A Henry Ramos Allup, Luis Florido, Americo de Grazia, Mariela Magallanes, Édgar Zambrano, Simón Calzadilla y Richard Blanco el Supremo les revocó la inmunidad el martes por la mañana acusados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes. La anulación se produjo en el marco de la rebelión frustrada que inició Juan Guaidó el 30 de abril pasado como parte su ruta hacia la transición política. Horas después de la decisión de la corte, Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó la supresión del beneficio de inmunidad. Y este miércoles, el propio Zambrano ha sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

De esta manera, la justicia de Maduro evadió la apertura de un antejuicio de mérito, que es lo que correspondería en casos así y delegó la decisión en el parlamento paralelo que convocó Maduro en 2017, conformado en unos comicios sospechosos de fraude y que no contaron con el reconocimiento de la comunidad internacional. Este miércoles se sumó a la lista de acusados a Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía. Con ellos son nueve los diputados sobre los que pesa una amenaza de juicio y encarcelamiento, como también recae sobre el propio Guaidó, a quien solo le acusan de haber violado la prohibición de salida del país que le dictó el Supremo en febrero.

Presos, exiliados y desaparecidos

Julio Borges, Gaby Arellano, José Manuel Olivares, Rosmit Mantilla, Dinorah Figuera, Sonia Medina, Ismael García, Germán Ferrer y Adriana D’Elía son algunos de los diputados que están en el exilio. A ellos se suman Freddy Guevara, refugiado en la Embajada de Chile y los del llamado chavismo disidente, que abandonaron la bancada de 55 legisladores que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela y que desde el primer año de la legislatura dejaron de asistir a las sesiones parlamentarias.

Otro caso emblemático ha sido el del diputado Gilber Caro, que fue detenido por agentes del servicio de inteligencia el 27 de abril en Caracas, en un hecho que constituyó una desaparición forzada, según denunció la semana pasada Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

“Él estuvo un año y unos meses preso, luego fue seleccionado para recibir las medidas de liberación que dieron en la Casa Amarilla [sede de la Cancillería venezolana] en junio de 2018 y obtuvo una cautelar de presentación cada mes que cumplió hasta que se lo llevaron. Diez días después de desconocer su paradero nos notificaron que la medida cautelar había sido revocada. Ya es una política de este Estado aprehender y desaparecer a las personas, ocultarlos a los familiares y abogados y presentarlos en tribunales sin defensa”, señala Theresly Malavé, una de las abogadas del parlamentario. Se trata del primero que ha vuelto a prisión de los que obtuvo estos beneficios otorgados por la Comisión de la Verdad, integrada solo por funcionarios de Maduro.

Renzo Prieto y Gilberto Sojo eran presos políticos cuando fueron electos en 2015 y la libertad que les correspondía solo se concretó tres años después, junto con Caro, dentro del grupo de beneficios que concedió el régimen de Maduro para paliar la crisis política que dejaron los comicios adelantados e irregulares del 20 de mayo pasado, en los que Maduro se reeligió para un segundo mandato, sin reconocimiento de la comunidad internacional.

Caro no es el único diputado preso. Juan Requesens está en la cárcel del Helicoide desde agosto pasado acusado de haber estado involucrado en el atentado fallido contra Maduro en un acto militar en Caracas. Nueve meses después, la audiencia preliminar de su proceso se ha suspendido en tres ocasiones.