Los Papeles de Panamá, ausentes en la campaña electoral: “Ya nadie habla del tema; no da votos”

El 3 de abril de 2016, Panamá amaneció en boca de medio mundo. La filtración de miles de documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca ponía al país centroamericano como base desde la que la firma legal creaba sociedades offshore para que diversas personalidades mundiales esquivaran el pago de impuestos o, cuando menos, redujeran el monto total de su factura fiscal con triangulaciones en el extranjero. Han pasado tres años desde el escándalo, que forzó a terceros países —Malta— a anticipar sus elecciones en 2017 y que salpicó a políticos y funcionarios de alto nivel —140 a lo largo y ancho del globo, entre ellos 12 jefes o exjefes de Estado y de Gobierno—, empresarios, deportistas, personas del mundo del espectáculo, pero en Panamá, que este domingo celebra sus primeras elecciones desde el escándalo, parece que hubiese transcurrido mucho más tiempo desde entonces: apenas queda rastro del asunto en el debate político nacional.

Nadie que no tuviese conocimiento de la investigación que sacudió los cimientos offshore advertiría que hace solo tres años Panamá estuvo en el foco global por los tejemanejes del citado despacho legal: la campaña recién concluida no ha tratado en ningún momento la investigación periodística y quedará en las hemerotecas como aquella en la que se habló mucho de corrupción, en genérico, pero nada de los Papeles de Panamá y poco del caso Odebrecht —la mayor trama corrupta de la historia de América Latina— y que cuyos tentáculos también se posaron sobre el país centroamericano.

“En la campaña electoral”, confirma el politólogo panameño Harry Brown, “el tema simplemente no ha estado presente: es como si nada hubiera pasado”. “Ninguno de los candidatos”, carga Orlando Pérez, vicedecano de la Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Millersville y muy vinculado con el país centroamericano, “quiere realmente a poner en peligro la gallina de los huevos de oro: la estructura que llevó a los Papeles de Panamá. Ninguno va a cambiar el sistema de inversiones y dinero que viene y va”.

Al no estar en el debate del día a día, además, los Papeles de Panamá no se han percibido por los políticos como “un asunto que genere votos”, subraya Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Además, dice, se ha simplificado como un ataque externo, “con una visión muy nacionalista. Es un tema que debería discutirse en campaña, pero también de forma permanente. Al no hacerlo, lo que ocurre es que las normas que se han aprobado [para que Panamá deje de ser considerado internacionalmente como un centro offshore] han sido reactivas y por presión externa, no por convencimiento propio”.

El caso, como recuerdan las crónicas de aquellos días, desató un vendaval de críticas internacionales. “Pero se fue muy injusto”, matiza Rita Vásquez, directora de La Prensa, el único periódico panameño que participó en la investigación del caso y coautora de Sociedades peligrosas: la historia detrás de los Panama Papers. “El país no ha parado de hacer cambios”, valora verbalizando la opinión más extendida entre buena parte de la ciudadanía: que se trata de un problema que va mucho más allá de Panamá. “Aquí el modelo offshore está agotado. Ahora está en Delaware, Nevada o Guernsey: siempre va a haber alguien que siga haciéndolo”.

Antes de que la investigación periodística viese la luz, Panamá ya era conocido en el resto del mundo como un potente imán para el capital extranjero gracias a las jugosas ventajas fiscales para las compañías que se instalan en su territorio: el régimen especial para multinacionales exonera a las empresas que fijan su sede regional aquí, por ejemplo, del pago de impuestos por beneficios logrados en el extranjero y de cualquier tipo de gravamen sobre los dividendos. Pero ver el nombre de su país, en el que los abogados siguen siendo legión, abriendo los noticiarios de medio mundo desató una tormenta interna tan fuerte como pasajera sobre la forma como Panamá era percibida fuera. Pocos meses después de la filtración, el 91% de los panameños consideraba que la imagen de su país se había visto afectada, según una encuesta de Dichter & Neira.

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“Los Panama Papers”, esboza Jon Subinas, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), “fueron una bomba de mucha profundidad que, aunque no han entrado en esta campaña, sí fueron un sismo tal que sigue condicionando el debate y ha ayudado al auge de los independientes y al discurso anticorrupción”. La preocupación por la falta de transparencia y el uso indebido de los fondos públicos, la desconfianza hacia las estructuras políticas tradicionales y el surgimiento de candidatos ajenos a los grandes partidos —tres de los siete que estarán en liza en los comicios de este domingo— son una de las grandes novedades de la campaña recién concluida. Pero cuando se habla de corrupción o blanqueo, la tendencia ha sido a hacerlo en genérico, sin referirse a casos concretos. Además, dice Vásquez, “los panameños sienten que tienen muchas cosas más importantes de las que preocuparse: corrupción, transparencia, desigualdad, educación o salud… A la gente que vive con un dólar diario no le importa nada los Panama Papers”, una opinión en la que coincide Olga de Obaldía, de Obaldía, directora de Transparencia Internacional en Panamá.

El Gobierno saliente, presidido por Juan Carlos Varela, ha insistido recurrentemente en los esfuerzos realizados en los últimos años —fundamentalmente, desde y por la publicación de los Panama Papers— para tratar de borrar el nombre de Panamá de las listas internacionales —negras o grises— de paraísos fiscales. El cambio más destacable es la reciente aprobación de una ley que eleva, por vez primera, la evasión fiscal a la categoría de delito penal. Tuvieron que pasar 33 meses desde la publicación de los famosos papeles. También se han endurecido los requisitos para abrir una cuenta bancaria, un trámite que ahora es mucho más lento en Panamá que en Estados Unidos, por ejemplo. “En la parte técnica y de marco legal”, completa Francisco Bustamante, exintendente panameño de Supervisión y Regulación, “se han adoptado las demandas de OCDE y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.

Las modificaciones introducidas han ayudado al país centroamericano a salir —al menos parcialmente— del radar de los principales entes supranacionales que elaboran los citados listados de paraísos fiscales. Pero, como critica Obaldía, “sigue habiendo una falta de implementación de los mecanismos aprobados que todavía favorecen el blanqueo, especialmente en el sector inmobiliario. Y, sobre todo, los casos vinculados a los Panama Papers que llegaron a la justicia panameña han dormido en un sueño eterno: están en procesamiento, pero como en el caso Odebrecht, no hay condenas en firme”. “El principal problema en Panamá no está tanto en la legislación, sino en la aplicación de la misma”, cierra Anette Planells, directora de Movin, un movimiento ciudadano anticorrupción, “hasta que la justicia no funcione de verdad y supere la severa crisis en la que está inmersa, Panamá seguirá figurando en este tipo de escándalos”.